Tras la polémica generada ayer por el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto que levantaba el secreto de 50 años para los antecedentes de la Comisión Valech -al no alcanzar el quórum de 60 votos-, un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado Hugo Gutiérrez, presentó una moción que busca que dichos antecedentes sean conocidos por los Tribunales de Justicia, algo que hoy está impedido.

El proyecto fue presentado por el miembro de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, diputado Hugo Gutiérrez, acompañado por los diputados Guillermo Teillier (PC), Lautaro Carmona (PC), Daniel Núñez (PC), Sergio Aguiló (IC), Leonardo Soto (PS), Tucapel Jiménez (PPD), Rodrigo González (PPD) y Gabriel Boric (IND).

En ese contexto, el diputado Gutiérrez sostuvo que el proyecto se presenta “debido a la conmoción que causó ayer el rechazo a un proyecto  de ley que buscaba dejar sin efecto un secreto por 50 años que impedía incluso a cualquier persona, autoridad o magistratura, acceder a  los antecedentes de la comisión Valech (…) y para no quedar como Cámara de Diputados al margen del derecho internacional sobre Derechos Humanos que obliga a que siempre haya acceso de los Tribunales de Justicia a este tipo de información”.

El representante por la región de Tarapacá sostuvo que  el nuevo proyecto permite en toda circunstancia que los Tribunales de Justicia “accedan a la información reunida por la Comisión Valech 1 y así pueda indagar sobre los antecedentes que existen sobre torturadores entregado por las víctimas. Queremos restablecer un principio fundamental en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos”.

El diputado PS Leonardo Soto señaló al respecto que “creemos que esta es una ley muy necesaria para nuestro país. Nuestra justicia y la opinión pública necesitan conocer todos los antecedentes que están bajo el resguardo de la ley Valech. Ahí, hay numerosos testimonios de delitos de lesa humanidad, delitos de los más graves que se puedan cometer en el mundo y que están bajo 7 llaves”.

El legislador PS añadió que “nada justifica -dentro de la evolución que ha tenido nuestra sociedad democrática-, que se mantenga ese secreto y creo que como sociedad nos hace bien enfrentar la realidad de la tortura que hubo en Chile y sobretodo, abrir los procesos judiciales necesarios para poder investigar. Ahí están los antecedentes, los testimonios y las pruebas que inculpan a numerosos torturadores y es necesario que esos antecedentes al menos estén en manos de la justicia”.

Finalmente, el diputado PPD Tucapel Jiménez lamentó que el proyecto rechazado ayer “no se haya entendido por diputados de nuestra coalición. En caso de rechazarse este nuevo proyecto, no le permitiría ni siquiera a los Tribunales de Justicia el conocer estos antecedentes, y eso si que sería definitivamente defender a los torturadores y no habría ninguna excusa para rechazarlo”.

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¡Ideas que Sirven!

Frente al eventual caso de colusión que involucraría a las AFP’s en la compra de acciones de Falabella, el diputado del PC, Daniel Núñez, aseguró que la sospecha es razonable en un industria tan cerrada y anunció que la Bancada del PC-IC evalúa conformar una comisión investigadora sobre el caso.

“A mí me parece absolutamente valido y posible de que nosotros veamos y evaluemos la posibilidad de que haya algún tipo de colusión en el marco de las AFP’s. Todos sabemos que la concentración económica favorece la colusión. Es muy fácil coludirse en un mercado en que hay dos, tres o cuatro empresas que son dueñas de ese mercado. Eso pasó en el sector forestal en el caso del papel confort y, por supuesto, que pasa en el caso de las AFP’s donde también tenemos una alta concentración. Sospechas de colusión creo que son totalmente fundadas y lo que amerita es hacer un estudio profundo”, enfatizó.

El parlamentario cree que podría configurarse las condiciones para la colusión, dado los antecedentes en Chile sobre casos similares, como el caso Chispas o Cascadas.

“Podría constituir un caso de colusión, porque hemos tenido escándalos muy connotados, como el caso Chispas, el caso Cascadas que involucró a Julio Ponce Lerou, que son casos de delitos económicos graves. En este caso, si es que efectivamente hay sospechas de que las AFP’s se pusieron de acuerdo para comprar acciones, a mí me parece que es algo que, evidentemente, es un delito económico”, destacó.

El diputado por la Región de Coquimbo espera que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tome cartas en el asunto y analice las denuncias.

“Ojala que en esto la Fiscalía Nacional Económica tenga la misma rigurosidad, la misma prolijidad que ha tenido en otros casos y que se investigue, que se pueda aclarar estas dudas sobre posibles colusiones, que es una duda razonable”, advirtió.

El exfiscal Pedro Orthusteguy afirmó que el Ministerio Público analiza una posible colusión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ya que se habrían concertado para el remate accionario de Falabella.

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó las conclusiones de la comisión investigadora del Papel Confort, que fue presidida por el diputado Núñez, por 61 votos a favor, 1 en contra y 24 abstenciones.

El parlamentario aseguró que el decreto de reforestación 701 contribuyó a favorecer la concentración de la industria y lamentó que CMPC dilate el proceso de compensación económica a los millones de chilenos que fueron afectados por 10 años.

1.- Las fuerzas derechistas y antidemocráticas en Brasil lograron, mediante un fraude judicial e imposiciones legislativas arbitrarias, propinar un duro golpe a la democracia en Brasil. Como dijo la Presidenta Dilma Rousseff, la asonada conservadora no es esencialmente contra ella, sino contra la democracia brasilera y contra la voluntad mayoritaria del pueblo brasilero.

2.- Con una mayoría parcial de senadores de derecha y otros que traicionaron el proceso progresista en Brasil, el Senado ordenó la destitución de la jefa de Estado brasilera, en un contexto marcado por irregularidades y situaciones anómalas, como que casi el 60% de parlamentarios de ese país está involucrado e investigado en casos de corrupción y diversidad de delitos. Se consumó en Brasil el golpe a la democracia que echó abajo un Gobierno legítimo, democráticamente elegido, y dio paso a una administración impuesta, autoritaria y que no cuenta con el aval de un proceso electoral ciudadano.

3.- En distintas exposiciones y argumentaciones, se demostró que Dilma Rousseff no cometió delito alguno, ni ejecutó actos de corrupción, ni cayó en enriquecimiento ilícito. Cuando mucho, en su Gobierno se pudieron cometer algunos errores o fallas administrativas que, por lo demás, no son inéditos en el sector público de Brasil y otros países. Sin embargo, una mayoría ocasional en el Parlamento brasilero, armó un verdadero fraude judicial y procedió a dar un golpe de Estado aparentemente legal, con el objetivo de destituir a la Presidenta, primero, y luego echar abajo todo un proyecto democrático y de beneficios sociales en Brasil.

4.- Tal como lo han afirmado distintas personalidades latinoamericanas y fuerzas políticas y sociales de América Latina y el mundo, en el caso de Brasil se repite un formato de operación de poderes económicos, políticos, comunicacionales y de derecha, que buscan derrocar a gobiernos progresistas y de izquierda con operaciones autoritarias y golpistas. Ello ya ocurrió en Honduras y en Paraguay, hoy ocurre en Brasil, y lo están intentando concretar en Venezuela, Bolivia, Ecuador y El Salvador. Está en marcha una escalada golpista disfrazada de legal a nivel de la región.

5.- Este golpe de la Derecha brasileña se enmarca dentro de la ofensiva imperialista en nuestro continente contra todos los movimientos progresistas, intentando retrotraer no sólo las conquistas económicas y sociales en favor del pueblo brasileño, impulsadas por los gobiernos de Lula y Dilma, sino también las iniciativas que contribuyen a la integración latinoamericana, tales como el ALBA – TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos), CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).

6.- El Partido Comunista de Chile hace llegar todo su apoyo al pueblo brasileño, llama a la defensa de la democracia en Brasil y condena la instalación de un gobierno de facto y golpista. Entrega su solidaridad a la Presidenta Dilma Rousseff y a las fuerzas democráticas y progresistas de ese país en su lucha por la defensa de la democracia. Los comunistas chilenos se suman al centenar de declaraciones, reacciones y posicionamientos de gobiernos, fuerzas políticas, organizaciones sociales y parlamentarias de toda América Latina que condenan este golpe artero al sistema democrático brasilero, orquestado y materializado por la derecha de ese país junto a otros sectores conservadores y que abandonaron la causa progresista y democrática.

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

Este miércoles 31 de agosto, la Cámara de Diputados debatió en torno a la moción presentada por el diputado Hugo Gutiérrez que buscaba levantar el secreto de 50 años que prima sobre los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech), la que fue rechazada por 57 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones.

En ese contexto, el diputado Gutiérrez sostuvo que el rechazo a la iniciativa, que necesitaba 60 votos favorables, compromete la responsabilidad el Estado de Chile ante la comunidad internacional, “porque las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos es muy categórica: siempre facilitar del acceso a la justicia. Así es como hace unos días atrás, la Corte Suprema de El Salvador anuló la ley que declaraba la amnistía de los delitos de lesa humanidad, amparándose en que existe el deber de Estado de acceso a la justicia”.

Gutiérrez fue categórico en señalar que “lo que se está haciendo hoy es impedir que todas esas denuncias que se hicieron ante la Comisión Valech vayan a ser conocidas por los tribunales para que se investigue un delito tan atroz como la tortura. Con esta votación de la Cámara de Diputados, se está poniendo al margen del derecho internacional y del sistema internacional de protección a los derechos humanos”.

Finalmente, el representante por la región de Tarapacá, aseveró que “lo vergonzoso es que ayer conmemoramos el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos y al día siguiente, esta Cámara de Diputados se manifiesta en contra de permitir que se investiguen crímenes tan horrorosos como la tortura en Chile. Yo entiendo que eso lo haya hecho la UDI y RN, lo que me parece incomprensible es que militantes del partido socialistas y del PPD hayan hecho lo mismo”.