El Partido Comunista mantiene en alto su disposición a llegar a acuerdo para generar una nueva Constitución para Chile. Pero ese acuerdo debe considerar formas de representación y participación ciudadana democráticas en su redacción. La elección de un órgano constituyente electo mediante elecciones populares, que represente la diversidad del país y sus habitantes; perfeccionando las normas que dieron origen a la Convención, es la mejor alternativa.
De concretarse una fórmula como la propuesta por algunos sectores, de un órgano de 50 personas nombradas por el Congreso, es evidente que siempre estará presente la discusión respecto a su legitimidad, aunque se haga plebiscito de salida.
Por otra parte, el triunfo del rechazo a la propuesta de nuevo texto constitucional no termina con el escenario de crisis política, social y económica que enfrenta el país y que evidencia la obsolescencia del texto constitucional impuesto durante la dictadura. Por el contrario, ésta se ha acentuado y se instala un cuadro de incertidumbre que las fuerzas políticas deben conjuntamente cooperar a resolver sin titubeos. Demandando genuinos y consistentes esfuerzos democráticos para cumplir con la palabra empeñada con el pueblo de Chile.
En este sentido, iniciar un nuevo proceso constitucional, que se sostenga en un estándar democrático y soberano, es decir, con representantes 100% electos para el nuevo órgano constitucional, es una condición básica para un debate que consolide en una nueva propuesta constitucional los anhelos de cambio de la ciudadanía.
Se debe avanzar a definir un marco de contenidos esenciales que sustenten un nuevo texto constitucional, que refrende las ansias de bienestar y la superación de la calidad de vida.
Así como Chile requiere abordar con urgencia déficits sociales de larga data que postergan las condiciones de vida de grandes sectores de la población, repercutiendo en una sociedad estratificada donde unos pocos gozan de mucho y muchos de muy poco. También, se requiere que estas urgencias sociales puedan ser abordadas en una transformación democrática del país, dotando a Chile de una nueva Constitución, que inicie una nueva trayectoria social.
Las personas esperan que su trabajo y esfuerzos de vida les asegure precisamente una vida digna y segura, no deudas leoninas ni abusos empresariales e institucionales. Las transformaciones constitucionales son indispensables para resolver las urgencias sociales. Por ello, es clave que el nuevo texto constitucional se oriente a la superación del Estado Subsidiario y la creación de un efectivo Estado Social y Democrático de Derecho, instalando un genuino Estado de bienestar, compartido para todos y todas, tras el objetivo del desarrollo creciente del país. Esta es la principal garantía para el reconocimiento de derechos, protección, libertades para todas las chilenas y chilenos.
Un nuevo Estado Democrático y Social de Derechos para poner fin a los abusos, que permita dotar al país de un sistema político eficaz y orientado a las urgencias sociales, en tiempos razonables. Instalando mecanismos de democracia directa y semidirecta, y de descentralización del poder, que hagan posible los derechos económicos y sociales demandados en todas las comunas del país.
Finalmente, en línea con lo anterior, la nueva propuesta constitucional debe abordar la crisis climática global y establecer lineamientos de desarrollo económicamente equitativos, socialmente aceptados y medioambientalmente sustentables, poniendo al centro el trabajo digno y justo como basamento para un nuevo modelo de desarrollo.
Los acuerdos alcanzados hasta hoy respecto de los principios constitucionales crean condiciones para ello, como base y punto de partida para la discusión en un órgano cien por ciento electo, para su legitimación ciudadana.
Partido Comunista de Chile
Santiago, noviembre de 2022
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