[Declaración pública] A 47 años del golpe de Estado cívico-militar, instigado por el imperialismo norteamericano y las fuerzas civiles y militares más reaccionarias del país, que terminó con el sistema democrático en nuestro país y abrió un largo periodo de autoritarismo, violencia y abusos contra el pueblo de Chile.
Imponiendo el terrorismo de Estado, con detenidas y detenidos desaparecidos, con ejecutados y ejecutadas políticas, con torturados y torturadas brutalmente, con prisioneros y prisioneras políticas, con miles de personas relegadas y expulsadas de nuestro país; con la imposición de pobreza y miseria para el pueblo de Chile que asentó el predominio de los clanes económicos y las trasnacionales y la instalación a sangre y fuego de una Constitución completamente ilegítima el Partido Comunista reafirma su irrestricto compromiso con la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos.
Desde el 11 de septiembre de 1973, durante 17 largos años, cientos de miles de mujeres y hombres, con distintas convicciones ideológicas y políticas, arriesgaron sus vidas para terminar con el genocidio desplegado por la dictadura cívico-militar para detener los justos reclamos del pueblo. Hoy debemos rendir homenaje a quienes cayeron en esa tarea y también a quienes sobrevivieron y continuaron impulsando estos principios, exigiendo fin a la impunidad, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
A través de la lucha más decidida, el pueblo logró poner fin a la dictadura. Sin embargo, la nueva institucionalidad pactada, expresión de una transición excluyente, sesgada, contraria a la deliberación popular y con alta influencia del imperialismo norteamericano, no cumplió con los anhelos y expectativas de terminar con el sistema económico social que se había impuesto a sangre y fuego y que negaba a las grandes mayorías los derechos esenciales para desarrollar sus vidas.
La ausencia de castigo para los violadores de derechos humanos ha impedido crear una cultura de respeto a los derechos humanos, que debería impregnar a toda la sociedad y formar parte de los valores básicos en que educamos a las nuevas generaciones. Teniendo presente que el poder judicial desoyó permanentemente las exigencias de verdad, justica y castigo, sólo recién a partir del arresto de Pinochet en Londres, en 1998, se experimentó ciertos avances en materia de juzgamiento de los violadores de derechos humanos. Poco antes, un grupo integrado por familiares de las víctimas y abogados/as, encabezado por nuestra compañera Gladys Marín, presentó la primera querella directa contra el dictador por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su dictadura.
En octubre de 2019, el pueblo se levantó para exigir sus derechos. El gobierno de derecha ahogó estas demandas mediante un proceso de violación masiva y sistemática de los derechos humanos, que ha dejado una triste secuela de presos, torturados, lesionados e incluso muertos.
Una vez más, la represión fue protagonizada por las Fuerzas Armadas y Carabineros, tal como ha venido ocurriendo en forma recurrente desde la policía hacia los comuneros mapuche en La Araucanía. Es imposible conseguir el pleno respeto a los derechos humanos si los cuerpos armados no asumen una doctrina acorde con ellos. Es urgente introducir las modificaciones necesarias para contar con instituciones que cumplan las funciones de protección de la población y no de represión, aplicando en forma estricta las normas y los protocolos de respeto a los derechos de todas las personas y bajo el control de las autoridades civiles.
En este contexto, constituye un deber exigir verdad y justicia por las víctimas de la represión durante el estallido social, castigo para los culpables y la inmediata libertad para los presos políticos por defender los derechos del pueblo de Chile. Del mismo modo, el Estado ha de arbitrar todas las medidas destinadas a otorgar reparación a las víctimas y garantías de no repetición a la sociedad en su conjunto.
El modelo neoliberal es incompatible con los derechos humanos, porque los trata como si fueran mercancías. La salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la vivienda, la cultura, se convierten en simples oportunidades de lucro. La libertad prometida solo alcanza a los poderosos, mientras el pueblo carece de lo mínimo para desarrollarse. Desde octubre, el pueblo se ha mantenido en un estado de lucha permanente para transformar el Estado y la sociedad, para dejar atrás el modelo económico social del neoliberalismo, causante de tanto dolor, y para acabar con una institucionalidad elitista, en que las demandas populares se ignoran o sirven de excusa para abrir nuevas oportunidades de negocios. El pueblo ya no se dejará engañar ni permitirá que se comercie con sus vidas.
Los trabajadores y las trabajadoras del país siempre han impulsado los cambios más profundos, movidos por la búsqueda de una verdadera democracia, que se ponga al servicio del pueblo y sus derechos. La larga historia del movimiento popular en Chile y el mundo enseña que no basta con establecer reglas para que las autoridades sean electas: el nuevo proceso constituyente debe incorporar los derechos humanos como exigencias ineludibles de la vida en sociedad. El pueblo exige que la nueva carta fundamental consagre sus derechos civiles y políticos y también sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, estableciendo garantías que aseguren su cumplimiento.
Desde sus raíces, en la pampa salitrera, el Partido Comunista de Chile ha asumido el compromiso histórico de luchar por el socialismo, la justicia social y una verdadera democracia en el país. En ese camino, nos consideramos hermanos de los partidos y movimientos sociales que defienden las demandas populares y los derechos humanos. Hoy, reafirmamos nuestra vocación democrática y popular y llamamos a continuar en la lucha por una nueva sociedad. El 25 de octubre, a un año exacto de la mayor manifestación popular de que se tenga memoria, el pueblo expresará su soberanía en el plebiscito. Esa votación es el primer paso para terminar definitivamente con la constitución pinochetista y remplazarla por una ley fundamental que establezca un sistema político, económico y social verdaderamente democrático. El Partido Comunista estará allí, apoyando normas que, sobre la base de los derechos humanos, permitan construir un país en que la dignidad sea real para todos y todas.
A 47 años del golpe cívico-militar y 50 años de la Unidad Popular, reivindicamos el proyecto inconcluso que encabezó el Presidente Allende, las ideas en que se sustentó y sus logros en beneficio de las grandes mayorías. Reivindicamos el ejemplo de dignidad y ética del compañero Presidente en La Moneda.
Ad portas del plebiscito del 25 de octubre para reemplazar la Constitución Pinochetista y erradicar el neoliberalismo de nuestro país, las palabras del Presidente Allende “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor». resuenan hoy con más fuerza y visión preclara de las capacidades transformadoras del pueblo Chile.
En este 11 de septiembre, una vez más, decimos con fuerza: Honor y gloria a nuestros héroes y heroínas quienes dieron todo por la dignidad del pueblo.
Partido Comunista de Chile
11 de septiembre de 2020
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