Como Partido Comunista de Chile compartimos y saludamos los indultos anunciados, este viernes, por el Presidente Gabriel Boric, a quienes se les apresó en el contexto de la revuelta popular iniciada el 18 de octubre del 2019.

La liberación de quienes fueran condenados en procesos cuestionables y arbitrarios era un imperativo ético con el cual siempre nos comprometimos, en concordancia con el derecho a la protesta y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

La decisión del Presidente Boric no escapa a sus facultades como jefe de Estado, todo lo contrario, los indultos presidenciales son un recurso que han ocupado absolutamente todos los mandatarios chilenos desde el regreso a la democracia.

Por eso nos parece inaceptable la reacción de la derecha, sector que ha amenazado con abandonar la Mesa de Seguridad para combatir la delincuencia y el narcotráfico, desconociendo así su compromiso con la ciudadanía. Hubiese sido prudente una reacción de tal envergadura cuando el ex Presidente Sebastián Piñera indultó, nada menos, que a criminales de lesa humanidad.

El indulto a los presos de la revuelta y a Jorge Mateluna viene a reparar, en parte, una tremenda injusticia que viene desde una administración anterior. En ese sentido se comienza a sanar una herida que, de todas maneras, sigue viva en nuestro país.

Reiteramos el llamado a la derecha para que piense en la gente y no desconozca los acuerdos con los que se han comprometido.

Partido Comunista de Chile

Diciembre 30 de 2022

Ante las sistemáticas violaciones a los DDHH sin sanción y el uso abusivo de la prisión preventiva con una clara connotación política en contra de manifestantes de la revuelta, nos sumamos a quienes exigen al gobierno darle urgencia a la Ley de Indulto y reparación a las víctimas de violaciones a los DDHH. Refundar Chile requiere hacerlo sin tener en cárceles a prisioneras y prisioneros políticos. Tampoco podemos permitir que burlonamente se hagan “cambio de criterios” para identificar a menos víctimas de traumas oculares, nuevos criterios con los que el director del INDH, Sergio Micco, pretende ocultar los crímenes y asegurar impunidad a agentes del Estado.

Del mismo modo, como conglomerado Chile Digno, consideramos inaceptable lo sucedido el lunes 5 de julio, en el que no fue posible dar inicio a la primera sesión de la Convención Constitucional, debido a la inexistencia de condiciones mínimas sanitarias, técnicas y de transparencia con la ciudadanía, que aseguraran el correcto funcionamiento del órgano.

Apoyamos y respaldamos con profunda confianza a la mesa recién electa, en su decisión de suspender la sesión, ya que lo sucedido no sólo es muestra de una negligencia grave por parte del gobierno y los organismos responsables de asegurar las condiciones para el normal funcionamiento de la Convención Constitucional. Esto, más que desidia, demuestra un descarado boicot, lo que por supuesto es esperable de un gobierno que estuvo dispuesto a mutilar a su pueblo y a quienes marchamos, con tal de no llevar adelante las demandas sociales.

 Y al parecer, como no pueden acallar a las y los convencionales, reprimiéndolos y mutilándolos, como intentaron acallar de forma criminal al pueblo que salió a las calles y nos llevó a esta instancia, ahora pretenden silenciar a la Convención Constitucional, torpedeando su transparente y normal desempeño, impedir que su rol refundacional permita recuperar el poder soberano, en un verdadero espacio participativo y protagónico con el pueblo.

No dependeremos de nadie para hacer valer el poder soberano, frente a la intención deliberada por parte del gobierno y de la derecha, para dilatar y obstaculizar este proceso histórico. No permitiremos que acuerdos espúreos firmados a espaldas de la ciudadanía le salven la vida a la moribunda Constitución del dictador. Han ganado un día, nosotros ganaremos un futuro de dignidad para el pueblo de Chile. Para eso estamos aquí, y cumpliremos nuestro compromiso con quienes salieron a las calles y nos condujeron a este momento histórico.

 A lo anterior, se suma a una falta de respeto para los familiares de las presas y presos políticos de la revuelta, quienes esperaban poder presentar un informe sobre la situación de sus familiares, exponiendo lo que está ocurriendo en las cárceles de Chile, con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual no fue posible llevar a cabo. Pero volveremos con ellos para exigir que la Convención discuta un pronunciamiento sobre Ley de Indulto General y hasta que el mundo entero los escuche.

 Chile ha iniciado un proceso de refundación y corresponde hacerlo con plenas condiciones que una democracia debería cumplir, entre ellas el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y manifestación, así como a una vida libre de violencias.

El poder soberano radica en el pueblo, el poder constituyente es del pueblo y lo ejerce por medio de constituyentes libremente elegidos, a quienes daremos todo nuestro respaldo para llevar a cabo el mandato popular con el que han sido investidas e investidos.

Exigimos la renuncia del Ministro Juan José Ossa.

¡Ley de indulto ahora ya!

Declaración CHD

Las y los constituyentes del Partido Comunista de Chile, ante las violaciones de DDHH sin sanción y la prisión política de manifestantes de la Revuelta Social, se hacen el deber de expresar lo siguiente:
Las históricas movilizaciones que hemos vivido como país desde el pasado 18 de octubre de 2019, son la expresión más genuina e irrefutable del anhelo de los grandes cambios que hoy, con esperanza, comenzamos a concretar ad portas de la instalación de la Convención Constitucional que dará curso al proceso constituyente.

Miles de personas colmaron las calles de nuestro país haciendo uso del legítimo derecho a manifestarse, sin embargo, la lógica punitivista y criminalizadora del actual gobierno, ejerció una represión brutal y una violación sistemática a los derechos humanos a mano de las fuerzas represivas, bajo la orden de un presidente que le declaró la guerra al pueblo movilizado.

Las presas y presos políticos de la revuelta social son parte de esos cientos de miles que salieron a las calles en una clara oposición y lucha contra el modelo neoliberal, contra las injusticias, demandando una vida digna. Se ha exigido su justa liberación durante mucho tiempo. Sin embargo, ni el Ministerio Público, el poder judicial, ni el gobierno, han dado respuestas concretas para terminar con la aplicación de medidas desproporcionadas e infundadas.

En este camino, el rol del INDH ha sido clave para la persecución de las violaciones de derechos humanos, aunque desde hace un tiempo se ha vuelto errático. Su actual Director Nacional, Sergio Micco, ha relativizado la violación sistemática a los derechos humanos en Chile. Una de las últimas acciones protagonizadas por Micco fue el cambio de criterios para la identificación de víctimas de traumas oculares. Esto lo consideramos altamente peligroso por la señal de impunidad que proyecta. El momento histórico que estamos viviendo no puede estar permeado por la impunidad y la injusticia impuestas en dictadura y perpetuadas en esta democracia tutelada. Ante ello, como Constituyentes manifestamos lo siguiente:

• Condenamos la injusta prisión y exigimos la puesta en libertad de todas las y los presos políticos de la revuelta social.
• Instamos al Gobierno a darle urgencia a los proyectos de indulto general y de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ambos en actual tramitación legislativa.
• Es urgente elaborar un catastro nacional que dé cuenta de la realidad de los presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso; y de la totalidad de las víctimas de la represión estatal.
• Que, dado el tiempo transcurrido, la Fiscalía debe dar respuestas ante la opacidad con la que han tratado los procesos de las presas y presos políticos de la revuelta social, y las diferencias en medidas cautelares que se han utilizado para procesar a los agentes del Estado identificados en causas de violaciones a los derechos humanos.
• Que el actual director del INDH, Sergio Micco, no puede seguir dirigiendo dicha institución, dado que sus decisiones contravienen los principios de dicho organismo en tanto defensa y promoción de los derechos humanos. Su actitud pone en riesgo la integridad de las personas y promueve la impunidad.

La reparación de la injusticia cometida en contra de quienes hoy están presos y presas por ejercer su derecho a la protesta debe llevarse a cabo por la institucionalidad antes mencionada, la cual, de no realizarse, nos impondrá a las y los constituyentes, el deber ético de propiciar la libertad de todas las y los presos políticos mediante una disposición transitoria en la nueva Constitución.

Ninguna democracia se puede levantar, sin terminar primero con tanta impunidad.

FIN A LA PRISIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS MANIFESTANTES DE LA REVUELTA SOCIAL

COMUNICADO CONSTITUYENTES COMUNISTAS