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Declaración Pública PC de Chile ante nueva arremetida a favor de la impunidad para violadores a los DD.HH.
Ante una nueva arremetida en favor de la impunidad para los responsables de las más cruentas violaciones a los derechos humanos que ha vivido nuestro país, el Partido Comunista declara que es responsabilidad del Estado de Chile el cumplir con todos los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y nuestra propia sociedad respecto a la adecuada sanción de dichos crímenes y el otorgamiento de una real garantía de reparación y no repetición, terminando con las arbitrarias injusticias que se pretenden imponer desde el Gobierno y el Poder Judicial.
Declaración pública en relación con la sentencia de primera instancia Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Que, en relación con la sentencia de primera instancia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó a nuestro Partido a pagar una serie de prestaciones de origen laboral ante el supuesto de la existencia de una relación contractual laboral de la demandada con nuestra organización, venimos en declarar lo siguiente:
Abogado Ramón Sepúlveda: Sentencia determina en forma contundente que se ha cumplido de manera efectiva la ley de partidos políticos
La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó el sobreseimiento a la querella presentada por dirigentes del Partido Regional Independiente -PRI – al no existir ningún delito en la venta de parte de las acciones de la inmobiliaria del Partido Comunista.
Corte de Apelaciones otorga sobreseimiento definitivo al PC en querella por venta de acciones de inmobiliaria
La Octava sala de la Corte Apelaciones de Santiago hoy confirmó el sobreseimiento definitivo por inexistencia de delitos, por el caso sobre la venta de acciones de la inmobiliaria del Partido Comunista resolución solicitada por la defensa del diputado Guillermo Teillier.
Con esto se da término a la causa que inició el entonces secretario general del Partido Regionalista Independiente (PRI) Eduardo Salas por medio de una querella presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía en mayo del 2017. Un año después, el mismo tribunal desestimó la causa, declarando que las conductas denunciadas no eran constitutivas de delitos, señalando que la acción era temeraria y que se habría utilizado el sistema judicial para fines políticos.
