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Declaración Pública Bancadas Parlamentarias PPD/ProPais – PS y PC por retiro proyecto reparatorio ex PP

Con malestar e indignación recibimos durante la mañana de este jueves 19 de abril, el retiro por parte del Ejecutivo, del proyecto de Ley, de origen en mensaje, que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

El retiro deja de manifiesto el comportamiento engañoso del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ante la propia comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados solicitó durante la tramitación del proyecto un plazo para el estudio de la iniciativa.

Los infructuosos intentos por parte del oficialismo –en particular la Unión Demócrata Independiente-  por dilatar la votación en general y en particular del proyecto, despachado de la Comisión de Derechos Humanos el miércoles 18 de abril, se condicen con la intempestiva decisión adoptada por el ministro Larraín –también UDI-.

La actitud del Gobierno, además de constituir un agravio a las víctimas de la dictadura cívico militar, constituye un grave incumplimiento a las obligaciones internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos.

Es por estas razones que las bancadas del Partido Por la Democracia- PRO, del Partido Socialista y del Partido Comunista, están confiadas en que las fuerzas de oposición suscribirán la solicitud de interpelación que presentaremos contra el ministro Hernán Larraín, para que dé cuenta ante a la Cámara de Diputados y ante el país, de las verdaderas razones que marcan este peligroso retroceso en materia de Derechos Humanos, que se traduce como una nueva agresión a las víctimas de la dictadura.

 

Bancadas de Diputadas y Diputados

             Partido Por la Democracia         Partido Socialista                Partido Comunista
                     País Progresista

A propósito del retiro del proyecto que otorga un aporte reparatorio a los ex PP y los insultos del Diputado Urrutia

A la opinión pública:

El dia miércoles 18 de abril la comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que entrega un aporte reparatorio a las víctimas de prisión politica y tortura, el proyecto, aun siendo un aporte mezquino de 3 millones de pesos plantea entregar en 2 cuotas a los mayores de 70 años y en 3 cuotas al resto.

Es por esta razon que, con el ánimo de no dilatar mas la espera que llevan años las víctimas, se aprobó sin indicacion alguna: Con 6 votos a favor, 4 abstenciones, 2 inhabilidades y 1 voto en contra del diputado UDI Sanhueza.

El ejecutivo ante la inminente tramitación que ahora pasaba a la comisión de Hacienda de la Cámara, decide darle un portazo a las víctimas y sus familiares.

¿Qué hace? Presenta hoy un oficio donde dice que viene en retirar el proyecto finalizando así con su tramitacion.

Este hecho que se conoce por los diputados mientras se encontraban en sala genera un amplio rechazo de loa diputados y aun así cuando habla el diputado Urrutia, este ofende a las victimas diciendo que le parece una “buena noticia” que ya basta de entregar reparaciones a estas personas “terroristas” y que le parecía bien que no se les entregara este “aguinaldo”.

Ante esto se suspende la sesion en sala retirandose las bancadas del PC, PR, PPD, PS y FA.

Bancada PC se reúne con AFDD y rechazan ofensiva de impunidad para los violadores de DDHH

La Bancada del Partido Comunista se reunió esta martes 17 de abril con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), entidad que observa con ojos críticos el anuncio del gobierno de conmutar penas a reos de Punta Peuco. Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, manifestó que el proyecto anunciado es “a la medida de la derecha, está hecho a la medida de los violadores de derechos humanos, todo lo demás es una excusa”.

La reunión fue la primera que sostiene la AFDD con una bancada parlamentaria para conformar un apoyo transversal que impida se concreten los anuncios de impunidad a violadores de Derechos Humanos.

En ese marco, desde la agrupación esperan conversar con todas los congresistas que “estén en contra de la impunidad y que estén por afianzar la verdad y la justicia en Chile”, según comentó Lorena Pizarro, Presidenta de la AFDD.

“Pedimos el avance en temas legislativos que permitan, primero salir al paso a esta ofensiva de impunidad que tiene este gobierno de extrema derecha, y lo segundo es de una vez por todas terminar con el profundo compromiso que tienen los genocidas y violadores de Derechos Humanos en el vínculo con este gobierno de extrema derecha. Para nosotros es fundamental poder hacer esa labor”, sostuvo la dirigenta.

 

Con respecto al anuncio de conmutar las penas para los presos del Penal Punta Peuco, Pizarro es enfática en señalar que “es un proyecto hecho a la medida de la derecha. Está hecho a la medida de los violadores de derechos humanos, todo lo demás es una excusa. Este es un proyecto cuyo objetivo es liberar a la mayor cantidad de agentes de la dictadura cívico militar que hoy cumplen condena en el Penal Punta Peuco”.

“Nosotros como organización no tenemos ninguna dificultad en que en Chile se avance en el indulto a condenados por delitos comunes. La situación carcelaria de la inmensa mayoría de los presos condenados por delitos comunes en nuestro país es verdaderamente dramática y de permanente violación a sus derechos. Pero esta demanda justa o esta acción correcta que debe asumir el Estado de Chile y en este caso el gobierno de Sebastián Piñera, no puede ser la excusa para asegurar más impunidad a los violadores de derechos humanos”, aseguró Lorena Pizarro.

Partido Comunista plantea nuevo Sistema de Protección de Niñez

En el marco del desarrollo de un encuentro nacional sobre niñez, el PCCH entregó importantes planteamientos tanto al conjunto de la colectividad como a la sociedad en su conjunto. Es así como Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social, la diputada Karol Cariola, la abogada Mabel Peñaloza y la diputada Camila Vallejo junto a profesionales y especialistas del área desarrollaron los siguientes planteamientos sobre la  urgente problemática de la niñez y las políticas del actual gobierno que ponemos en conocimiento:

 Lo urgente debe estar de la mano de lo muy importante

  • Explicitar la Garantías Universales en materia de Niñez, en base a derechos humanos de primera (civiles y políticos), segunda (económicos, sociales y culturales) y tercera (justicia, paz y solidaridad) generación.
  • Sistema que conjuga derechos universales en niñez con provisión de políticas sociales. Enfrentando y corrigiendo la altísima correlación pobreza y desigualdad con vulneración de derechos.
  • Protección Administrativa y Protección Especializada: Intervención oportuna, expresado en un sistema que actúa desde la garantía universal hacia la intervención focalizada, y que interrumpe la vulneración y restaura el derecho de manera oportuna. Esto se expresa en la secuencia:

Prevención: provisión de derechos social. Promoción: en poblaciones de riesgo. Protección: de niños y niñas vulnerados.

        

Propuestas legislativas y de políticas públicas:

  1. Establecer la suma urgencia para legislar la Ley de Garantías de la Niñez (ley marco), la que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado para ser votada en particular.

Es prioritario que la nueva política pública en materia de niñez se oriente a establecer garantías universales para todas y todos los niños de nuestro país, asegurando posibilidades de desarrollo integral, protección y oportunidades de tener una vida plena, generando los apoyos que las familias requieren para que los niños y niñas vivan sin riesgos ni limitaciones en su desarrollo.

La política pública en niñez cuando se edifica exclusivamente desde la noción de focalización acentúa la pobreza y la desigualdad en una proporción y número significativo de niños, de lo anterior es precondición contar con un modelo territorial de Protección Administrativa y de un reequilibrio de las competencias entre la acción de Tribunales de Familia y de la Administración del Estado, que aseguren la provisión de derechos sociales

La ley de garantías es una legislación indispensable para legislar nuevas leyes, que fortalezcan el enfoque de derechos en los niños de nuestro país. Nuevas legislaciones en Adopción, Reforma a Tribunales de Familia o adecuatoria a Ley de Subvenciones (20.032) requieren de una ley de garantías que proporcione un catálogo amplio de derechos de primera, segunda y tercera generación y de  definiciones jurídico- conceptuales sobre niñez que actualmente no están consagrados en nuestra legislación.

  1. Establecer suma urgencia tanto para el proyecto de ley de Servicio de Protección Especializado como para el proyecto de Ley de Servicio de Reinserción Social Juvenil que se encuentran en trámite legislativo en ambas Cámaras. Es prioritario contar con un sistema de protección especializado que dé cuenta de las necesidades especiales de intervención que requieren los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos o que viven en situaciones de riesgo. Dicho sistema debe contar con suficiente regulación y fiscalización tanto para los organismos de administración directa del Estado como para los organismos colaboradores, con un sistema de acreditación que asegure la calidad de los programas y de los modelos de intervención, centrando la atención en el niño o niña y su grupo familiar; así mismo y tal como lo establece el proyecto de protección especializada se debe establecer un Registro Especial de la trayectoria de vida de los niños que permita intervenir oportunamente.

Ambos proyectos se deben legislar de manera simultánea, para no postergar su implementación.

El actual proyecto de incremento de subvención en un 25% para organismos colaboradores, presentado por el actual gobierno no establece estándares de regulación y fiscalización, por lo que su legislación no puede anteponerse a la legislación de los nuevos servicios propuestos.

  1. Establecer mecanismos de eficaces y permanentes para que los niños y niñas y sus organizaciones participen y sean escuchados en las políticas que afectan sus derechos. Lo anterior incluye tanto a los niños en general como a aquellos que son sujetos de medidas de protección especializada.

Es esencial contrarrestar la mirada adulto-céntrica que niega o limita la capacidad de los niños primero de ser oídos y luego de incidir, generando mecanismos en la nueva institucionalidad que canalice una participación activa.

  1. Fortalecer la operación de los actuales programas de SENAME, previo a la nueva institucionalidad que lo reemplace (dos nuevos servicios), expresado en la evaluación de todos los programas, sean en modalidad residencial como en modalidad ambulatoria. Esto como precondición para el aumento de recursos por parte del Estado. Tiempo estimado de ocho meses.
  2. Orientación prioritaria del Ministerio de Desarrollo Social y de la Subsecretaria de la Niñez para el diseño e implementación de nuevos estándares de funcionamiento e intervención de todos los programas sociales en niñez, sean de Administración directa del Estado o de Organismos Colaboradores y que son indispensable para establecer un nuevo modelo de intervención que ponga al centro el interés superior de los niños, mediante políticas públicas integrales de interrupción de vulneración y restauración de derechos.

Esta es una atribución establecida en la ley que crea la Subsecretaria de la Niñez, tarea que debiese ocupar seis meses y con rendición ante el Congreso.

  1. Diagnóstico completo sobre eventuales vulneraciones y situación psicosocial de cada niño y niña de derechos en residencias de OCAS (Organismos Colaboradores). Los informes elaborados por el Congreso y las evaluaciones realizadas para establecer las graves vulneraciones de niños y niñas, se han centrado en organismo de administración directa del Estado, no así en organismos colaboradores, no teniendo claridad sobre la realidad de los niños y niñas en dichas instituciones.

Trabajo que debe ocupar un tiempo de cuatro meses con rendición ante el Congreso.

  1. Diseño de un robusto programa de desinstitucionalización de niños en residencias de SENAME, tanto en residencias de administración directa como en organismos colaboradores, enfatizando Residencia en Familias de Acogida como modalidad de protección preferencial en el caso de niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos y es perjudicial para su cuidado y bienestar que vivan junto a su familia de origen o familia extendida. Programa que debe tener una evaluación semestral.
  2. Fortalecimiento de Chile Crece Contigo desde los 5 a los 9 años de edad, ampliando la cobertura mediante la protección en el sistema escolar en articulación con el MDS. Chile Crece Contigo ha demostrado ser un subsistema de protección social altamente preventivo y de carácter sistémico que junto con generar intervenciones que acentúan el bienestar y oportunidades de desarrollo de los niños propicia cambios culturales y normativos que aseguran una crianza respetuosa en niños y niñas. De lo anterior, sus ampliación debe ser una centralidad para en el ejercicio de derechos sociales de la niñez.

Tiempo estimado para implementación en ley de presupuesto 2019.

  1. Creación de un completo programa de Salud Mental, de carácter nacional, en base a un nuevo modelo de intervención, que articule de manera especializada la protección especializada de niñez con el sistema primario, secundario y terciario de salud en niños pertenecientes a residencias y programas ambulatorios.

En Chile de acuerdo al anuario de SENAME de 2016, aproximadamente 151.000 niños y niñas presentan cobertura en programas ambulatorios y de residencia del SENAME, siendo los modelos de salud mental una de las principales debilidades de los procesos de reparación considerando aritméticas de intervención no compatibles con la realidad de los niños y familias que han experimentados vulneraciones de derechos.

Tiempo estimado para implementación en ley de presupuesto 2019.

  1. Creación de un programa nacional de acompañamiento especial al niño y su familia entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social para escolarización de niños y niñas menores de 18 años que no estudian ni trabajan NINIS (estimado en 72 mil niños). Considerando la necesidad de establecer una modalidad especial de ingreso y matriculas.

Tiempo estimado para implementación en ley de presupuesto 2019.

 

Partido Comunista de Chile

Comisión Nacional de Niñez

Diputad@s PC presentan demanda civil contra Tribunal Constitucional

(Vía elsiglo.cl / radionuevomundo.cl) La bancada del Partido Comunista presentó una demanda civil que anularía el fallo del Tribunal Constitucional que aprobó la objeción de conciencia institucional en la Ley aborto en 3 causales. Los diputados y diputadas se basan en el hecho de que el TC creó una nueva norma, acción que no está dentro de sus facultades.

El diputado Daniel Núñez afirmó que la decisión tomada por este organismo, en agosto de 2017, es escandalosa y declaró que esta institución vulnera las decisiones ciudadanas y del poder legislativo.

Esta demanda fue ingresada formalmente y se hizo a través de un juzgado civil. La diputada comunista y abogada Carmen Hertz, sostuvo que el Tribunal Constitucional violentó el orden Constitucional al crear la objeción de conciencia, y suprimió un párrafo de la ley, facultades que no tiene.

El Tribunal Constitucional debe actuar bajo sus competencias y en este caso pueden ser impugnadas por vía jurisdiccional, así lo declaró el diputado y abogado Hugo Gutiérrez.

Cabe destacar que esta demanda ha sido catalogada como inédita, pues la nulidad de derecho público nunca había sido utilizada contra el TC y uno de sus fallos.

Diputados solicitan comisión especial que retome investigación por eliminación de listas de espera

La diputada Karol Cariola (PC) junto a los diputados Juan Luis Castro (PS) y Boris Barrera (PC), presentaron este jueves 12 de abril las 63 firmas necesarias para solicitar la instalación de una comisión investigadora por la eliminación arbitraria de pacientes en las listas de espera.

La iniciativa de los parlamentarios busca retomar el trabajo de una comisión que abordó el tema en el periodo legislativo anterior, pero que quedó sin informe final.  A raíz de ello, la diputada Karol Cariola, junto a los diputados Juan Luis Castro y Boris Barrera reinstalaron la necesidad de investigar lo ocurrido entre los años 2011 y 2013 en la Clínica Maruri del Hospital San José, donde se eliminaron “por secretaría” a personas en las listas de espera.

Según comentó la diputada Karol Cariola, integrante de la comisión de Salud de la Cámara, “los antecedentes que nos entregó el ministerio de Salud antes de que terminara el periodo legislativo – donde lamentablemente la comisión no tuvo tiempo para poder desarrollar un informe-, fueron antecedentes muy contundentes que deban cuenta de la muerte de personas de cientos de personas en la condición de no haber sido atendidos en el momento que correspondía y haber sido eliminados derechamente de las listas de espera”.

 

La diputada agregó que “todos recordamos del show mediático que levantó el gobierno de Sebastián Piñera en su periodo anterior, que con su ministro Mañalich le dijeron al país que las listas  de espera auge y no auge, habían sido eliminadas. Incluso con toda la parafernalia, lo que hicieron fue mentirle al país”.

Por su parte el diputado Juan Luis Castro justificó que “aquí hay delito y se engañó al público, se importó a falsos médicos, se llenaron los bolsillos de dinero y en casó de Rancagua se falsificó los registro de personas en listas de espera”.

 

En este mismo sentido, el parlamentario socialista dijo que “además de la responsabilidades penales vamos dar recomendaciones concretas, como adelantar que no estamos dispuesto y no vamos aceptar que se vista un santo y para desvestir otro. Esta no es la forma de hacer la política”.

Finalmente, el diputado y subjefe de la bancada PC, Boris Barrera, sostuvo que “Esta comisión busca esclarecer y establecer las responsabilidades políticas por la reducción de listas de manera artificial durante el primer gobierno de Piñera. Es necesario retomar esta investigación, porque aquí hay muerte de personas que fueron sacadas de las listas, por tanto también hay responsabilidades penales. Todo esto demuestra que el gobierno de Piñera no solo no cumplió con lo que prometió durante su primera gestión sino que además, está frenando una solución integral a este problema que tiene colapsada la salud pública”.