Estamos ante un escenario económico muy complejo, ya complicado por la guerra económica, pero hoy en un nuevo nivel y características diferentes por la pandemia del  COVID –  19, que obligatoriamente nos lleva a la paralización de parte importante del proceso productivo,  que tendrá como principal efecto la pérdida de  empleos y la consiguiente disminución de la masa salarial del país, es decir una disminución de la demanda agregada que amenaza con detener por completo economía.

Ante esta situación dramáticamente ya presente, el Presidente de la República dio a conocer un paquete de medidas económicas por 11.750 millones, de dólares. Lo más destacable es el uso del 2% constitucional, 8.490 millones de dólares que se usarán para reforzar el presupuesto de salud, que de inmediato, exigimos,  su inversión sea analizada y discutida con los gremios y sindicatos de la salud, acorde a las falencias graves que se detectan y por el conocimiento directo que tienen de la realidad y por  ser los más expuestos a los contagios.

Este  “paquete reactivador” que no es el “más grande de nuestra historia”, como afirmó con grandilocuencia el Ministro de Hacienda,  porque no hay platas nuevas, sino que créditos en impuestos que el Estado recupera. El gobierno dispuso  utilizar los seguros sociales, exenciones tributarias, el fondo solidario comunal y la capitalización del  Banco Estado, en la dirección de aumentar la liquidez de la economía. Todas estas medidas son  parte de las exigencias de los partidos de la Unidad para el Cambio y la Central Unitaria de Trabajadores, por lo que se podría entender van en el sentido correcto. Pero son  insuficientes tanto en el diseño específico y en la cuantía de los recursos financieros, como en el abanico de políticas públicas y en el rol activo del Estado.

Las medidas económicas adoptadas por el gobierno y su lentitud en adoptar medidas más drásticas para aplanar la curva creciente del coronavirus, están pensadas para proteger a las grandes empresas principalmente, entregándoles un marco más flexible para su actividad económica en tiempos de crisis, por lo que es evidente que existe una alta posibilidad de que la crisis la terminen pagando y sufriendo los trabajadores, compensados con pequeños bonos o subsidios temporales, frente a empresas intentan negociar en este marco, con  bajas generalizadas de los sueldos como ya ocurrió con LATAM.

Por otra parte, no  queda claro cómo van a hacer los trabajadores a cuenta propia o informales que en Chile suman el 30% de la masa laboral, no queda claro cómo van a hacer las familias para enfrentar el alza especulativa de los precios, en los últimos días hemos visto alzas hasta en 300% de los productos de higiene y salud, no queda claro que va a pasar con las cuenta de luz, agua y electricidad cuando se profundice la crisis, no queda claro cuál va a ser la ayuda a los pensionados, no hay suficiente claridad de los subsidios que van a ir sostener la pequeña empresa.

La ausencia del estado como actor económico es evidente, pues cada medida tiene como trasfondo la confianza en que sólo el mercado podrá regular nuevamente los niveles de precios, empleo, inversión, consumo, producción y salarios. En definitiva se le entrega un nuevo marco al mercado, donde se facilitan las operaciones de desvinculación temporal, el acceso a créditos, estímulos a la inversión y al consumo.

El rol activo del Estado debe permitir implementar medidas como el aumento de la inversión pública intensiva en empleo; a la aceleración del gasto público; a medidas extraordinarias que permitan al Estado por medio de las empresas publicas dinamizar  la economía, a subsidios que estimulen el cumplimiento de la cuarentena, evitando al máximo el menoscabo de la vida de las personas.

Se necesitan medidas como:

1. Aumento del empleo directo e indirecto por parte del Estado.
2. Capitalización para la inversión de las empresas públicas como CODELCO, Metro, ENAP, Puertos y Correos de Chile,
3. Acelerar los beneficios de las pensiones por pilar solidario, llevándola de manera inmediata a los $165.000
4. Protección al empleo informal que está por fuera del Código del Trabajo (honorarios, cuenta propia).
5. Subsidios de contratación para sostener el empleo en las familias más vulnerables.
6. Subsidios para congelar los precios de los bienes de primera necesidad.
7. Subsidio estatal para sostener el congelamiento del pago del servicio básico.
8. Suspender los despidos por necesidad de la empresa.

Todas estas medidas van en la dirección de hacer frente en el corto plazo al momento que vive nuestra economía, pero es indispensable comenzar  a discutir  medidas estructurales y de largo aliento. Lo que vemos a nivel mundial es que la crisis ha cambiado la posición del Estado dentro de la economía, Mientras más grande es el estado,  más estabilidad alcanza el crecimiento económico. Esto tiene varias dimensiones, pero existen dos ineludibles:

Primero, el aumento progresivo de los impuestos, para aumentar las tasas de inversión pública, priorizando aquella inversión productiva intensiva en mano de obra y que dinamiza las economías locales, que además tiene la capacidad de encadenar inversión pública. Hoy el estado realiza cerca  del 20% de inversión total, debemos al menos duplicar esta posición en el mediano plazo.

Segundo, la reestatización de empresas estratégicas de nuestra economía, el mundo parece haber llegado a un nuevo consenso, las actividades estratégicas para el buen funcionamiento de las sociedades no pueden estar expuestas al cierre por la baja de las bolsas de comercio, para protegerlas del mercado deben entrar en la órbita estatal. Por ejemplo no es posible que Chile quede sin abastecimiento de servicios básicos o que estos en un caso de crisis sigan presionando el bolsillo de las personas.

 Es por esta razón que se hace muy necesario que se instale un fuerte dialogo social, donde los sindicatos deban ser consultados para todo nuevo acuerdo en torno al mercado laboral, pero sobre todo para conseguir que la reactivación económica se haga con los trabajadores y no a pesar de ellos.

Finalmente declaramos que no puede existir progreso sin las mayorías sociales, no se pueden seguir haciendo propuestas de políticas públicas en el marco de la sociedad neoliberal que fracasó rotundamente como lo demuestra el 18 de octubre del año 2019, las políticas públicas deben volver a reposicionar a la ciudadanía por sobre la economía, recuperando el valor de vivir en sociedad para todos y no solo para el enriquecimiento de unos pocos. Por ello, llamamos a conformar un  gran Frente Social y Político para imponer el Plan Nacional de Emergencia.

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

marzo 20 de 2020