En la primera edición del año 2020 del Programa Mujeres Comunistas, conversamos sobre la situación económica del país y para ello invitamos a Javiera Reyes, economista, fue vicepresidenta de la FECH en el 2015 y actualmente es precandidata a alcaldesa por la comuna de Lo Espejo. También pasamos revista a la contingencia de la semana con la panelista estable de MC, Claudia Pascual.

El gobierno del Presidente Piñera ha presentado una serie de proyectos en materia económica que se suman al Plan de Recuperación Económica, y que surgen como respuesta a las protestas ciudadanas. Este domingo presentó el proyecto que reforma el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que pasará a ser un Seguro Público de Salud. Ayer lunes presentó el proyecto de ley que modifica el Seguro de Cesantía. Y están los proyectos de Reforma Previsional,  de Reforma Tributaria y el que reduce la jornada laboral a 40 horas.

Javiera nos comentó el sentido que tiene la agenda económica del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y cómo ésta se ha visto impactada desde el inicio de las manifestaciones en octubre de 2019. Nos señaló que las movilizaciones en Chile no han callado porque estas reformas que el gobierno se encuentra tramitando “no tocan los pilares del modelo de desarrollo” actual, que es precisamente lo que la gente está reclamando.

A los proyectos mencionados, se suma el ingreso mínimo garantizado que entrega una especie de subvención a las empresas, otorgando mejores condiciones al modelo actual que es el que “hace agua”.

En cuanto al proyecto de salud, señaló que no es solución para los problemas que tiene la gente seguir “metiéndole dinero a un saco roto” que, además, desvía recursos hacia los privados en cambio de destinarlos a fortalecer la red del sistema público de salud.

En el caso de las pensiones, el proyecto avanza hacia incrementar el negocio de las AFP, y su estructura de capitalización individual, con lo que se le “miente a la gente” con que habrá un cambio a las pensiones, indicó la economista.

En su opinión, el gobierno está buscando apurar el avance de esta agenda de reformas para “evadir la necesidad de transformaciones de fondo y en un intento de descomprimir lo que se viene en Marzo”. Sin embargo, tras el empoderamiento que han tenido las personas, se entiende que en el marco de este modelo no hay un bienestar para el pueblo de Chile ni cambio real en la calidad de vida, afirmó.

Trajo a colación lo dicho por el ministro de Hacienda, Briones, quien mira otros países, como Nueva Zelanda y Australia, que logran dar mejores garantías a sus habitantes. Sin embargo, ninguna de las medidas que toma este gobierno apunta a superar el estado de cosas.

En cuanto a la Reforma Tributaria, recordó que el proyecto original buscaba establecer un sistema completamente integrado, esto significa, por ejemplo, que si una empresa paga 100 mil pesos en impuestos, luego puede descontar esa cantidad cuando se paga el impuesto individual.

La reforma que se implementó durante el gobierno de Michelle Bachelet, dejó un sistema semi-integrado, es decir, el empresario no descontaba la totalidad de sus impuestos individuales, si no que solo el 65% de ellos. En esa reforma tributaria, el 90% de los ingresos tributados provenía del 1% más rico del país y eso fue lo que el gobierno de Piñera intentó revertir con enormes costos al sacar la reintegración tributaria.

Luego del estallido social, queda en evidencia que con la contra-reforma del gobierno de la derecha, el Estado no se logra dotarse de nuevos recursos para financiar las demandas sociales. El gobierno respondió a las movilizaciones, pero dentro de los márgenes del modelo, manteniéndolo intacto en un esquema de distribución de recursos que perpetúa la desigualdad y que es servil al 1% más rico del país.

Otro proyecto que es grafico es el que intenta disminuir los precios de los medicamentos, entregándole más recursos a las mismas farmacias que se habían coludido.

Con el proyecto de las 40 Horas, que valoriza más el trabajo y tiene un componente que beneficia a las mujeres, el gobierno ha amenazado con ir al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe en el Senado. Si lo hace, el “nivel de movilización aumentará, como ocurrió con el proyecto de ley del aborto en tres causales”, pronosticó la especialista. Una encuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez determinó que sólo un 3% está en desacuerdo con reducir la jornada laboral a 40 horas.

Situación económica

Según analistas de mercado, Chile dejó de crecer culpando de ello a las movilizaciones de octubre. Se ha dicho que la economía se contrajo 3,4 %, que es el peor resultado desde el 2009, y el Banco Central pronostica un crecimiento de 0,5% a 1,5% para este año 2020. Por su parte, 85% de los líderes empresariales han suspendido sus inversiones en chile y 61% de los ejecutivos son pesimistas sobre el futuro y se preparan para una recesión y desempleo (Cadem). Con el paquete de medidas económicas presentadas por el gobierno, el aumento del gasto público es de 9,8% real, lo que genera un déficit fiscal de 4,4% del PIB para este año 2020. Y la deuda pública llegaría a 38% a fines 2024.

El elemento principal para comprender la verdadera situación económica que vive el país,  es la carencia de un modelo de desarrollo, y que tenemos una anarquía que nos hace más vulnerable a las decisiones de los inversores extranjeros. “Si tuviéramos una matriz de producción una idea de cómo queremos sea Chile en un acuerdo social amplio, las decisiones empresariales tendrían menos peso relativo en la situación económica del país”, señaló Javiera.

Tener un modelo de desarrollo nos haría menos vulnerable a los vaivenes de los mercados mundiales, por lo que echarle la culpa al estallido social por las malas condiciones económicas del país, “no corresponde”. Si bien las paralizaciones tienen un efecto en la economía, antes desde octubre ya había signos de desaceleración económica. Durante el 2018 y 2019 cerraron varias empresas nacionales, como calzados Beba, y algunas plantas de Iansa, con ello las cifras de desempleo se dispararon, y eso explica que los “Tiempos Mejores” no llegaron, por lo que no son las movilizaciones las responsables del declive económico de Chile, enfatizó.

Comentario de actualidad

Conversamos con Claudia Pascual la activa coyuntura de esta semana. Tuvimos desde el lunes 6 de enero manifestaciones de los estudiantes en contra de la PSU, prueba de selección universitaria con 290 mil jóvenes inscritos, trayendo como consecuencias que más de 86 colegios debieron suspender la prueba, que se suspendiera la prueba de Historia.

Frente a este hecho, para Claudia Pascual el debate de fondo tiene que ver con la segregación y marginación que produce una prueba de selección que depende del tipo de educación que reciben los estudiantes en sus escuelas de origen. “La PSU tiene un sesgo socioeconómico y de género”, señaló. Por tanto, se generar un instrumento que permita el ingreso a la educación superior que evite segmentos de la población quede fuera.

Sobre las estrategias de acceso que están implementando algunas universidades, lo importante es conseguir hacer una prueba que dé cuenta de habilidades y esfuerzos que hacen los estudiantes, dijo Pascual. Hay universidades que han implementado propedéuticos, otros, bonificaciones a mayores porcentajes a las notas de enseñanza media o si tenían hábitos de estudio pese a que no tuvieran buenas notas.

En cuanto a la seguidilla de interpelaciones a ministros del gobierno de Piñera, que parten hoy martes a la ministra del Trabajo María José Zaldívar sobre la Reforma de Pensiones; el miércoles al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el jueves al ministro de Hacienda, Ignacio Briones; y la próxima semana será el turno de la ministra del MedioAmbiente, Carolina Schmidt, Pascual ensayó las preguntas que no deben faltar hacer a estos ministros.

Sobre la Reforma de Pensiones es fundamental preguntar si es que el gobierno está dispuesto a generar una reforma que realmente permita modificar el sistema de pensiones, otro tipo de administración que no sean las AFP, que el aumento de las cotizaciones vayan a un pilar solidario de reparto, y que el 5% sea completo al pilar solidario.

De Salud, la pregunta central es si el gobierno está dispuesto a hacer reformas que fortalezcan el sistema de salud público y no que los recursos del Estado aumente las arcas a las clínicas privadas.

Para Hacienda, si acaso se está dispuesto a generar una reforma tributaria que reduzca la desigualdad una vez que se apliquen los impuesto, esto si se quiere tener índices de vida de los países de la OCDE, que tienen 10 puntos más de impuestos que los nuestros.

Para todas las preguntas, el gran tema de fondo es si es gobierno está dispuesto a hacer reformas estructurales.

Aprovechó de comentar el fallo de la Corte Suprema que multó con 11 mil 600 millones de pesos a la CMPC (conocida como “la Papelera” perteneciente a la familia Matte) por coludirse entre 2000 y 2011 para controlar los precios de papel tissue y otros productos derivados. Entonces la gente tenía razón en estar enojada. Estimó positivo si es que este fallo no es apelado y que la pena no sea rebajada. También dijo que el tema de la colusión  se pudo resolver en los tribunales económicos, pero finalmente se llega a los tribunales de justicia porque las instituciones como la Fiscalía Económica, el Sernac no cumplen su papel.

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