Expresamos nuestra profunda preocupación debido a que las medidas adoptadas por el gobierno, para aminorar los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19, han fracasado rotundamente. Es evidente que estas no han dado el resultado que el propio presidente Piñera y el ministro Mañalich proyectaron con cierta liviandad, manifestando aires de triunfalismo anticipado.

El gobierno recién ahora ha decretado una cuarentena obligatoria en casi la totalidad de la Región Metropolitana y en otras comunas del país, pese a que con varias semanas de anticipación se lo habían solicitado, con argumentos, diversas autoridades y expertos en la materia.

Creemos que actuaron con soberbia, de manera irresponsable, dando señales equívocas sobre un supuesto “control de la pandemia” expresado en el llamado a la “nueva normalidad”. Eso quedó en evidencia con su intento de vuelta a las clases, apertura de centros comerciales, cuarentenas parciales, entre otros llamados fallidos.

Hoy la situación es mucho más extrema y dramática; incluso con atisbos de descontrol. La lógica capitalista extrema, de privilegiar el funcionamiento de la economía por sobre la vida y salud de la población, está causando un daño irreversible a nuestra gente.

Piñera ha desoído señales claras de voces expertas, como las planteadas por el Colegio Médico el día 16 de marzo en reunión convocada por su presidenta. En dicha instancia, además de varias advertencias, entregaron propuestas contundentes; mismas alertas que semana a semana advertía Espacio Público, con cuidado y tino en sus reportes.  También obviaron sistemáticamente las voces de quienes vivimos día a día la realidad en contacto con la ciudadanía, con el territorio. Sentir compartido por decenas dirigentes de organizaciones sociales, trabajadores y trabajadoras, alcaldes y alcaldesas y parlamentarios y parlamentarias de oposición. No hay sordo más sordo que el que no quiete oír.

Los dineros estatales se están destinado fundamentalmente a las grandes empresas. A modo de ejemplo, de los US$3.000 millones de dólares del FOGAPE que van dirigidos a garantizar a los bancos los créditos que otorgan, se han licitado muy mayoritariamente para créditos para medianas y grandes empresas. Los pequeños emprendedores Mipymes y personas naturales que se dedican a diversos emprendimientos, generadores de casi el 50% del empleo, aún esperan al gobierno y a esos mismos bancos.

Los US$2.400 millones de dólares que cuesta la suspensión de los pagos provisionales mensuales de impuesto a la renta llevan la contradicción implícita que beneficia más a los que les va mejor, incluso a las actividades que con la crisis les ha ido muy bien, como laboratorios, cadenas de farmacias, supermercados y otros que no han decaído, como los exportadores de frutas. Todos ellos reciben el beneficio sin tener déficit alguno. Lo mismo sucede con la exención en el pago de impuestos y la postergación de los mismos, que nuevamente favorece a los que más tienen. Y también coexiste el otro Chile, donde  pequeños comerciantes, colectiveros, taxistas, choferes a trato, artesanos y tantos otros mipymes que se quedaron sin ingresos, o les han disminuidos ostensiblemente, siguen sin recibir alguna ayuda. De igual manera el bono COVID-19 y el Ingreso Familiar de Emergencia, que representan una parte muy menor de los recursos movilizados por el Estado, no son suficientes. No llegan a cientos de miles de chilenos y chilenas que han quedado sin ingresos y resultan insuficientes para otros.

Las malas decisiones en materia de salud y en materia económico-social han complicado aún más el de suyo complejo manejo de la pandemia y no garantizan que, iniciada esta cuarentena obligatoria, miles de chilenos y chilenas no salgan de sus hogares. Si no hay ayuda efectiva y rápida tememos que muchos compatriotas saldrán legítimamente a buscar los recursos para subsistir, alimentar y abrigar a sus seres queridos.

Lo repetimos con fuerza una vez más: para la Federación Regionalista Verde Social, Partido Progresista, Partido Comunista, Izquierda Libertaria, y para todos y todas los militantes, simpatizantes y fuerzas que comparten esta preocupación urgente, siempre estará primero la salud y la vida de nuestros compatriotas. La economía se puede recuperar, antes también lo ha hecho, la vida humana y la dignidad perdida NO!!

Por tanto, denunciamos que esta lógica en extremo neoliberal del presidente Piñera, de privilegiar la economía y su rentabilidad, de aplicar la lógica del chorreo, de cuidar el bolsillo de los suyos, de mantener a toda costa un modelo fracasado (como el de las AFP), no solo NO la compartimos, también nos repugna.

Hoy la prensa ha dado luces que algunos partidos de oposición, los “partidos del orden” y los que últimamente coquetean con el “partido del orden”, estarían articulando un nuevo acuerdo transversal con el gobierno. Es evidente que, post pandemia, se vendrá una gravísima crisis social y económica (y ciertamente continuará la crisis política y social develada con tanta fuerza en octubre). Estamos convencidos que esta será lamentablemente aún más profunda por la contumacia del presidente Piñera y sus ministros. Si no hay un cambio significativo y rotundo en la orientación de las medidas tomadas, ahora, con urgencia, rápido, que apunten a proteger a los más débiles primero; lo señalamos sin titubeos: nos será casi imposible formar parte de un entendimiento de esa naturaleza. No nos podemos hacer responsables de las previsibles nefastas  consecuencias para la población, resultantes que se ha advertido una y otra vez al presidente y su gabinete. Con mayor nitidez aún si ese supuesto acuerdo se hace nuevamente solo entre los partidos políticos y sin la participación de las fuerzas sociales. Nosotros una vez más estaremos del lado de la ciudadanía.

Hacemos también un llamado  a los medios de comunicación social, en especial a la televisión abierta, y en particular a la Televisión Nacional de Chile, a que sean responsables en entregar a la ciudadanía una información plural que recoja obviamente el mensaje oficial dado por el gobierno y sus parlamentarios y alcaldes afines, pero también los emplazamos a difundir las voces de expertos y expertas que disienten y de ediles y congresistas de oposición, quienes hasta ahora, como el caso del Colegio Médico, han sido mucho más certeros en sus pronósticos y proyección de la pandemia. También es necesario que escuchen a una oposición como la nuestra, que, aunque crítica, también ha sido sumamente responsable y propositiva, por ejemplo, generando propuestas serias y económicamente viables en relación al reemplazo en el sistema de pensiones, ya que las actuales AFP nuevamente evidencian su fracaso. .

Ante los gruesos errores del gobierno, solo la pluralidad en la entrega de la información permite a la ciudadanía protegerse de mejor manera de los efectos del COVID 19. Solo un ejemplo, días atrás casi en cadena nacional de televisión abierta, mostraban sonriente al candidato a presidente de la derecha, alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, promoviendo triunfante la apertura de un Mall de su comuna. Los expertos gracias a las redes sociales pudieron manifestar los riegos o de la maniobra de Lavín. Lo cierto es que las cifras en su comuna se dispararon exponencialmente. El sesgo de los medios de comunicación también puede influir en la magnitud de esta catástrofe.

Por último, no podemos dejar de referirnos a la forma como el Estado de Chile, pagará los costos financieros de esta crisis, máxime si los recursos, como se dijo, se destinan mayormente a las grandes empresas. Hemos tomado conocimiento que además de las deudas contraídas por el gobierno y el uso que hace este de los fondos soberanos, el Banco Central ha abierto con el Fondo Monetario Institucional una línea de crédito por US$28.700 millones de dólares, la que de usarse endeudará a las futuras generaciones de chilenos y chilenas. Queremos hacer presente que el Estado, cuya conducción a tiene hoy el presidente Piñera, tiene facultades constitucionales desde el minuto que decretó el estado de excepción por catástrofe, para: “disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad” (Art. 43, inciso tercero de la Constitución). Esto quiere decir que, de existir la voluntad del ejecutivo, podría recuperarse el control, administración y explotación de nuestras riquezas naturales vía mecanismos constitucionales existentes, como expropiación y/o nacionalización. No podemos endeudar a las generaciones futuras, es hoy un deber humanitario y constitucional urgente satisfacer las necesidades más esenciales de nuestra población.