Con justa razón, la ANEF, ha hecho público su desacuerdo con la orden emanada del Presidente de la República, que los conmina a regresar a su trabajo presencial, según afirma el gobierno, para la mejor atención del público. Consta que los trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales han demostrado su entrega y dedicación, en condiciones muy deficientes de seguridad sanitaria.

Lo que se esconde tras esta medida es dar la sensación de normalidad cuando el contagio del COVID – 19 está en pleno desarrollo, para adelantar así los procesos productivos sin considerar las consecuencias graves que esto puede acarrear.

El propósito es seguir descargando el costo de la crisis económica asociada a la pandemia, principalmente en las espaldas de trabajadoras y trabajadores: ya hay más de 250 mil despidos que se suman a otros 500 mil cesantes estructurales.

Junto a ello, un enorme porcentaje ha visto rebajados sus sueldos o salarios, junto a otros tantos que se posicionan bajo la línea de la pobreza. El 20% de los más pobres es dueña de menos del 1% de la riqueza del país.

La situación empobrecida de millones de chilenas y chilenos contrasta con la de las 10 personas más ricas de Chile, entre los que está el Presidente de la República, poseen fortunas personales que llegan en conjunto a 37 mil millones de dólares. Si a ellos se les aplicara un impuesto del 2%, el estado tendría a disposición 746 millones de dólares anuales.

El 1% de las personas más ricas poseen en conjunto el 30% de las riquezas del país, 130 mil millones de dólares. Si el impuesto del 2% se extendiera a todos ellos, el estado dispondría de 2 mil seiscientos millones de dólares. Con estos fondos podría dispensarse un ingreso mínimo a los sectores del 40% más pobre y a la gran masa trabajadora informal, a trabajadores de empresas sin contrato, a trabajadores del arte, a feriantes, comerciantes ambulantes, a despedidos y cesantes, gran parte de temporeros, a taxista y otros, por tres o más meses. Lo que facilitaría medidas más drásticas de confinamiento y distanciamiento social.

El 70 % de trabajadores y trabajadoras se ven obligados a realizar trabajo presencial, so pena de no tener alimentos o servicios esenciales. Mientras las grandes empresas refinancian o contraen deudas a costo cero en la banca estatal, más de 600 mil pequeñas empresas no tendrán esa posibilidad.

Es en este cuadro, de defensa cerrada de los intereses de los más ricos y de sacrificio generalizado de trabajadores y trabajadoras, que el Presidente llama al sector público a reintegrarse al trabajo presencial, sin que establezcan medidas de protección adecuadas ni las medidas económicas de protección integral de la ciudadanía.

Esta defensa de intereses minoritarios, privilegiados, que se ha hecho de forma institucionalizada, mediática y fáctica, se está trasformando en la instalación de un autoritarismo irresponsable del gobierno, que no mide las consecuencias sociales de su proceder.

El Partido Comunista rechaza esta política y llama a organizarse, a denunciar y oponerse a la imposición de medidas insuficientes, denigrantes para los trabajadores y para la gran mayoría de nuestro pueblo.

Comisión Política

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

19 de abril 2020