Las comisiones de Pueblos Originarios de los partidos firmantes reiteran su más firme rechazo a la pretensión del gobierno de Sebastián Piñera de imponer una consulta para modificar la Ley Indígena 19.253, lo que busca afectar las tierras, las formas de organización y el derecho a la identidad indígena.

A pocos días de iniciada la consulta, ha sido rotundo y claro el repudio a este proceso por parte de todos los pueblos convocados y a lo largo de todo Chile.

El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, vigentes en Chile, están siendo vulneradas con un conjunto de 11 medidas que apuntan a incorporar las tierras indígenas al mercado, en contra de los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169, instalando prácticas contrarias a las culturas y cosmovisión de los pueblos originarios, y finalmente a reducir sus derechos colectivos.
En cuanto al proceso de consulta, el Gobierno está incumpliendo el reglamento de la consulta indígena (Decreto Supremo N° 66), deficiente y carente de legitimidad, pero que es hoy la norma vigente.

La buena fe debe ser el principio rector de la consulta, mediante un diálogo sincero, de confianza y de respeto mutuo, sin presiones, de manera trasparente (art. 9).  Sin embargo, este principio se vulnera con represión y amedrentamiento mediante la presencia de Carabineros dentro y fuera de los locales de reunión, irrespetando la presencia de niños y niñas, personas mayores y autoridades tradicionales. Además, ejerciendo presiones indebidas a los asistentes para firmar listas y actas.

En cuanto a la convocatoria (art. 15 Decreto Supremo N° 66) las comunidades denuncian que los lonkos y otras autoridades ancestrales no han sido considerados ni convocados (art. 10). Además, se han modificado fechas y locales de reunión sin previo aviso, en contradicción con la publicación de prensa que da inicio al proceso.

La inmensa mayoría de reuniones de planificación (art.16) no se han realizado ni ha habido acuerdos sobre nueva fecha, intervinientes y metodología, por lo que de insistir con este proceso sería sin sustento legal.

Con este contexto, será necesario denunciar ante la OIT y otros organismos multilaterales de Derechos Humanos de esta grave situación, así como acudir ante instancias nacionales e internacionales de justicia, frente a la vulneración de derechos que se constata en este proceso.

Alertamos al INDH y la ONU como observadores del proceso de la situación actual de los pueblos indígenas y el desenlace de esta consulta.

De continuar esta consulta tal como está concebida y ejercitada, se seguirá vulnerando la normativa vigente, además de constituirse en una provocación por parte del Gobierno.

La consulta indígena es un derecho de los pueblos, y debe ser destinada en favor de los pueblos y no como una forma de imposición y un intento de retroceder en los derechos alcanzados.

Es por ello que manifestamos un enérgico rechazo a la imposición de una consulta sobre una materia que no ha sido solicitada ni aceptada por las comunidades, y expresamos nuestro respaldo y solidaridad con la posición irrefutable de los pueblos originarios, y las luchas por reconocimiento y respeto para sus derechos.

De esta manera, en el contexto de la cuenta pública del Presidente de la República, le exigimos a él y su gobierno terminar con la política de represión, usurpación de tierras y negación de derechos del Pueblo Mapuche y los otros pueblos originarios que habitan Chile y convocamos a movilizaciones activas en pro de los plenos derechos que nos asisten como primeras naciones que habitan nuestro país.

Comisiones de Pueblos Originarios

 Partido Comunista de Chile

Federación Regionalista Verde Social

Partido Progresista de Chile

Santiago, 1 de junio de 2019