Por la presente queremos compartir con ustedes información sobre los sucesos ocurridos en nuestro país en estos días:

Como es sabido, fuimos atacados por una ofensiva violentísima que estuvo a punto de incendiar el país en lo que fue una especie de guarimba generalizada, o sea que a diferencia de Venezuela, los actos violentos de protesta y demás acciones no se circunscribieron a determinadas zonas, sino que fue en todas partes, más al estilo de los alzamientos ocurridos en medio oriente.

Es importante señalar que como ustedes saben, los partidos políticos de derecha en Nicaragua no tienen ni de cerca la fuerza y capacidad organizativa requerida para provocar tal situación, pero obviamente una vez creada, ellos aprovecharon para sacar réditos políticos.

Pero antes de seguir es importante referirnos al trasfondo del asunto. La seguridad social en Nicaragua ha sido uno de los aspectos en que más logros hemos alcanzado en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. La cantidad de beneficios de los asegurados y la cobertura de dichos beneficios a la población aumentaron exponencialmente con el regreso del sandinismo al poder en 2007, lo que ocasionó una situación económica crítica en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que es la institución estatal a cargo de este tema.

Ante tal situación, el FMI y le empresa privada organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), pidieron aplicar las típicas medidas neoliberales en este tema: subir la edad de jubilación (en Nicaragua es de 60 años) y la cantidad de semanas necesarias para acceder a ella (750 para pensión normal y 250 para quienes en edad de jubilación no hayan alcanzado la primera cantidad, lo cual no existía antes del regreso al poder del sandinismo en 2007; incluso en este caso, el planteamiento de los más radicales neoliberales era eliminar por completo la pensión). Ante ello, nuestro gobierno respondió con un rotundo rechazo tanto al FMI como al COSEP. En cambio, la opción escogida fue aumentar los aportes de trabajadores y empresarios, y establecer un aporte para los jubilados, incluyendo a los que reciben la pensión reducida. Esta decisión se tuvo que tomar rompiendo por primera vez el consenso con la empresa privada, que forma parte de nuestro modelo de consenso y alianzas entre gobierno, trabajadores y empresarios.

Según las reformas que decidió nuestro gobierno, el aumento en el aporte de los trabajadores fue del 6.25% al 7% (aumento de 0.75%), los empresarios del 19% al 22.5% (aumento del 3.5%) y los jubilados del 0% al 5%, que fue el tema más polémico, pero seguían siendo los que menos aportaban, y a cambio iba a aumentar la cobertura en salud y otros beneficios para ellos.

Otra medida fue eliminar el techo para pagar la seguridad social, que antes estaba establecido en C$ 82,953.22, o sea actualmente los que ganan más de eso no incluyen en el porcentaje de su aporte a la Seguridad Social el resto de sus ingresos más allá de esa cantidad. Con las reformas, todos pagarían conforme al total de sus ingresos. Esto es especialmente sensible para los empresarios y beneficioso para los trabajadores, ya que una forma de saquear el INSS ha sido que los empresarios se autonombran y nombran a sus familiares más cercanos en los cargos más altos en sus empresas con megasalarios para obtener grandes beneficios y pensiones de lujo al llegar a edad de jubilación.

La reacción de los que se manifestaron inicialmente contra las reformas fue como si éstas hubieran sido las típicas reformas neoliberales aplicadas en otros países, y que nosotros más bien estábamos rechazando al adoptar las que acabamos de explicar.

Las protestas fueron iniciadas y protagonizadas por los estudiantes universitarios, sobre todo de universidades privadas religiosas, subvencionadas por el Estado. En determinado momento adquirieron un carácter violento, con tranques en la carretera panamericana y otras acciones por el estilo, y al querer restablecer el orden la Policía, ésta fue atacada con morteros caseros, muy populares en Nicaragua desde las luchas contra el neoliberalismo encabezadas por el FSLN.

Vale la pena destacar que las universidades más beligerantes fueron: la Universidad Centroamericana (UCA), de los jesuitas; y la Universidad Politécnica (UPOLI), propiedad de una iglesia protestante con sede en Estados Unidos.

Como contraparte y ante la escalada violenta, se movilizó la Juventud Sandinista, organizada en los barrios populares y en las instituciones del Estado, y hubo más choques violentos. La escalada fue en aumento y luego, sorprendentemente se sumaron pobladores de los barrios populares.

El siguiente nivel fue el de las protestas generalizadas en diversos puntos de varias ciudades, que se vio acompañado de asaltos e incendios de locales representativos del sandinismo e instituciones del Estado, y a casas de sandinistas, así como saqueos a supermercados y a bodegas, entre ellas en la que se guardaba todo el medicamento de los asegurados. En estos actos delictivos había quienes convocaban personas en barrios pobres y luego las lanzaban al saqueo.

Los trabajadores del Estado se movilizaron a defender sus instituciones, haciendo guardias nocturnas, lo cual tuvo excelentes resultados, destacándose la valentía de los trabajadores del INSS, que no permitieron a los grupos violentos anti-reforma penetrar en sus instalaciones.

La Policía actuó de forma prudente, pero era imposible evitar escenarios de represión, ya que es su naturaleza y no se podía permitir la destrucción del país. Incluso en el momento culminante de los hechos, hubo que movilizar al Ejército a custodiar las instituciones.

Producto de los enfrentamientos, pero sobre todo entre manifestantes anti-reforma y manifestantes pro-reforma, hubo alrededor de veinticinco muertos, incluyendo policías, un periodista del canal 6 (sandinista), varios jóvenes de la Juventud Sandinista y universitarios que participaban en la protesta. Tal como sucede en otras experiencias (caso Venezuela), la derecha utiliza estos muertos para exacerbar ánimos en contra del gobierno y la Policía.

Ninguna organización política, social ni gremial se atribuyó la dirección de las protestas, aunque fueron apoyadas públicamente por el COSEP, algunos jerarcas de la Iglesia Católica y los partidos de la derecha (los mismos que negaron a los trabajadores sus derechos cuando eran gobierno).

A pesar de la aparente falta de dirección de las protestas, llama poderosamente la atención que hubo una coordinación perfecta, acciones sincronizadas y del mismo tipo en todas partes, como si ya hubiera algo preparado, listo a ser activado cuando las condiciones fueran propicias. Esto tiene algo que ver con la cultura militar de la sociedad nicaragüense, pero indudablemente hay un formato preparado, que en nuestro caso fue especialmente agresivo posiblemente por las características de solidez y estabilidad que nuestro proceso ha presentado hasta ahora y que se está restableciendo.

En su primera comparecencia, el Comandante Presidente Daniel Ortega anunció el restablecimiento de la negociación tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios, para revisar las reformas. En su segunda comparecencia, el Comandante anunció la derogación de las reformas para crear condiciones más favorables al diálogo, que inicia el día de hoy con participación del gobierno, los trabajadores, la empresa privada y la Iglesia Católica, cuya incorporación era una exigencia tanto de los empresarios como de los estudiantes.

Es importante el hecho de que el Comandante Presidente Daniel Ortega en su segunda comparecencia haya estado acompañado de empresarios representativos de los inversionistas extranjeros en Nicaragua, dando así una señal de solidez y estabilidad a los agentes económicos nacionales e internacionales.

En estos momentos ya la violencia ha cesado y sólo se mantienen pequeños focos sin mayor impacto, y las fuerzas sandinistas hemos pasado a la ofensiva. Por su parte, el pueblo sin distinción política se ha organizado espontáneamente para enfrentar los saqueos.

Hasta aquí nuestro informe. Saludos afectuosos;

Fraternalmente,

Secretaría Internacional FSLN