En el marco del desarrollo de un encuentro nacional sobre niñez, el PCCH entregó importantes planteamientos tanto al conjunto de la colectividad como a la sociedad en su conjunto. Es así como Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social, la diputada Karol Cariola, la abogada Mabel Peñaloza y la diputada Camila Vallejo junto a profesionales y especialistas del área desarrollaron los siguientes planteamientos sobre la  urgente problemática de la niñez y las políticas del actual gobierno que ponemos en conocimiento:

 Lo urgente debe estar de la mano de lo muy importante

• Explicitar la Garantías Universales en materia de Niñez, en base a derechos humanos de primera (civiles y políticos), segunda (económicos, sociales y culturales) y tercera (justicia, paz y solidaridad) generación.
• Sistema que conjuga derechos universales en niñez con provisión de políticas sociales. Enfrentando y corrigiendo la altísima correlación pobreza y desigualdad con vulneración de derechos.
• Protección Administrativa y Protección Especializada: Intervención oportuna, expresado en un sistema que actúa desde la garantía universal hacia la intervención focalizada, y que interrumpe la vulneración y restaura el derecho de manera oportuna. Esto se expresa en la secuencia:

Prevención: provisión de derechos social. Promoción: en poblaciones de riesgo. Protección: de niños y niñas vulnerados.

Propuestas legislativas y de políticas públicas:

1. Establecer la suma urgencia para legislar la Ley de Garantías de la Niñez (ley marco), la que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado para ser votada en particular.

Es prioritario que la nueva política pública en materia de niñez se oriente a establecer garantías universales para todas y todos los niños de nuestro país, asegurando posibilidades de desarrollo integral, protección y oportunidades de tener una vida plena, generando los apoyos que las familias requieren para que los niños y niñas vivan sin riesgos ni limitaciones en su desarrollo.

La política pública en niñez cuando se edifica exclusivamente desde la noción de focalización acentúa la pobreza y la desigualdad en una proporción y número significativo de niños, de lo anterior es precondición contar con un modelo territorial de Protección Administrativa y de un reequilibrio de las competencias entre la acción de Tribunales de Familia y de la Administración del Estado, que aseguren la provisión de derechos sociales

La ley de garantías es una legislación indispensable para legislar nuevas leyes, que fortalezcan el enfoque de derechos en los niños de nuestro país. Nuevas legislaciones en Adopción, Reforma a Tribunales de Familia o adecuatoria a Ley de Subvenciones (20.032) requieren de una ley de garantías que proporcione un catálogo amplio de derechos de primera, segunda y tercera generación y de  definiciones jurídico- conceptuales sobre niñez que actualmente no están consagrados en nuestra legislación.

2. Establecer suma urgencia tanto para el proyecto de ley de Servicio de Protección Especializado como para el proyecto de Ley de Servicio de Reinserción Social Juvenil que se encuentran en trámite legislativo en ambas Cámaras. Es prioritario contar con un sistema de protección especializado que dé cuenta de las necesidades especiales de intervención que requieren los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos o que viven en situaciones de riesgo. Dicho sistema debe contar con suficiente regulación y fiscalización tanto para los organismos de administración directa del Estado como para los organismos colaboradores, con un sistema de acreditación que asegure la calidad de los programas y de los modelos de intervención, centrando la atención en el niño o niña y su grupo familiar; así mismo y tal como lo establece el proyecto de protección especializada se debe establecer un Registro Especial de la trayectoria de vida de los niños que permita intervenir oportunamente.

Ambos proyectos se deben legislar de manera simultánea, para no postergar su implementación.

El actual proyecto de incremento de subvención en un 25% para organismos colaboradores, presentado por el actual gobierno no establece estándares de regulación y fiscalización, por lo que su legislación no puede anteponerse a la legislación de los nuevos servicios propuestos.

3. Establecer mecanismos de eficaces y permanentes para que los niños y niñas y sus organizaciones participen y sean escuchados en las políticas que afectan sus derechos. Lo anterior incluye tanto a los niños en general como a aquellos que son sujetos de medidas de protección especializada.

Es esencial contrarrestar la mirada adulto-céntrica que niega o limita la capacidad de los niños primero de ser oídos y luego de incidir, generando mecanismos en la nueva institucionalidad que canalice una participación activa.

4. Fortalecer la operación de los actuales programas de SENAME, previo a la nueva institucionalidad que lo reemplace (dos nuevos servicios), expresado en la evaluación de todos los programas, sean en modalidad residencial como en modalidad ambulatoria. Esto como precondición para el aumento de recursos por parte del Estado. Tiempo estimado de ocho meses.
5. Orientación prioritaria del Ministerio de Desarrollo Social y de la Subsecretaria de la Niñez para el diseño e implementación de nuevos estándares de funcionamiento e intervención de todos los programas sociales en niñez, sean de Administración directa del Estado o de Organismos Colaboradores y que son indispensable para establecer un nuevo modelo de intervención que ponga al centro el interés superior de los niños, mediante políticas públicas integrales de interrupción de vulneración y restauración de derechos.

Esta es una atribución establecida en la ley que crea la Subsecretaria de la Niñez, tarea que debiese ocupar seis meses y con rendición ante el Congreso.

6. Diagnóstico completo sobre eventuales vulneraciones y situación psicosocial de cada niño y niña de derechos en residencias de OCAS (Organismos Colaboradores). Los informes elaborados por el Congreso y las evaluaciones realizadas para establecer las graves vulneraciones de niños y niñas, se han centrado en organismo de administración directa del Estado, no así en organismos colaboradores, no teniendo claridad sobre la realidad de los niños y niñas en dichas instituciones.

Trabajo que debe ocupar un tiempo de cuatro meses con rendición ante el Congreso.

7. Diseño de un robusto programa de desinstitucionalización de niños en residencias de SENAME, tanto en residencias de administración directa como en organismos colaboradores, enfatizando Residencia en Familias de Acogida como modalidad de protección preferencial en el caso de niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos y es perjudicial para su cuidado y bienestar que vivan junto a su familia de origen o familia extendida. Programa que debe tener una evaluación semestral.
8. Fortalecimiento de Chile Crece Contigo desde los 5 a los 9 años de edad, ampliando la cobertura mediante la protección en el sistema escolar en articulación con el MDS. Chile Crece Contigo ha demostrado ser un subsistema de protección social altamente preventivo y de carácter sistémico que junto con generar intervenciones que acentúan el bienestar y oportunidades de desarrollo de los niños propicia cambios culturales y normativos que aseguran una crianza respetuosa en niños y niñas. De lo anterior, sus ampliación debe ser una centralidad para en el ejercicio de derechos sociales de la niñez.

Tiempo estimado para implementación en ley de presupuesto 2019.

9. Creación de un completo programa de Salud Mental, de carácter nacional, en base a un nuevo modelo de intervención, que articule de manera especializada la protección especializada de niñez con el sistema primario, secundario y terciario de salud en niños pertenecientes a residencias y programas ambulatorios.

En Chile de acuerdo al anuario de SENAME de 2016, aproximadamente 151.000 niños y niñas presentan cobertura en programas ambulatorios y de residencia del SENAME, siendo los modelos de salud mental una de las principales debilidades de los procesos de reparación considerando aritméticas de intervención no compatibles con la realidad de los niños y familias que han experimentados vulneraciones de derechos.

Tiempo estimado para implementación en ley de presupuesto 2019.

10. Creación de un programa nacional de acompañamiento especial al niño y su familia entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social para escolarización de niños y niñas menores de 18 años que no estudian ni trabajan NINIS (estimado en 72 mil niños). Considerando la necesidad de establecer una modalidad especial de ingreso y matriculas.

Tiempo estimado para implementación en ley de presupuesto 2019.

Partido Comunista de Chile

Comisión Nacional de Niñez