Valparaíso, 1 de septiembre de 2026.- Un grupo de diputados y diputadas de oposición, encabezados por el diputado Luis Cuello (PC), presentó un requerimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que el organismo internacional se pronuncie sobre la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, advirtiendo que la iniciativa pone en riesgo derechos fundamentales, altera principios esenciales del sistema democrático y otorga poderes extraordinarios al Presidente para restringir garantías fundamentales.
La presentación fue suscrita por los diputados y diputadas Luis Cuello (PC), Lorena Pizarro (PC), Nelson Venegas (PS), Patricio Pinilla (DC), Daniela Serrano (PC) , Juan Santana (PS), , Bernardo Salinas(PC), Carlos Cuadrado (PPD), Nathalie Castillo (PC) y Jaime Bassa (FA). En el documento solicitan a la CIDH analizar la reforma y emitir un pronunciamiento debido a sus impactos sobre los derechos humanos y la institucionalidad democrática.
Entre los principales cuestionamientos, los parlamentarios advierten que la propuesta crea un nuevo estado de excepción constitucional que permite al Presidente restringir derechos fundamentales e interceptar comunicaciones, además de facultarlo para declarar agrupaciones como organizaciones terroristas o de crimen organizado. A juicio de los firmantes, estas atribuciones afectan el debido proceso, el derecho a defensa y la separación de poderes, poniendo en riesgo principios esenciales del sistema democrático.
El impulsor de la acción, diputado Luis Cuello (PC), señaló que “es una reforma que contiene elementos graves desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos y también una reforma que altera de forma sustantiva el régimen democrático, en tanto otorga facultades y poderes extraordinarios al Presidente de la República para restringir garantías fundamentales”.
“Esta reforma no solamente es contraria a la Constitución, sino que también vulnera los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile y, en particular, la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por esto que vamos a remitir una comunicación, un requerimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita un pronunciamiento, para poder alertar que en Chile se está debatiendo, se está presentando una reforma que, en definitiva, lo que busca es instalar un régimen de facto”.
“Creo que ya es momento de dejar de hablar con eufemismos. Esta reforma lo que hace es habilitar una dictadura constitucional y, por lo tanto, creo que hay que hablar claramente a la población, claramente a América Latina”, agregó Cuello.
Por su parte, el diputado Nelson Venegas, subjefe de la bancada del Partido Socialista (PS), sostuvo: «El estado de excepción constitucional que se está proponiendo sobrepasa todos los límites de cualquier estado de excepción que existe en cualquier país democrático. Compartimos la preocupación por el tema de la seguridad, pero lo que aquí se está tratando de generar con esta medida no es otra cosa que habilitar instituciones o leyes que en el futuro podrían desviarse para legitimar conductas absolutamente dictatoriales. Y es eso lo que estamos reclamando, no sólo porque pudiera ocurrir en este gobierno, sino que en cualquier gobierno en el futuro se estaría generando una legislación que permitiría socavar derechos fundamentales y eso no puede ser permitido y por eso que estamos dando cuenta de esta situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
En tanto, la diputada Lorena Pizarro (PC) señaló: “Esta propuesta de reforma constitucional es una agresión a la democracia y desnuda el tipo de gobierno que tenemos. Por lo tanto, quiero decir, que lo que estamos haciendo es demandar un pronunciamiento de la Comisión Interamericana en relación a lo que es la defensa de la democracia en Chile”.
Asimismo, el diputado Patricio Pinilla (DC) indicó: “La democracia, los derechos humanos y la seguridad no son valores incompatibles, no son temas que tienen que contradecirse unos con otros. Muy por el contrario, creemos que deben estar profundamente relacionados; unos no pueden ceder en función de los otros.
Que un Presidente de la República pueda poner un perímetro en una villa, en un barrio, durante 240 días, restringiendo derechos tan importantes como la posibilidad de requisar bienes, interceptar comunicaciones o frenar o limitar fuertemente el derecho a movilización, es absolutamente exagerado”.
Mientras que el diputado Jaime Bassa (FA) afirmó: “Nosotros entendemos que a este Gobierno de extrema derecha no le importan los derechos humanos. Ha estado dispuesto históricamente a pisotearlos y estamos viendo que sigue disponible para pisotear los derechos humanos, operando incluso por debajo del estándar de la Constitución de la dictadura.
Nos parece que ese es un límite infranqueable y que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le va a poner un límite al Presidente de la República. Porque para nosotros los derechos humanos son importantes: son los derechos de nuestro pueblo, de la gente trabajadora, de los emprendedores, de las mujeres, de los niños, de los hombres. Y no vamos a permitir que un gobierno autoritario de extrema derecha pretenda operar incluso por debajo del estándar constitucional de la Constitución de la dictadura para seguir pisoteando los derechos humanos”.
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