Desde el primer día de este gobierno hemos sido una oposición dispuesta al diálogo y a trabajar por el crecimiento de Chile, especialmente en materia de empleo. Sin embargo, nos hemos encontrado con un Ejecutivo cerrado a toda propuesta orientada a beneficiar a las y los trabajadores del país, mientras protege los intereses de las grandes empresas. Esa lógica queda también de manifiesto en la reforma laboral presentada por el gobierno.
Si realmente existiera voluntad de avanzar en crecimiento y seguridad, el Ejecutivo habría impulsado la apertura del debate legislativo sobre levantamiento del secreto bancario y una inversión decidida en la modernización de las policías y de las instituciones encargadas de la persecución penal. En cambio, una de sus primeras decisiones fue intentar recortar en un 3% el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, y recién ahora, tras cinco meses de gestión, presenta un primer esbozo de plan en esta materia.
*Sobre la agenda de seguridad anunciada*
Chile necesita una política de seguridad firme, democrática y eficaz. Las familias tienen derecho a vivir sin miedo, recuperar sus barrios y contar con un Estado capaz de enfrentar al narcotráfico, las bandas criminales, los homicidios, las extorsiones y el uso de las cárceles como centros de operación del delito.
Por ello, estamos disponibles para discutir todas las medidas que permitan fortalecer la inteligencia criminal, perseguir el dinero del narcotráfico, mejorar la coordinación entre policías y fiscalías, ejercer un control efectivo de las cárceles y entregar mayores capacidades preventivas a los municipios y las comunidades.
Sin embargo, la seguridad no puede convertirse en una excusa para confundir el crimen organizado con la protesta social, ni para transformar derechos sociales en beneficios que el gobierno pueda entregar o retirar según su conveniencia. La gratuidad en la educación, las pensiones y los subsidios habitacionales no son favores presidenciales, son derechos conquistados.
Antes de impulsar una reforma constitucional, el gobierno debe presentar el contenido preciso de su propuesta, explicar qué problema concreto busca resolver, entregar evidencia sobre su efectividad y establecer garantías claras que impidan la arbitrariedad y la discriminación.
*Nuestra posición*
Reafirmamos nuestra convicción de actuar con firmeza contra el crimen organizado, proteger a las víctimas, respaldar el trabajo profesional de las instituciones y resguardar plenamente los derechos humanos y las garantías de las personas. Chile necesita seguridad con resultados, no una nueva disputa ideológica construida sobre el miedo. Como hemos señalado: los delincuentes deben perder su impunidad; los ciudadanos no deben perder sus derechos.
Las medidas anunciadas hasta ahora no entregan certezas en materia de empleo ni de crecimiento económico. Por el contrario, el crecimiento sigue siendo una promesa basada en la esperanza y las expectativas, mientras que un plan de seguridad recién comienza a presentarse después de cinco meses de gobierno.
José Antonio Kast se preparó durante doce años para llegar a la presidencia y al momento de gobernar, no ha sido capaz de presentar un programa real para impulsar el crecimiento, el empleo y la seguridad. Chile no puede seguir viviendo de la esperanza ni de las expectativas.
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- Partido Comunista de Chile
06 de agosto de 2026
- Partido Comunista de Chile
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