En la sede del Partido Socialista, los secretarios y secretarias generales de los partidos de oposición sostuvieron una reunión con centros de estudio y economistas, con el objetivo de analizar las propuestas del Ejecutivo en materia económica, las que han sido calificadas como una “reforma tributaria encubierta”, presentada bajo la denominada “ley miscelánea” o “ley de reconstrucción”.
La instancia se enmarca en una serie de encuentros de coordinación política y técnica impulsados por la oposición, en medio de cuestionamientos al gobierno por la falta de presentación formal del proyecto anunciado.
Tras la reunión, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, centró sus críticas en la ausencia de un texto concreto y en lo que calificó como una instalación anticipada de un debate sin contenido.“Lo primero es que el gobierno cumpla con lo básico. Le dijo a Chile que va a presentar una reforma, que hasta el día de hoy no presenta”, sostuvo, marcando el tono de la oposición frente al escenario actual.
En esa línea, enfatizó que cualquier pronunciamiento debe basarse en información concreta: “Nosotros lo que esperamos es conocer el texto, sobre ese texto nos vamos a pronunciar”, agregando que resulta improcedente exigir definiciones sin que exista un proyecto formal.
Figueroa también cuestionó el enfoque comunicacional del Ejecutivo y el emplazamiento hacia la oposición, señalando que el foco del debate está mal planteado: “Es absurdo que discutamos hoy día cuál va a ser la posición de la oposición cuando aquí el emplazado es el gobierno”.
Asimismo, desmintió que exista un consenso en torno a rebajas tributarias sin compensación, apuntando directamente al relato oficial: “Le están mintiendo a los chilenos y chilenas cuando les dicen que todos queríamos rebajar impuestos porque eso no es verdad”.
La dirigenta insistió en la necesidad de transparencia y diálogo político amplio, acusando falta de disposición por parte del Ejecutivo: “No se puede decir en una cadena nacional que quien rechace este proyecto es obstruccionista cuando ni siquiera han tenido la voluntad de conversar con todas las bancadas”.
En ese contexto, reiteró que la prioridad es que el gobierno cumpla con el envío del proyecto y abra espacios de conversación: “Nuestra primera invitación es a que el gobierno cumpla con el envío del proyecto y ojalá además se abra a dialogar con todas las bancadas”.
Junto con ello, Figueroa destacó el trabajo de articulación que está desarrollando la oposición tanto a nivel político como técnico, señalando que estas coordinaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de fortalecer una postura común.
Desde el equipo económico que asesora a la oposición, el economista Luis Eduardo Escobar planteó que, a partir de los anuncios conocidos, existen preocupaciones significativas en distintos ámbitos. En términos generales, advirtió que la propuesta tendría efectos negativos en las finanzas públicas, al tiempo que implicaría una redistribución de ingresos favorable a los sectores de mayores ingresos.
Además, sostuvo que las medidas anunciadas no tendrían un impacto real en la generación de empleo, operando más bien como subsidios a empresas sin exigencias concretas, y alertó sobre el debilitamiento de herramientas clave para la capacitación y reinserción laboral. También expresó reparos frente a la eventual venta de activos estratégicos, en un contexto de estrechez fiscal.
Por su parte, el economista Osvaldo Rosales cuestionó los fundamentos teóricos de la propuesta del Ejecutivo, particularmente en relación con la rebaja de impuestos a los sectores de mayores ingresos. “No hay ninguna experiencia donde la rebaja de impuestos corporativos haya generado incrementos sustantivos en el crecimiento y en el empleo”, afirmó, señalando que este tipo de medidas ha sido ampliamente desmentido por la evidencia empírica.
Asimismo, advirtió sobre los efectos macroeconómicos que podría generar la implementación de estas políticas sin mecanismos de compensación: “Esto va a significar mayor déficit fiscal, mayor deuda pública (…) es una bomba de tiempo que podría amenazar la economía chilena”.
Finalmente, desde la oposición recalcaron que el debate debe darse con información clara y sobre la base de un proyecto concreto, insistiendo en que hasta ahora el Ejecutivo no ha generado las condiciones mínimas para una discusión democrática y transparente.
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