La jefa de bancada del PC e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados cuestionó la inciativa del ejecutivo que pretende la revisión de mochilas, artículos personales y negar la gratuidad universitaria a estudiantes que sean sancionados por manifestaciones.
“Uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto es que delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa, es decir, aquellos estudiantes que legítimamente se pongan a servicio de una movilización estudiantil, ya le estaríamos restringiendo el derecho a la gratuidad. Aquellos profesores y profesoras que legítimamente estén demandando incluso mejoras salariales, que estén demandando mayores infraestructuras en sus colegios, también estarían atentando contra la convivencia educativa. Esto es un proyecto que castiga principalmente a los y las estudiantes más pobres, no se hace cargo del conflicto, enfrenta profesores y estudiantes y por otra parte también es el gusto ideológico de este gobierno, es decir, un proyecto contra cualquier tipo de movilización estudiantil”
“Nosotros sabíamos de las pretensiones que tenía este gobierno, primero no hacerse cargo con mayor inversión pública de un problema que sin duda es sistemático, pero por otra parte reviste lo que realmente quiere este gobierno que es cortar beneficios sociales. Lo hicieron en reiteradas ocasiones, intentaron hacerlo en la ley de presupuestos, muchas veces pusieron restricciones que son inconstitucionales, que las llevamos al tribunal constitucional de estos tipos de requisitos para acceder a la educación superior y hoy día quieren pasarlo bajo una ley de la república que es permanente”.
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