La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, cuestionó duramente la decisión del gobierno de retirar el proyecto de negociación ramal, calificándolo como un retroceso significativo en materia de derechos laborales y una señal preocupante para las y los trabajadores del país.
Figueroa advirtió que esta medida afecta directamente el fortalecimiento de la organización sindical y frena el debate democrático, al impedir la continuidad legislativa de una iniciativa que ya había sido aprobada en su idea de legislar.
En esa línea, sostuvo que el retiro del proyecto forma parte de un conjunto de decisiones que evidencian una priorización explícita de los intereses empresariales por sobre las necesidades de las familias trabajadoras. “Se promueve la negociación individual por sobre la colectiva, debilitando a los trabajadores frente a sus empleadores”, afirmó.
La dirigenta también criticó la falta de diálogo del Ejecutivo con el mundo laboral, señalando que no ha existido una disposición real a escuchar a las y los trabajadores. “El gobierno debiese estar convocando al diálogo, por ejemplo en torno al salario mínimo, en lugar de avanzar en decisiones sin contrapeso”, planteó.
Asimismo, cuestionó que se busque impulsar un “shock de inversión” a costa de empleos más precarios y sin fortalecer la organización sindical. “Si se plantea generar más trabajo, perfecto, pero que no sea a costa de los trabajadores”, enfatizó.
Figueroa advirtió además que decisiones como el retiro del proyecto no fueron conversadas previamente con las organizaciones sociales, incluyendo la CUT, cuyos representantes se enteraron por la prensa.
“Este tipo de medidas no solo debilitan los derechos laborales, sino que también afectan el debate democrático. El proyecto de negociación ramal se discutió de manera tripartita y ya había avanzado en el Congreso. ¿Por qué no debatirlo?”, planteó en El Primer Café de Radio Cooperativa.
Finalmente, advirtió que, bajo el argumento de impulsar la inversión y el crecimiento económico, se están promoviendo medidas que flexibilizan las condiciones laborales y reducen derechos, lo que configura “un gobierno de alerta para las familias trabajadoras”. En ese contexto, hizo un llamado a fortalecer la coordinación de la oposición y a preparar instancias de movilización social, destacando el próximo 1 de mayo como un hito clave en la defensa de los derechos laborales.
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