El reciente martes 25 de febrero de 2025, el país sufrió el corte de suministro eléctrico más extenso y masivo de su historia, afectando a más de 19 millones de personas desde Arica hasta Puerto Montt. Este apagón, según información preliminar, fue causado por la falla en la operación de los sistemas de protección de la línea de transmisión Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, ubicada entre Vallenar y Coquimbo. Este incidente desencadenó una reacción en cadena, que unido a los múltiples problemas con el sistema de supervisión y control de plantas, generó un colapso generalizado. En definitiva, estamos frente a un problema general de planificación y gestión.
Los daños provocados por este apagón han sido enormes, no sólo desde el punto de vista económico y social, sino también humano. Millones de personas quedaron aisladas; se registraron riesgos graves para las familias; fallecieron tres personas electrodependientes; hubo incendios y pérdidas materiales debiéndose implementar un dispositivo de seguridad con presencia militar y toque de queda en algunas zonas.
Esta falla en un servicio básico y estratégico, como es la energía eléctrica, dejó en evidencia la fragilidad del sistema y su incapacidad para garantizar un suministro estable y seguro para la población, y el país en sus diversas actividades.
Como Partido Comunista de Chile, en primer lugar, solidarizamos con todas las personas afectadas, especialmente con los sectores más vulnerables de nuestra población, quienes, como siempre ocurre en estas catástrofes, son los más perjudicados. Se requiere que cada una de las personas y familias afectadas, sea indemnizada considerando las pérdidas y daños que sufrieron.
También expresamos nuestra solidaridad con los y las trabajadoras del sector eléctrico que reestablecieron el servicio de la manera más pronta posible y de otros sectores esenciales como el transporte, la salud, a quienes dependen del agua potable rural (APR) que quedaron sin éste suministro además, entre otros, que de manera abnegada afrontaron esta emergencia en las circunstancias adversas antes descritas.
Es imprescindible investigar de inmediato las causas de esta falla, fiscalizar, determinar las responsabilidades y hacer valer las sanciones correspondientes.
Sin embargo, este hecho no es un evento aislado. Basta recordar los apagones sufridos en inviernos anteriores debido a condiciones climáticas adversas, como lluvias y temporales, así como otras fallas recurrentes en el sistema eléctrico. Lo que este apagón refleja es un sistema eléctrico frágil, vulnerable y descoordinado, incapaz de responder ante emergencias y sin planes de contingencia adecuados.
El problema de fondo radica en que tenemos un sistema eléctrico fraccionado, privatizado en su generación, transmisión y distribución, donde diversas compañías, muchas de ellas transnacionales, priorizan el lucro económico y la rentabilidad por sobre el bienestar general del país. Este modelo ha demostrado ser incapaz de garantizar un servicio eléctrico confiable y accesible para todos los chilenos, y ha dejado al país expuesto a crisis recurrentes como la que vivimos el 25 de febrero. Hubo una falla en el sistema de transmisión; posteriormente una falla en el sistema de control de la transmisión y también en las partidas inmediatas de la centrales de generación.
Si bien contar con más infraestructura de transmisión y almacenamiento ayudaría a tener un sistema más robusto, que pueda tener más alternativas de conexión ante una emergencia, no es cierto que el problema se haya producido por falta de infraestructura energética, y se ha utilizado en forma tergiversada este asunto para criticar y responsabilizar al gobierno y a la institucionalidad ambiental. En el gobierno del Presidente Boric, la inversión en energía ha sido de un 30% mayor al período del gobierno precedente.
La energía es un elemento estratégico fundamental para el desarrollo del país, la soberanía nacional y la estabilidad geopolítica. En particular, la energía eléctrica es hoy más importante que nunca, ya que es clave para la transición energética que nos permitirá dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar hacia fuentes renovables, como la hidroeléctrica, solar y eólica. Sin embargo, este desafío requiere un sistema eléctrico robusto, planificado y con control público, algo que el actual modelo privatizado, fraccionado, no puede ofrecer. La energía es un bien público estratégico, un derecho de los ciudadano/as, y no sólo una simple mercancía para transar en el mercado.
Es momento de que, como país, llevemos a cabo una revisión profunda del sistema eléctrico nacional. Debemos retomar la visión estratégica que inspiró iniciativas como el Plan Nacional de Electrificación impulsado durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que incluyó la creación de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), el establecimiento de los sistemas interconectados y la construcción de un sistema de generación, transmisión y distribución con protagonismo y control del Estado. Hoy, más que nunca, Chile necesita un sistema eléctrico que priorice el bien común sobre el lucro privado.
Es urgente, y necesario, que sea aprobada con urgencia, y por el bien del país y sus habitantes, el proyecto de ley presentado en agosto de 2024 por la Bancada del Partido Comunista, para la creación de la Empresa Chilena de Electricidad, que permita soberanía y seguridad energética, en un asunto de tanta sensibilidad para el país.
La transición energética que el país requiere demanda un protagonismo del Estado, con participación y control público del sistema eléctrico. El actual modelo privatizado ha demostrado ser insuficiente y estar ajeno a los desafíos que el país enfrenta. Es hora de avanzar hacia un sistema eléctrico público, planificado y al servicio de las necesidades de todos los chilenos y chilenas.
COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
MARZO 1 DE 2025
77,232 total views, 2,980 views today
