[Documento] Convocatoria XXVI Congreso Nacional Partido Comunista de Chile: En el cincuentenario de la Unidad Popular, junto al pueblo, pensando y construyendo el futuro de Chile

CONVOCATORIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE:

EN EL CINCUENTENARIO DE LA UNIDAD POPULAR, JUNTO AL PUEBLO, PENSANDO Y CONSTRUYENDO EL FUTURO DE CHILE.

El Comité Central del Partido Comunista de Chile, convoca al partido y la juventud; a las amigas y amigos de los comunistas; al Pueblo de Chile, a participar activamente en nuestro Congreso Nacional.

Con este objetivo, entrega esta Convocatoria y propone los temas al debate en todas las instancias partidarias, así como los espacios abiertos a quienes se interesen en conversar; discutir y proponer junto a las y los comunistas.

Iniciamos, y viviremos nuestro principal evento partidario, en medio de la histórica y trascendental lucha por ganar el plebiscito, que no puede postergarse ni dejarse de lado. Es indispensable nuestra presencia, con todo el cuerpo en la lucha ideológica; en la propaganda; en los casa por casa; en los banderazos; en los volantes y murales; en las caravanas; en la acción por redes y otras formas de comunicación; y en la necesaria defensa del voto.

Es una responsabilidad que el partido debe asumir a plenitud.

Es necesaria una victoria contundente, con un amplio margen de respaldo al   Apruebo una Nueva Constitución, y de la Convención Constitucional; porque ese resultado será muy determinante en los procesos venideros, que tienen que ver con el futuro institucional del país; con nuestra sociedad; el carácter del Estado y los derechos de las personas; y la decisiva participación creciente del Pueblo.

Este año se cumple el Cincuentenario del triunfo de la Unidad Popular, con Salvador Allende.  Nos manifestamos dispuestos a mantener y asumir su legado, ofrendando, tras los objetivos de este periodo, toda nuestra ética y moral política, siguiendo el ejemplo de los que lograron esta victoria histórica y después asumieron la lucha contra la dictadura. Lucha heroica, que ha marcado y seguirá marcando a las generaciones venideras, sobre la cual debemos seguir conociendo y aprendiendo.

La Unidad Popular es un proyecto histórico inconcluso; pero no derrotado. Fue detenido por un golpe de estado terrorista; cívico-militar. Pero como le señalara Salvador Allende en su último discurso en La Moneda, no se detienen los procesos de transformación ni con las armas, ni con la represión; al tiempo que vaticinó que el Pueblo abrirá las grandes alamedas…como hoy ocurre cuando millones se movilizan por las calles y plazas de todo Chile.

Nuestro Congreso Nacional se realiza en medio de la Pandemia de COVID – 19, cuya salida es aún impredecible. La Pandemia ha acentuado a niveles históricos, por su profundidad y magnitud, la crisis económica y social que estuvo en la base del histórico estallido social del 18 de octubre del año pasado.

La pérdida de empleos para casi tres millones de trabajadores y trabajadoras crea un cuadro muy complejo para la mayoría de las familias chilenas.  Aumenta las tasas de pobreza y desigualdad, y provoca una profunda desesperanza, ante la indolencia con que se han tratado los temas sociales.

Las medidas anunciadas, y las puestas en práctica, por el gobierno, no cumplen con las expectativas y necesidades de la población. La crisis recae principalmente sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras, mientras el gobierno privilegia y defiende los intereses de las grandes empresas y fortunas, muy acorde con el modelo neoliberal, que pretende mantener incólume, a pesar de las manifestaciones de cientos de miles y millones de personas exigiendo reformas estructurales y un cambio de constitución y de modelo.

Como nunca antes emerge con tanta claridad la contradicción entre neoliberalismo y democracia.

El neoliberalismo anula la posibilidad de fortalecer la democracia: una democracia más igualitaria, participativa, inclusiva y realmente representativa. El neoliberalismo no garantiza derechos, ni pone, en el centro del desarrollo económico, la creación de puestos de trabajo y sueldos dignos. Anula el papel del estado, le asigna el carácter de subsidiario y de ente represor de las demandas populares. En los hechos no existe un estado solidario, rector del desarrollo del país; todo queda concentrado en manos de la gran empresa privada y entes financieros, haciendo del lucro su principal objetivo. Hasta los servicios esenciales se rigen por la norma de la mayor ganancia. Aparece nítidamente, como el carácter social de la producción se contradice con la forma de apropiación privada de los beneficios y como el capital acumula más capital a costa de la subvaloración de la fuerza del trabajo, expresada en salarios que, para más del 50% de los chilenas y chilenos, está por debajo de la línea de la pobreza.

Cada vez más la confrontación política, ideológica, social y cultural se da como una lucha entre los que defienden el modelo, la actual constitución pinochetista y la institucionalidad que lo sustenta, y un pueblo que lucha y alza su voz potente, cada vez más consciente de la necesidad de buscar nuevas formas de entender la sociedad, la política y la economía.

Como nunca hasta ahora se ha llegado a una situación tan clara de que es posible avanzar hacia cambios constitucionales y del modelo. El pueblo ha impuesto un proceso constituyente que la derecha quiere por todos los medios amañar, para frenar los cambios. Otros quieren apropiarse del proceso, concentrando su dirección hegemónica en desmedro de la soberanía popular.

Nuestra idea central del periodo, nuestra tesis principal, es que la persistencia de la lucha del pueblo de Chile, entendiendo el momento como un punto de inflexión, puede constituir una derrota de magnitudes estratégicas al neoliberalismo y la derecha en nuestro país, abriendo un ciclo de transformaciones profundas en base a un movimiento social organizado; protagónico y deliberante.

Es evidente que lograr concretar las demandas y objetivos ya enunciados por el pueblo soberano, sólo será posible con su participación activa, y a la ofensiva.

El movimiento social, los sindicatos, y las múltiples y diversas expresiones territoriales, son el gran actor de los cambios. Las organizaciones de trabajadores agrupados en la CUT, y la coordinación que se ha dado como Bloque Sindical, ha contribuido a establecer convergencias político-sociales y a orientar la dirección principal de la lucha en momentos claves, que sin duda obligaron a una concesión del gobierno, la derecha y los poderes fácticos, en la apertura a un proceso constituyente, que de ninguna manera se trata de una acción de generosidad gubernamental.

La convergencia que se ha producido, representada por la Mesa Social, cuenta con la participación de la CUT, de sindicatos y organizaciones de trabajadores; organizaciones feministas; de derechos humanos; de allegados y sin tierra por vivienda digna; de estudiantes; de organizaciones culturales y de artistas; de adultos mayores; de usuarios de la salud; de Pueblos Originarios y de medioambientalistas, entre otros no menos importantes. Se extiende por todo el país y ha mantenido su vigencia en actividades solidarias; de brigadas sanitarias; ollas comunes y también acciones de demandas comunales y nacionales sobre prevención sanitaria y la crisis social, como lo fue en la aprobación de la ley que permitió el retiro del 10% de fondos previsionales.

Y, sin duda, su papel en el proceso constitucional y futuras luchas, será primordial.

Es evidente que, ante esta irrupción del movimiento social amplio, trasversal, pero claro en sus demandas centrales, debe acentuarse un trabajo de alianzas políticas que no puede separarse, ni desentenderse, de esta nueva realidad. Pasa por la consolidación de un núcleo de partidos y movimientos unidos por este propósito.

Para el Partido Comunista de Chile, Unidad Para el Cambio y Chile Digno, constituyen un importante conglomerado de fuerzas políticas anti neoliberales y una expresión decisiva en las batallas que vienen, que se ha ido asentando en las regiones y comunas. Nuestra postura es la de avanzar junto al pueblo, fortaleciendo nuestra fuerza propia.

Teniendo a la mano los resultados del Plebiscito, se afinará las campañas electorales y se proyectarán hasta la campaña presidencial, para lo cual el Congreso establecerá las bases de un programa presidencial.

Iremos en lista de concejales con UPC. Como Chile Digno, llevamos dos listas a concejales y discutimos elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldes. En algunos casos por omisión y en otros se abren posibilidades de primarias.

El Plebiscito y el proceso constituyente lo enfrentaremos como Chile Digno, incluyendo en ello listas a constituyentes. No obstante, se han producido acuerdo del conjunto de la oposición para nominar a los apoderados de mesa para el Apruebo, uno por mesa.

La creciente incidencia social y política del partido se expresa en una definida posición respecto del mundo social y sus demandas; en el posicionamiento expectante del compañero Daniel Jadue en todas las encuestas presidenciales; encuestas en las que también el partido ha mejorado en el ranking. Se incrementa la presencia de muchas dirigentas y dirigentes sindicales y sociales de nuestras filas, de concejales y cores, así como proyectos impulsados por la bancada del partido. También aumenta el que hacer emblemático de nuestros/as artistas; la expresión juvenil de nuestra militancia (JJCC); y las relaciones entabladas con partidos de UPC y Chile Digno.

Teniendo en cuenta esta potencialidad del partido, haciendo valer su peso cuantitativo y cualitativo, seguiremos realizando conversaciones con todas las fuerzas de oposición con vistas, en primer lugar, a acuerdos por omisión. Considerando también la posibilidad de primarias, como un instrumento que potencie la unidad; las posiciones anti neoliberales y la derrota de la derecha.

Para cada proceso electoral nos planteamos puntos concretos. En la Municipal, el partido ya tiene un Programa y un conjunto de ideas que deben estar presentes en el Congreso. En la elección de gobernadores, las candidaturas serán inscritas junto a un programa de gobierno regional, el énfasis estará en nuestra política de descentralización del poder y todas ellas impregnadas con el sello que impongamos al proceso constituyente.

Tenemos que avanzar más en la nominación de candidatos y candidatas para todas las elecciones, para el Congreso Nacional deben estar ya las plantillas completas.

En cuanto a campaña presidencial, ante la creciente irrupción del compañero Daniel Jadue, han surgido varios nombres en la oposición. Ante tal florecimiento de candidaturas, previendo la posibilidad de una amplia victoria en el plebiscito, el partido, frente a las declaraciones de algunos conglomerados opositores de ir directo a la primera vuelta, debe mantener clara su disposición a primarias de toda la oposición. Es la mirada estratégica más consecuente teniendo en cuenta que el próximo gobierno tendrá que desplegar en todo su alcance la nueva carta fundamental, lo que no puede quedar en manos de la derecha.

En todo caso, el PC debe estar preparado para todas las variantes. Primero, extendiendo y diversificando el trabajo de Daniel Jadue. Segundo, avanzando en ideas programáticas de gobierno.

La lucha de este periodo, signada por la exigencia en todos los ámbitos de ampliación de derechos sociales y ruptura con los parámetros de convivencia neoliberal, refleja un potente cambio de era, con implicancias en la esfera cultural, social, política y económica, que demuestra el fracaso del neoliberalismo y a la vez, la exigencia social creciente y mayoritaria de que nuestro país se dote de un sistema político y económico que ponga al centro la dignidad humana.

Esta es la lucha de nuevas generaciones que se han formado en experiencias de enfrentamiento a las políticas neoliberales, pero también de generaciones que enfrentaron con decisión a la dictadura y vieron frustrados sus sueños de transformaciones estructurales, dado el carácter desmovilizador y excluyente de la transición política. El acumulado de experiencias de lucha ha permitido superar la fragmentación del enfoque post modernista que parcela la realidad y las exigencias sociales.

La persistencia de la pandemia y los riesgos persistentes de contagio acentúan los grados de incertidumbre en el plano del potencial de transformación de este proceso en marcha, pero todo periodo de transformaciones conlleva incertidumbre respecto del devenir de los cambios. Sin embargo, lo que caracteriza como rasgo central del periodo es la capacidad creciente del pueblo de Chile en su proceso de conciencia y movilización, que lo lleva a sobreponerse a condiciones completamente adversas. Una tendencia histórica de luchas sociales se abre camino para enfrentar las desigualdades profundas que asolan a nuestro país. Debemos luchar y trabajar para que esta tendencia se haga permanente, y sea factor principal de los cambios.

Hay indicios también, por otra parte, que sectores de derecha, contrarios al cambio de constitución y defensores de los privilegios de la minoría, mirando la historia, piensan que, como en otro momento, pueden, incluso, sobrepasar el estado de derecho y la actual constitución, en su afán de detener el proceso constituyente. 

La forma que adquirió la represión después del 18 de octubre; la violación generalizada de derechos humanos; la instalación de conceptos, bajo la excusa de enfrentar la violencia y la delincuencia, que son criminalizadoras de la demanda social; las cartas de ex generales hacia el interior de las Fuerzas Armadas empujándolas a una actitud deliberante, sin que ello reciba respuesta adecuada, ni del gobierno, ni del Ministro de defensa, ni de los altos mandos, crean confusión y en algunos sectores de la sociedad, temor. El Presidente ha expresado que el gobierno espera un estallido 2 y que ahora si está preparado, por el trabajo de los servicios de inteligencia, y por la detención de personas, sin explicar cuándo y cómo, ni cuál va a ser su forma de encararlo. El antidemocrático paro de camioneros, coludido totalmente con el gobierno, son una muestra clara de un camino autoritario que, en nuestro continente, ya se ha producido en varios países.

El pueblo de Chile ha demostrado que perdió el temor. Sin embargo, debe estar alerta y preparado. Cualquier intento de esa naturaleza debe recibir el repudio unánime de la sociedad. Actuando en el marco de la democracia, la manera de propinar una derrota política e ideológica a estos sectores, es seguir avanzando con fuerza por la senda de cambios y transformaciones políticas que cuestionan todas las estructuras e instituciones neoliberales, entre ellas los resabios de la doctrina de seguridad del estado y el enemigo interno. El espesor de los cambios políticos, la profundidad de la democracia, los alcances redistributivos, el carácter del Estado en la nueva constitución, el eje del nuevo modelo de desarrollo y la derrota de los intentos de subvertir esta tendencia, en buena medida depende de la conciencia y el protagonismo que alcancen los trabajadores y trabajadoras, y el ancho mundo que se ha abierto de convergencia popular y social.

HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

La sociedad chilena actual es heredera histórica y social de la crisis de 1973 y del Golpe de Estado del 11 de septiembre. Es una sociedad herida aun por una democracia cercenada y en la cual la reconquista de un sistema de partidos, que se repuso a partir de 1990, fue el primer paso en un incierto esfuerzo por crear una democracia post dictatorial.  Existieron en ese entonces, una serie de escollos o trabas anti democráticas impuestas por la Constitución de 1980, entre ellas, los senadores designados y vitalicios, el sistema binominal y los supra quórums. Sin embargo, pese a los cambios posteriores, el diseño post dictatorial llega a su fin y esa democracia tutelada del constituyente pinochetista, tocó su techo, o mejor dicho, su fondo, y vive una profunda crisis derivada de esas limitaciones anti democráticas y de las grandes desigualdades que genera debido a un sistema precario de derechos, el principio de Estado subsidiario y su incapacidad estructural de adaptarse a los cambios, buscando reiteradamente impedirlos.

La actual Constitución no cree en el pueblo. Y no lo quiere tampoco. El articulado expuesto en su capítulo primero expresa con claridad una profunda desconfianza hacia las aspiraciones populares y hacia el titular soberano. No reconoce la soberanía en el pueblo sino en la Nación. Esto constituye una nítida manifestación de la repulsión que siente. Cuando la Constitución expresa que nadie está por sobre ella, está reflejando una idea errada porque sí hay algo por sobre ella; la potestad constituyente, que es el poder de crear una Constitución. Ese poder, lo detenta sólo el pueblo. Esta omisión no es accidental ni casual, es una decisión política carente de ingenuidad, llena de intención y vacía de legitimidad.

En la sociedad en crisis que vivimos, predomina el individualismo con un Estado ausente y una socialización hegemonizada por una cosmovisión neoliberal, la que favorece las concepciones contrarias al bienestar, los derechos y la construcción de destinos y propósitos comunes. La crisis de este diseño radica en las bases conceptuales y prácticas de ese modelo mercantilista y excluyente que chocan, impiden y no responden a las aspiraciones populares. La rigidez jurídica y conceptual de la Constitución de 1980 no le permite ofrecer alternativas para encausar nuevas propuestas y soluciones. Por ese motivo, no bastan las reformas constitucionales y esta incapacidad de asumir un rol de pacto de convivencia reconocido por todos sus habitantes, se traduce en una desafección política con esa normativa legal ilegítima.

Una manifestación de lo anterior es que el proceso constituyente en curso no ha nacido por voluntad del sistema político, ni mucho menos por la acción de la Constitución pinochetista. Ha sido la movilización popular y la acción decidida de millones de compatriotas lo que ha puesto en jaque la sobrevivencia de este sistema constitucional y su modelo neoliberal. Fueron las aspiraciones del pueblo las que derribaron las rígidas fronteras impuestas y han abierto paso a un nuevo momento histórico a contrapelo del intento jurídico y socio-cultural de someterlo. En ese sentido, nuestra lectura del significado del acuerdo del 15 de noviembre del 2019 es más como resultado de la multitudinaria movilización popular, y no como precursor del proceso constituyente.

Intentar adueñarse y tutelar el proceso constituyente, es una posición política deleznable dado que la titularidad de este proceso le compete evidentemente al pueblo movilizado. Quienes buscan reponer nefastas políticas de “consensos” que emanaron de la transición pactada, deben asumir que Chile Despertó y hay plena conciencia que, también, el pueblo busca superar esos treinta años.

Es así como debemos avanzar hacia un Estado Social y Democrático, cuya Constitución sea una Constitución de derechos, que distribuya el poder político mediante una democracia participativa y avanzar resueltamente hacia la distribución justa del poder económico.

Como pacto de convivencia, debe ser una Constitución de derechos a favor de la salud, educación, trabajo, vivienda, a la vida libre de violencia de género, etc. Una Constitución al servicio del pueblo, que tenga por meta el fin del abuso y una vida digna para las personas y los colectivos. Debe ser una Constitución soberana cuyo propósito fundamental es reconocer la soberanía en el pueblo de forma total, expresando a fondo, la democracia popular (pleno respeto a la potestad constituyente del pueblo, por ejemplo) y nuestra opción a favor de un Estado laico plurinacional y un congreso unicameral. Dicha soberanía se extiende también hacia la descentralización del poder y llega hasta la soberanía alimentaria. Debe ser una Constitución para un nuevo desarrollo, que dice relación con cómo pensamos distribuir la riqueza que la sociedad genera y cuya aspiración sea el abandono total del estado subsidiario y el extractivismo.

La dimensión de superación del neoliberalismo está determinada en concreto por el abandono del principio de estado subsidiario consagrado en el ordenamiento constitucional pinochetista. Es allí donde se inician una serie de consideraciones que limitan el ejercicio de derechos como educación, trabajo y salud y que han limitado la expresión de la soberanía, por carecer el Estado de importancia en la concepción de subsidiariedad y porque este principio es un factor relevante en la creación de las grandes inequidades del modelo. Alcanzar este objetivo es posible.

El cambio estructural en el sistema económico y político es clave para nuestra valoración de lo que es o no un logro político en el proceso constitucional. Si el proceso constituyente no se lee en clave de proceso, cuya culminación sea un cambio de fondo en la naturaleza del ordenamiento constitucional, los logros intermedios, como una alta participación en el plebiscito o la victoria del apruebo, no logrará calificar el proceso como exitoso.

Para avanzar en esta perspectiva, la experiencia del gobierno de la Nueva Mayoría demostró que las mayorías no son suficientes. Se requiere de un diseño o estrategia política que implica proponerse en primer lugar, precisamente ese objetivo: terminar con el Estado subsidiario. Lo segundo, creemos importante elaborar la idea de “ruptura constituyente”. No hay argumento para someter al futuro constituyente a la digitación remota de la actual Constitución. Es así como la elaboración del nuevo orden no puede escribirse con la pluma del ilegitimo modelo pinochetista. Se trata de hacer un nuevo mapa y no de renombrar las calles.

La ruptura constituyente implica abandonar las añejas reglas, encuadre y lógica de la Constitución pinochetista. Para eso, debemos captar políticamente este proceso no desde una lectura de “futura Constitución versus vieja Constitución” sino como la disputa del cómo será el mapa del poder político y económico de esa nueva Carta.  Este proceso debe ser un espejo de las tensiones políticas entre abandonar o no el modelo neoliberal, que, en esencia, es lo que está en juego.

Como propuesta de síntesis de contenidos, podríamos afirmar que la soberanía debe radicar en el pueblo y Chile debe ser una república democrática representativa, paritaria y participativa con visión de género en todo el texto. Por eso hemos hablado de un Estado social y democrático de derechos.

El marco económico constitucional debe apuntar hacia una economía abierta y mixta, cuya fisonomía puede y debe variar, pero siempre permitiendo que el Estado pueda participar de manera estratégica en la actividad económica de la matriz productiva, buscando la diversificación y la creación de valor en Chile. Ello potenciará la calidad de empleo y, por ende, la educación y la ciencia en Chile, lo cual contribuirá al fortalecimiento cultural de las personas.

La formación educacional y cultural debe ser considerada un activo para el bienestar del pueblo y un aporte en la conciencia.

La constitución debe, asimismo, garantizar los derechos, con marcado énfasis en los derechos sociales y que consagra mediante un entramado virtuoso que en primer lugar, reconozca los derechos. Luego, los garantice judicialmente y finalmente, posibilite que las políticas públicas tengan en su visión y construcción el continuo fortalecimiento de los derechos de las personas.

Es clave entonces el rol activo que ha de jugar el Estado en las políticas públicas y la contribución que a ellas promueve tanto el principio de solidaridad, clave para la construcción de nuevo sistema de seguridad social, como una democracia representativa y participativa.

La exclusividad del mercado como asignador de recursos ha hecho crisis y la democracia debe fortalecerse, no solo en términos del rol de los partidos políticos, sino en la acción real y cotidiana de la ciudadanía organizada.

Los municipios y gobiernos regionales son actores claves en el diseño político por cuanto los concebimos como instancias de gobierno y no de administración, como son los municipios actualmente. Si bien se debe conservar un Estado unitario, ello no obsta a que la nueva Constitución debe necesariamente mirar el país de forma descentralizada. Incluso debe considerar el reconocimiento a estatutos de autonomía territorial. Deben radicarse competencias en las regiones y los municipios con poder de decisión política y también económica, como el cobro de impuestos, que reafirma la democracia participativa e inclusiva y la generación y construcción de poder desde las bases mismas de la sociedad, terminando con el autoritarismo centralizado.

El Estado plurinacional es parte de ese mismo diseño democrático y descentralizado que implica también el reconocimiento de la existencia de pueblos/naciones originarios en las sociedades modernas.

Las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al pueblo y su voluntad democrática, y han de ser reguladas en la ley, no en la Constitución en la cual más bien, y en su reemplazo, debe consagrar nuestro irrestricto apego a los derechos humanos en las propias bases de la institucionalidad.

Del mismo modo, el Banco Central también debe quedar regulado en su autonomía solo a nivel legal y no constitucional.

El régimen político presidencial atenuado debe reemplazar el híper presidencialismo actual, con reelección limitada y por cierto un Congreso unicameral con sistema electoral representativo y democrático que interactúe con el gobierno de turno y que tengan facultades legislativas más amplias y quórums, que permiten la consolidación de la democracia y no la imposición de una minoría. Por último, la Constitución nueva debe reconocer explícitamente la potestad constituyente del pueblo y el derecho inalienable del pueblo de darse una constitución distinta mediante una Asamblea Constituyente paritaria, cuando así lo estime.

IDEAS PARA UN NUEVO PROYECTO DE DESARROLLO.

La globalización neoliberal ha exacerbado hasta niveles insufribles una serie de rasgos retrógrados del capitalismo. La desigualdad se ha incrementado sostenidamente en casi todos los países del mundo acrecentando la brecha que separa a los súper-ricos del resto de la sociedad, y la pandemia del Coronavirus agrava aún más esta situación. La supervivencia misma de la especie humana está en riesgo producto de la devastación ambiental. El cambio climático, la sequía y la consiguiente desertificación, la mayor ocurrencia de desastres naturales, los alarmantes niveles de contaminación, las migraciones masivas forzadas, son realidades indesmentibles. La invasión de hábitats no solamente amenaza la supervivencia de diversas especies, -sino que junto con la irracional industria de producción animal-, aumentan exponencialmente los riesgos de pandemias causadas por infecciones zoonóticas.

La desregulación de las actividades financieras ha derivado en un crecimiento absolutamente desproporcionado de dicho sector. La colusión entre la banca y los mercados financieros, la financiarización de la economía unida al sobre-endeudamiento de empresas y hogares, entre otros fenómenos, han generado una dinámica especulativa que distorsiona la economía real. La preminencia que alcanzan los movimientos de capitales especulativos y la búsqueda de la ganancia de corto plazo ha llevado a varios economistas destacados a señalar que estamos en presencia de una mutación del capitalismo mundial, que deja atrás su vocación productiva clásica, para comportarse como una “economía de casino”.

La economía de casino se caracterizaría por una recompensa a los captadores de rentas que iría por encima de verdaderos creadores de riqueza, desincentivando las actividades productivas. En otras palabras, en la actualidad, la apropiación de bienes escasos no producidos o excepcionalmente producidos una sola vez, -como sucede con las patentes relacionadas con nuevas tecnologías o medicamentos- ha pasado a constituir el motor que mueve a la economía.

El neoliberalismo chileno se caracteriza por poseer un patrón de acumulación rentista, concentrador de la propiedad y también de la riqueza. Las espectaculares ganancias de los grupos económicos locales y transnacionales se basan en una explotación indiscriminada de recursos naturales con bajo valor agregado, y también por la posición monopólica que detenta el gran capital en actividades financieras y de servicios.

La base productiva del país está caracterizada por una alta concentración alrededor de industrias con facilidad para extraer rentas, y que, por lo mismo, no necesitan de una constante innovación al estilo de la “competencia clásica capitalista”. Esto implica una baja sofisticación tecnológica y de conocimientos en nuestra economía.

A su vez, la base productiva nacional es heterogénea, al tener industrias de alta y baja productividad que coexisten. Al ser las primeras intensivas en capital y recursos naturales, absorben poco trabajo, quedando la gran masa de los trabajadores empleados por las industrias menos productivas y que pagan salarios más bajos. Esto genera una brecha salarial permanente y una desigualdad estructural intolerable.

El control del poder político y económico que detentan los grupos dominantes bloquea la superación de la lógica rentista que predomina en los sectores más dinámicos y rentables. Para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo de Chile, como lo señala nuestro programa, las y los comunistas propiciamos una economía al servicio del ser humano, que promueva la soberanía nacional y sitúe en el centro la regulación de la economía en Chile. Estas orientaciones deben expresarse en un Proyecto Nacional de Desarrollo, que deje atrás las funestas políticas neoliberales. El desafío principal del cual debe hacerse cargo este nuevo desarrollo, es transitar desde una economía que básicamente exporta commodities y que tiene procesos de innovación acotados a esos sectores, hacia otra que tenga en su centro el trabajo decente, el respeto al medio ambiente y genere una diversificación de la matriz productiva. Todo esto permitirá reducir sustancialmente las brechas de desigualdad salarial por concepto de trabajo, impulsar cadenas de valor agregado, capital humano avanzado, ciencia, tecnología y conocimiento.

Se necesita una profunda intervención del estado en la redistribución de la riqueza entre capital y trabajo, la que requerirá de políticas industriales, comerciales, tributarias y laborales que se enmarquen en un desarrollo sostenible. El cambio en la matriz productiva debe permitir el surgimiento de nuevos sectores manufactureros, revirtiendo así la desindustrialización que se ha provocado décadas de expansión del neoliberalismo.

La recuperación de las riquezas naturales en poder de grupos económicos locales y trasnacionales es fundamental. El uso sustentable de dichos recursos pondrá fin a su explotación indiscriminada, y a los conflictos socio ambientales que dicha explotación ha conllevado. La recuperación de los recursos minerales -en especial, las espectaculares ganancias que año a año reporta la gran minería del cobre- es fundamental para financiar la nueva industrialización “verde” que Chile necesita. La generación de una empresa estatal del Litio debe permitir la incorporación a las cadenas de valor asociadas al uso del Litio en actividades como la electromovilidad y la promoción a mayor escala de las energías renovables no-convencionales.

El desarrollo sustentable que Chile demanda exige un importante aumento de la recaudación fiscal, de tal modo que estado cuente con los recursos necesarios para garantizar derechos sociales y aumentar radicalmente la inversión pública. Es prioritaria la implementación de un nuevo sistema tributario, donde el grueso de la recaudación provenga de impuestos directos que graven a los grupos de mayores ingresos. El impuesto a los súper-ricos que ha presentado nuestra bancada de diputados y diputadas es un avance en esta dirección. Debemos avanzar hacia un sistema tributario desintegrado, donde las empresas paguen los impuestos que corresponden, eliminar la exención a las ganancias de capital, entre otras medidas.

Recuperar la iniciativa del estado en la implementación de un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento resulta esencial. La ciencia y la tecnología deben transformarse en uno de los pilares del crecimiento de nuestra economía. En este sentido, las señales de estancamiento presupuestario, donde se destina menos del 0,4% del PIB a la Ciencia y Tecnología, y la pérdida de oportunidades incluso durante la época de bonanza económica, obedece a una histórica falta de priorización estratégica del estado, que ha desaprovechado los recursos humanos que él mismo ha contribuido a formar.

Es urgente la implementación de un robusto y progresivo plan de inversión en ciencia que sustente la investigación fundamental y aplicada, y que fomente una cultura de la innovación, así como el emprendimiento asociativo público-privado en áreas de interés nacional.

SOBRE EL SUJETO PRINCIPAL

La Convocatoria al Congreso pasado “nos planteó la necesidad de acelerar con sentido de urgencia el ritmo de construcción y crecimiento cualitativo del sujeto principal que hemos definido para el proceso histórico en curso”.

De la independencia de clases de los trabajadores y su organización sindical, en tanto sector ampliamente mayoritario de la sociedad, depende de manera sustantiva el carácter de los procesos políticos y sociales.

Junto con identificarnos con sus intereses, valoramos su pluralismo político e ideológico, sin renunciar al debate de ideas en su seno, recogiendo que, históricamente en Chile, el sujeto principal ha sido fundamental en la construcción de alianzas, correlaciones de fuerzas y avances transformadores.

Por lo mismo, la reacción siempre ha trabajado por producir brechas en el vínculo del partido con los movimientos sociales y particularmente con los trabajadores, valiéndose de diversas formas tales como, producirnos derrotas en nuestra representación y usar el apoliticismo como arma de la política.

Del mismo modo, en sus resoluciones el Congreso pasado destacó “la necesidad de fortalecer el sujeto principal, desde su organización y su conciencia. Y en lo práctico, desarrollando un mayor esfuerzo del partido y la juventud por fortalecer la sindicalización.”

A poco más de tres años del último Congreso, es necesario hacer algunas reflexiones para afirmar el camino y apurar el tranco.  El objetivo es seguir fortaleciendo el sujeto principal, en tiempos intensos y muy dinámicos de la lucha de clases.

Este debate no es nuevo en el partido, ha sido la conclusión de muchos eventos y congresos, no es una mera declamación o consigna, es un principio que fija el rumbo del partido en la búsqueda de superar la explotación del hombre por el hombre y nos lleva a tomar posición en la contradicción capital/trabajo, expresada en este periodo histórico en la disputa entre neoliberalismo versus democracia.

La experiencia de estos años nos indica que los trabajadores por el solo hecho de vender su fuerza de trabajo no se constituyen en el sujeto principal. Es a través de la organización sindical que los trabajadores y trabajadoras pueden dar paso a luchas de mayor envergadura. No obstante, no es simplemente organizarse la condición para ello, sino que es precisamente en este terreno donde se libra la disputa por la conciencia de la clase trabajadora y donde tiene sentido el rol que pueda jugar nuestro partido en esta disputa de conciencias.

Las organizaciones sindicales pueden ser organizaciones corporativas, acotadas únicamente a sus reivindicaciones inmediatas, o pueden ser organizaciones que tal como nos señalaba Recabarren, disputen las condiciones de trabajo y sociales desde la lucha sindical y política.

Ese sindicalismo de carácter socio político, es el que transforma a la clase trabajadora en sujeto principal y es lo que da sentido a la política de nuestro Partido como partido de clase. Por ello. señalamos que no basta con declarar que los trabajadores y trabajadoras son el sujeto principal, esta definición exige de nuestro partido un trabajo incansable en la lucha y disputa de las conciencias, estar presentes y crecer en militancia en el mundo sindical, toda vez que asumimos que las más profundas transformaciones, sociales y económicas podrán desarrollarse de la mano de la fuerza organizada de la clase trabajadora dado el lugar preferente que ocupa en la lucha de clases y en la superación de la contradicción capital/trabajo.

En este sentido, lo vivido al calor del estallido social, desde una perspectiva de clases, nos deja lecciones que el partido debe analizar en su Congreso, para empujar con mayor fuerza nuestra política en este periodo.

Lo primero es que es evidente que la revuelta popular obedeció a la acumulación de desigualdades e injusticias en el plano económico, social y cultural que nuestro partido y las organizaciones sociales, entre ellas la CUT, venían denunciando y desarrollando acciones de movilización por décadas. Insistentemente hemos señalado que la real posibilidad de profundizar la democracia pasa por superar el modelo neoliberal, pues para que éste exista requiere de una democracia limitada, con baja participación, con altos niveles de desafección de los procesos sociales y políticos que permitan perpetuar el estatus quo en manos de un reducido grupo de actores, desplazando de la escena política a importantes segmentos de nuestra sociedad, entre ellos a las y los trabajadores organizados.

Lo segundo es que tras años de transición que perpetuaron y profundizaron el modelo, la crisis del sistema político terminó gatillándose a partir de los abusos del sistema: hechos de corrupción, colusiones, entre otros, fueron el detonante de la deslegitimación de la institucionalidad política, los partidos y el Estado representado por los gobiernos. En un cuadro como éste, no es extraño que la crítica golpease a todas las instituciones, el rechazo a todo lo antiguo incluido las organizaciones sociales, ha sido promovido también por el modelo.  Es por ello que no es de extrañar que el detonante de la movilización fueran los estudiantes secundarios, no sólo por su fuerza de juventud y porque tenían la razón, que la tenían, sino también por su legitimidad y credibilidad.

Lo tercero, en medio del estallido social, cuando el gobierno y los medios de comunicación decían que era un estallido sin banderas, sin partidos, sin consignas ni demandas, Unidad Social jugó un papel determinante en caracterizar lo que estaba en curso, la unidad de organizaciones culturales, vecinales, territoriales, ambientales, feministas, estudiantiles y sindicales permitieron recuperar el protagonismo social, protagonismo que debemos seguir relevando en nuestra forma de hacer política para los desafíos futuros, especialmente el proceso constituyente.

Lo cuarto, en medio del estallido fue el Bloque Sindical de Unidad Social, bajo la decisión de la más amplia unidad de los trabajadores y trabajadoras, los que lograron sintetizar contenidos con un pliego de 10 puntos, encabezado por la demanda de nueva constitución, lo que permitió darle un objetivo claro y concreto a la movilización. Y sería la huelga general del día 12 de noviembre del 2019, movilización y huelga más importante desde el retorno a la democracia, la que puso en alerta al gobierno sobre los riesgos a los que se enfrentaban con la unidad sindical, lo que llevo a acelerar por parte de la derecha la firma de un acuerdo que les permitiera garantizar el control del proceso político que diera salida a la crisis que se vivía. Hasta hoy, Piñera reconoce que fue esta jornada -la que definió en su última cuenta presidencial como la noche más violenta-, lo que apuró y obligó el acuerdo que abrió paso al proceso constitucional.

El movimiento social, y particularmente el sujeto principal que son los trabajadores y su organización sindical con unidad y plataformas comunes, sociales y políticas, no cabe duda que son factor determinante en la profundidad de los cambios que Chile requiere y que los comunistas compartimos y empujamos.

El desafío, entonces, es seguir en la dirección de fortalecer este sujeto principal a partir de acciones concretas. En este camino, hoy podemos recoger dos grandes desafíos:

La necesidad del restituir en la sociedad el valor del trabajo. Debate que tiene pleno sentido y vigencia en el marco del proceso constituyente que inicia con el plebiscito del 25 de octubre y del propio debate de modelo de desarrollo, donde el desafío por un modelo de desarrollo sostenible no puede limitarse solo, para los comunistas, a las garantías de crecimiento inclusivo y sustentable con el medio ambiente, sino también respecto de las garantías a trabajo decente y efectiva redistribución de los ingresos.

Crecer entre las y los trabajadores de los distintos sectores productivos, de servicios, del campo, la ciudad, formales e informales que representan la gran mayoría de los chilenos. Hoy, hablar de clase trabajadora es mucho más que la figura del trabajador formal, los nuevos desafíos como el trabajo en plataforma, nos obligan como partido a poner especial atención en el desafío de organización de los trabajadores para que sus derechos no se vean vulnerados so pretexto de estos nuevos modelos de relación laboral.

La experiencia nos indica que estamos frente al riesgo de que, ante estos nuevos desafíos, algunos pretendan superar la organización en sindicatos, con el riesgo que ello implica en derechos tan esenciales como el derecho a huelga o la negociación colectiva.

Es claro que el desafío de nuestro partido, en tanto partido de clase, de crecer e incidir en el fortalecimiento de la clase trabajadora como Sujeto principal de los cambios y transformaciones implica, en el tiempo presente, mucho más que mantener organización en los sectores tradicionales. Nos enfrentamos a grandes cambios en el mundo del trabajo, desde la defensa de la condición de trabajadores de quienes laboran bajo nuevos formatos, como el trabajo en plataforma o aplicaciones; las nuevas configuraciones de aquello que define el espacio laboral a partir de la irrupción del tele trabajo, que hace difusa la frontera entre hogar y trabajo, pero también con la irrupción y visibilidad del trabajo doméstico o de cuidado como un trabajo esencial que desarrollándose fuera de la casa es remunerado pero dentro del hogar no tiene ningún valor. A ello sumamos el debate que ya estaba en pleno desarrollo sobre los efectos de los procesos de automatización en el mundo del trabajo y la transformación de funciones y labores a partir del impacto de las nuevas tecnologías, que incluso impacta en la configuración del trabajo doméstico.

No obstante, con todos estos desafíos a cuestas, sobre los que necesariamente nuestro partido debe tomar conciencia y acción, lo cierto es que nada de ello indica que la contradicción capital/trabajo hoy este siendo superada. Más aun, podemos decir con certeza que estos procesos de cambios y transformación que vivimos en el mundo del trabajo más bien ponen en evidencia con más fuerza la contradicción capital/ trabajo, pues todos estos cambios y avances tecnológicos relevan que quienes tienen el control sobre estos “beneficios para la humanidad” siguen siendo los sectores que gozan del control económico o las grandes potencias. Habida cuenta de ello, resultaría al menos cuestionable asumir que enfrentados a nuevos desafíos, ello de por superada, mecánicamente, la disputa sobre el control de los medios de producción y el conocimiento.

EL RESPETO Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son aquellos que corresponden a todas las personas, sin ninguna exigencia distinta de su condición humana. La construcción histórica de esta noción y su consagración en cuerpos constitucionales, leyes y tratados ha sido fruto de las luchas que los pueblos han dado a lo largo de los siglos en defensa de la igualdad, la justicia social y de la libertad. También son estas luchas las que han permitido ampliar este concepto, incorporando todo aquello que es inherente a la dignidad que todo ser humano merece, avanzando de los derechos civiles y políticos a los derechos sociales y de los pueblos. Los derechos humanos son contrarios a la explotación, al abuso y toda forma de exclusión social.  Los derechos humanos en tanto expresión histórica y fruto de las luchas sociales, consecuencia del avance histórico del movimiento popular, y como expresión de emancipación social son en esencia contrarios al capitalismo y a la manifestación más salvaje de la explotación que es el neoliberalismo.

Por ello, desde el enfoque neoliberal y del imperio, buscan despojar a los derechos humanos de contenido transformador y performativo de la condición humana. Por eso los poderosos desearían minimizarlos o privarlos de cualquier medio de control, y por lo mismo, su contenido se ha convertido en una disputa entre la visión restrictiva y procedimental del neoliberalismo, y en el enfoque integral de derecho post convencional de la democracia profunda. De ahí que, en el nombre de los derechos humanos, el imperio norteamericano haya desplegado guerras e invasiones en medio oriente y agreda constantemente con todos sus instrumentos a Cuba y Venezuela.

En todas las luchas sociales de emancipación y en la de Chile con mucha fuerza, es el movimiento social y popular el que con la fuerza de su organización debe asegurar la mantención, fortalecimiento y defensa de los derechos humanos. Las organizaciones populares deben vigilar la acción del Estado y exigirle la plena aplicación de estos derechos. En esa lucha vemos a los sindicatos, las uniones de pobladores, los centros de alumnos, las asociaciones de defensa de los derechos humanos, de mujeres, de pueblos originarios, de diversidad sexual y tantas otras.

Durante la dictadura cívico-militar, fueron muchos las y los dirigentes sociales que se la jugaron para denunciar las torturas, las ejecuciones, las desapariciones y otros crímenes. La democracia pactada pretendió imponer un olvido sin justicia o con justicia “en la medida de los posible”. Fue la lucha popular la que impidió este propósito y ha logrado establecer mínimos éticos irrefutables de reconocimiento en la verdad de lo ocurrido y en la justeza de la demanda de las víctimas; por reparación integral, construcción de memoria histórica y el castigo a los culpables, un camino en el que aún queda mucho por avanzar.

Sin embargo, siguen existiendo sectores pinochetistas, pequeños grupos con control de los grandes medios de comunicación y con espacios de poder, que buscan negar estas atrocidades, minimizarlas o, con la excusa de dar contexto, justificarlas. Quieren imponer el olvido para volver a incurrir en sus viejas prácticas y reprimir las luchas que el pueblo da por sus justas demandas.

El negacionismo es inaceptable en una sociedad democrática. Celebrar el crimen no es un acto de libre expresión, sino un abuso contra la sociedad en su conjunto. Debemos luchar por la memoria, exigir justicia y reparación para las víctimas, la impunidad impuesta es la que ha permitido que en Chile no se establezcan garantías de no repetición, incumpliendo por tanto diversos tratados y convenciones internacionales que buscan la protección de los derechos humanos.

Por eso mismo es tan importante que la nueva constitución reconozca y asegure realmente los derechos de las personas, tanto en el ámbito de sus libertades políticas como en el de los derechos económicos, sociales y culturales. No queremos una constitución que se limite a declarar libertades abstractas, que solo sirven para convertir los derechos en mercancías que se transan en el mercado. Por ejemplo, lo que los neoliberales llaman libertad de enseñanza no es más que la libertad de empresa aplicada a la educación. Así se encubre que el verdadero objetivo es lucrar con las necesidades de los seres humanos y se legitima la existencia de una educación para ricos y otra para pobres, como ocurre también con la salud o las pensiones.

Tampoco basta con proclamar los derechos. Es imprescindible contar con un sistema nacional de derechos humanos, con autonomía de rango constitucional, que vigile el comportamiento de los órganos del Estado y pueda exigir el cumplimiento de las normas que los rigen.

En lo inmediato, resulta urgente el fin de Carabineros de Chile, policía clasista al servicio de la oligarquía, y la creación de una nueva policía, al servicio y la protección del pueblo de Chile. La dictación de normas que aseguren la efectiva sujeción de las fuerzas armadas y de orden y seguridad al poder civil, y a una doctrina institucional respetuosa de los derechos humanos y la democracia. Se debe dar término a la actual doctrina formadora de las instituciones castrenses y las policías, quienes bajo la Seguridad Nacional y la tesis del enemigo interno vuelven sin pudor su fuerza y formación en contra de la población civil cada vez que quienes ostentan el poder económico lo exigen. Se debe consolidar la proscripción del negacionismo y de cualquier símbolo oficial que tienda a justificar las violaciones de derechos humanos de la dictadura; el juicio y castigo a los responsables por las graves vulneraciones sufridas por manifestantes a manos de agentes del Estado durante el levantamiento social iniciado en octubre de 2019, así como a las víctimas de la dictadura, reparación y garantías de no repetición; y libertad para las cientos de personas presas políticas por manifestarse son una necesidad imperativa para el nuevo Chile que debemos construir.

En definitiva, la nueva constitución, como expresión de la soberanía popular y consecuencia de las luchas sociales, debe garantizar y con claridad imperativa incorporar en sus artículos el respeto, defensa y promoción integral de los derechos de las personas. Los Derechos Humanos deben ser la base fundante de la nueva carta magna.

Derechos humanos e Infancia

Es imperioso que como partido tengamos propuestas de políticas públicas para niños, niñas y adolescente (NNA). Cuando hablamos de sujetos/as de derechos, el respeto a los niños, niñas y adolescentes, debe ser una realidad a tomar en cuenta. Mas cuando en Chile hay 4.500.000 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, y de éstos, 111.000 son atendidos en programas ambulatorios de la red SENAME y 12.000 NNA se encuentran en residencias o familias de acogida.

La lucha de los y las comunistas debe abordar a este sector de la población, pues la necesidad de proponer  una política de protección universal de sus derechos y no sólo la mejora en la atención de la protección especializada para quienes han sido vulnerados sus derechos o son infractores de ley, es crucial para concebir un nuevo modelo de país de cara el proceso constituyente y en la búsqueda de un Chile Digno.

En este sentido, elementos claves de propuesta de los y las comunistas: a) que los NNA son sujetos de derechos, b) que tienen una autonomía progresiva que les permite participar, y que por lo mismo deben tener incluso un reconocimiento como tal en la nueva constitución, c) que debe existir una protección universal e integral a sus derechos que son los que establece la convención de los derechos del niño y que Chile ratificó el año 1990, d) exigir que se apruebe la ley de garantías de la niñez que fue presentada en el gobierno de la presidenta Bachelet y que aún se tramita en el Senado, e) y promover que puedan votar desde los 16 años.

La Lucha de las y los chilenos en el exterior

De cara al debate de la Nueva Constitución democrática, se plantea la necesidad de integrar con más fuerza a la política del partido el apoyo a los derechos políticos y sociales, incluido el derecho a la plena participación en el Proceso Constituyente, de las chilenas y chilenos que residen en el Exterior.

En este sentido, propuestas claves serán: a) establecer la posibilidad del voto postal y/o el voto electrónico, además del voto consular (presencial), ya que este último restringe la participación democrática de los chilenos y chilenas en el exterior; b) eliminar la exigencia de avecindamiento en Chile para los chilenos y chilenas nacidas/os en el extranjero, para ejercer su derecho a votar, puesto que casi la mitad de los chilenos y chilenas con edad de ser electores no pueden votar, porque habiendo nacido en el extranjero, no pueden ejercer el sufragio si no se han avecindado 1 año en Chile. Esta limitación ya abarca a 2 generaciones.

LUCHA CONTRA EL PATRIARCADO Y POLITICA DE GENERO.

El Congreso Nacional, junto a nuestro análisis de clases, debe poner de relieve una visión feminista de la sociedad, que ratifique la plena igualdad de hombre y mujeres, el fin del patriarcado y una relación entre géneros que excluya la violencia de género, en especial la violencia contra las mujeres y los atentados contra sus derechos.

Históricamente, la lucha de clases se ha manifestado “contra todo abuso”. Por eso es importante reconocer que, la lucha de clases no sólo se puede reducir al ámbito económico, sino que debe superar el capitalismo, es decir, la lucha contra la hegemonía ideológica, política, cultural y económica dominante. Así mismo, esta lucha es contra el patriarcado como el sistema ideológico cultural y material que ha convivido con el capitalismo. Capitalismo y patriarcado son un matrimonio bien avenido que nos explota como clase, pero a su vez, nos explota como género a las mujeres (y de manera distinta dependiendo de nuestras diversidades como mujeres: mirada interseccional) y las identidades de género diversas. Por eso, la lucha feminista es en contra el patriarcado, para permitir la liberación de las mujeres y la construcción de relaciones de género colaborativas y de solidaridad, no opresivas, discriminatorias ni violentas. Como partido debemos formarnos más en los debates feministas, entender cómo opera estructural, ideológica y concretamente el patriarcado en nuestra sociedad, y asumir autocríticamente que aún existe militancia que no entiende o no quiere incorporar estos debates a nuestro quehacer militante cotidiano.

No podemos supeditar la lucha por la emancipación y la igualdad sustantiva de las mujeres y de la diversidad sexual, sólo a la lucha de clases. Desde ahí constatamos que el movimiento social y político de mujeres y feminista se ha venido desarrollando con fuerza desde hace varios años, y ha permitido elevar la conciencia de que se necesita luchar contra el capitalismo y el patriarcado al mismo tiempo.

Algunos hitos en la lucha feminista: ya el año 2008 irrumpió con movilizaciones por la Píldora de Anticoncepción de Emergencia, el 2016 comienza con más fuerza su expresión pública por ejemplo en las manifestaciones fuera del TC por la ley que permite el aborto en 3 causales. Por otro lado, el movimiento feminista chileno en 2018 instaló con gran fuerza la demanda contra el acoso sexual, la violencia de género y la educación sexista. Pero no es hasta el 8 de marzo de 2019 que las demandas y reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, estudiantes, pobladoras, pensionadas, de pueblos originarios, de disidencias sexuales, migrantes, afro descendientes, mujeres pobladoras y allegadas etc., no llegan a articularse en una gran y masiva movilización en cada cabeza de región y en comunas y ciudades que nunca habían mostrado marchas en esta fecha.

Estas multitudinarias marchas de reivindicación feministas han provocado profundos cuestionamientos a los roles de género históricos asignados a los sexos. Al mismo tiempo, se han generado mejores condiciones sociales para una mayor visibilidad del movimiento LGTBIQ+ y de sus demandas. El movimiento LGTBIQ+ nacional desplegó a fines de junio de 2019 la mayor de sus multitudinarias marchas en la historia.

Chile despertó desde el 18 de octubre y se desató la mayor crisis social e institucional desde la dictadura cívico militar. Las instituciones y la política formal son objeto de las críticas del pueblo por incapacidad de resolver los problemas que aquejan a las grandes mayorías del país. Se suman además las críticas feministas y del movimiento LGTBIQ+ en cuanto a no garantizar derechos ni una vida libre de violencia.

La intervención performativa propuesta por el colectivo Las Tesis grafica la institucionalidad estatal actual como expresión jerárquica del patriarcado. La organización del poder se encuentra en total entredicho, tensión e ilegitimidad. La crisis de representatividad, las fracturas institucionales, la remilitarización latente de la política, los graves casos de corrupción, y las generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluida la violencia sexual, constituyen un factor gravitante en el despliegue de las fuerzas más conservadoras y fascistas, al mismo tiempo que el pueblo, y las mujeres en particular, adquieren crecientes niveles de conciencia.

Falta mucho camino por recorrer, como partido hemos apostado no solo a una agenda social transformadora, a un nuevo modelo de desarrollo sino también a involucrarnos con todo en el itinerario para una nueva constitución. De ahí que la participación en el plebiscito de octubre y luego en la elección de constituyentes será gravitante también para el futuro de movimiento. Sumado a lo anterior, debemos tener como desafío pensar y construir nuevas relaciones de género transformadoras, que no solo permitan conquistas y un marco de derechos e igualdad para todos los géneros, sino que también podamos pensar nuevas masculinidades, que busquen superar el machismo, modelo cultural por el que se sustenta este sistema económico, social y político imperante.

A nivel partidario, hay que dar cuenta de una histórica falta de propuestas desde el Partido hacia las masas que den cuenta de una política LTGBIQ+ atravesada por la realidad material y de clase de esta población. Por lo que se asume como una tarea urgente dotar al partido de estos contenidos.

La postura del partido en los frentes de masas con respecto a las temáticas de las disidencias sexuales debe profundizarse a través de una perspectiva interseccional que dé cuenta de la situación de las personas LTGB trabajadoras, estudiantes, migrantes, etc. En este sentido, es importante definir la participación decidida de nuestros compañeres en la mayor cantidad de organizaciones u orgánicas LGBTIQ+ que existan, desde ya se saluda la participación en el referente Apruebo Diversidad.

Como partido hemos realizado varios encuentros nacionales de Mujeres, y cuatro versiones de la Escuela Teresa Flores, desde allí se ha ratificado la necesidad de trabajar un feminismo de clase como propuesta política de masas, sin olvidar la interseccionalidad de las otras discriminaciones: etnia, raza, identidad sexual y de género, etaria, migrantes, etc. A su vez, hacemos el llamado a promover y potenciar nuestra incidencia en el movimiento feminista y de mujeres que se ha estado desarrollando en el país desde cada frente de masas y en cada territorio, considerando particularmente el contexto de lucha social que se abre desde el estallido social del 18 de octubre de 2019. El congreso debe debatir cómo aportar más al desarrollo de una agenda feminista, relevando el aporte de nuestra bancada parlamentaria a la agenda legislativa feminista (promulgación de la Ley Gabriela o tramitación del proyecto ley que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres), cómo organizar a las mujeres en el territorio para trabajar las demandas de la recuperación de los empleos perdidos por ellas en el marco de esta pandemia y crisis económica, cómo hacer trabajar por el reconocimiento constitucional y en las cuentas nacionales como trabajo productivo el trabajo doméstico y de cuidados, etc.

Nuestra formación marxista y nuestra línea ideológica es depositaria y complementaria con una matriz feminista de clase que es parte también del movimiento feminista en general.

Existen varios feminismos, que incluso pueden tener contrapuntos con nuestras posturas, no obstante, este es un momento en que debemos generar alianzas, puntos de encuentro con otros feminismos, para enfrentar de manera más unitaria y con mayor fuerza el escenario que se desplegó con el estallido social y hoy con la pandemia y crisis económica que ha hecho perder derechos y presencia en el mercado laboral a las mujeres.

Dentro de esta diversidad de corrientes feministas están saliendo muchas voces anti partidistas, estamos llamadas a debatir y contrarrestar el anti partidismo en el que cae muchas veces el movimiento feminista actual, defendiendo la autonomía de las mujeres para participar de distintos espacios, incluidos los partidos o militancias en orgánicas políticas. No podemos permitir la marginación de las mujeres y feministas militantes, en especial de las mujeres comunistas.

En este sentido, también es importante recuperar la memoria histórica del movimiento de mujeres y feminista chileno, que en los distintos procesos sociales ha tenido al movimiento de mujeres y feminista jugando un rol principal, como por ejemplo el legado del MEMCH, que desde la tercera década del siglo XX levantó demandas en favor de las mujeres trabajadoras fuera del hogar, por la imposición de la maternidad, el aborto, los derechos de mujeres madres y sus hijos e hijas, además del derecho a voto de mujeres y un movimiento por la paz mundial.

En el Chile que despertó, los movimientos feministas y de mujeres tienen hoy un rol fundamental en la construcción de una cultura, un sistema de ideas y de conductas que busque transformar las relaciones entre los géneros, que integre, a su vez, la concepción de derechos sociales y colectivos, como también un nuevo modelo desarrollo nacional con justicia social, equitativo e inclusivo, respetando la diversidad de identidades sexuales y de género, etnia, migrantes, etc. Es por ello que no concebimos un órgano constituyente ni una nueva constitución sin la participación activa también de las organizaciones de mujeres y feministas, y de orgánicas LGTBIQ+, para ello debemos lograr una gran participación en el plebiscito de octubre, y lograr que gane el Apruebo una nueva constitución, desde el marco de nuestras demandas.

Como partido debemos asumir la tarea de Formación y Educación Interna, a través de procesos de discusión intencionados y guiados que fortalezcan la masa crítica partidaria en relación a temáticas de género, diversidad y disidencias sexuales, feminismos y lucha contra el patriarcado y el capital. Se hace indispensable incorporar módulos de género y diversidad sexual en todas las escuelas de formación, al mismo tiempo que se incorporan estas temáticas en otras instancias formativas de partido. Trabajo de educación también será abordar espacios formativos para los compañeros hombres, que permita abordar reflexiones sobre nuevas masculinidades o masculinidades anti patriarcales y la no violencia de género.

A su vez, es absolutamente necesario para avanzar en los desafíos de masas y al interior del partido, en materia de género, estructurar el frente o área de género en todas las estructuras regionales, siendo parte de los equipos de dirección, y teniendo que desarrollar trabajo con comisiones de mujeres, comisiones LGBTQ+ y desarrollo de trabajo sobre nuevas masculinidades. Además, así como en el congreso anterior avanzamos a tener la dirección nacional con criterio de paridad de género, en este congreso debemos avanzar a tener todos nuestros cuerpos de dirección intermedia paritarios.

Finalmente, como partido ratificamos nuestro compromiso de no tolerar la violencia de género. Por ello hemos avanzado en la generación del procedimiento de abordaje de denuncias de género, el establecimiento de un equipo nacional con experticia en estas materias para la evaluación técnica de las denuncias, y las sugerencias de medidas y sanciones en los casos que se establezcan.

LA POLITICA INTERNACIONAL.

La profunda crisis que impacta en diversos planos de nuestra sociedad a niveles hasta ahora desconocidos, es inseparable de la crisis del capitalismo neoliberal que de diversas formas sacude al mundo entero.

Los pueblos viven en carne propia los efectos dramáticos de una situación sólo comparable con las más agudas crisis del capitalismo que han azotado a la humanidad a partir del siglo pasado.

En su fase neoliberal, el capitalismo ha extremado la concentración del capital y las desigualdades;  evidencia su incapacidad para producir desarrollo, provocando múltiples estallidos sociales en todas las regiones del mundo contra el despojo de los derechos laborales, el empobrecimiento generalizado, el racismo, la xenofobia y diversas formas de discriminación, contra la destrucción del medio ambiente y las agresiones militares, por el derecho de los pueblos a definir soberanamente su propio destino y contra el intervencionismo.

El documento final de la reunión del Grupo de Sao Paulo del pasado 25 de julio sentenciaba que, de esta crisis, que enfrenta a nuestros pueblos a un adversario articulado a nivel global a través de gigantescas multinacionales y del poderío militar imperial, “nadie saldrá solo”.

La solidaridad internacional, originada en el principio del internacionalismo proletario, requiere de nuestra capacidad para levantar un gran movimiento social, activo y de masas, para condenar y denunciar el bloqueo en ascenso contra la Revolución Cubana y la ofensiva imperial contra el proceso bolivariano en Venezuela; en solidaridad con la lucha del pueblo palestino y por la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe.

En los próximos días se realizará distintas iniciativas de conmemoración de los 50 años de cuando el pueblo llegó a La Moneda encabezado por el compañero Salvador Allende. Múltiples organizaciones en Chile y los distintos continentes han programado diversas actividades en torno a esta fecha, pues atesoran esta victoria popular como referencia para sus propias luchas. Además de alentar con ello nuestro legítimo orgullo, es también este un hecho que nos interpela sobre el compromiso de solidarizar con la lucha de otros pueblos, como lo hemos hecho a través de nuestra historia en la lucha por la paz mundial, la defensa del socialismo, o la solidaridad con los pueblos de Cuba, Vietnam y Palestina, entre otros.

La Administración de Donald Trump, además de profundizar la crisis mundial, enfrenta su propia crisis e incrementa los conflictos económicos, sociales y raciales agudizados por la forma irresponsable del manejo de la pandemia. El país con mayor riqueza, paradojalmente es el que ya suma la mayor cantidad de contagiados y muertos del mundo. Es la foto dramática de su crisis.

Los países y pueblos navegamos en un futuro incierto. Procuramos la superación de la pandemia sabiendo que lo más probable es que al cabo de ésta el mundo ya no será igual que antes, pero sin tener la certeza de si seguirá su camino en los marcos del neoliberalismo, o despuntará la construcción de una sociedad distinta.

La crisis emplaza al FMI, la Organización Mundial de Comercio y los términos de los TLCs, el Banco Mundial y otros organismos que hasta ahora rigen a la comunidad internacional. La pretensión unipolar de Estados Unidos fue puesta en jaque por la irrupción de China, India, Rusia, los países del Sudeste Asiático y de otras regiones del mundo. Más allá de sus diferentes identidades políticas, defienden el multilateralismo y procuran establecer un contrapeso a las políticas de Trump.

Un nuevo orden mundial empuja en todo el planeta, acelerado este proceso por los efectos letales que deja la pandemia.

América Latina se ha convertido en una región crítica por los efectos de la pandemia, pese a lo cual no se detiene el saqueo realizado con el apoyo de la derecha local. El imperialismo procura sacar provecho de la crisis para profundizar su dominio hegemónico sobre América Latina; Centroamérica y El Caribe.

Además de intentar justificar el bloqueo contra Cuba, la intervención militar contra Venezuela y el sabotaje de sus elecciones en diciembre, luego del golpe de Estado del 10 de noviembre en Bolivia, desatan la represión contra los pueblos indígenas, estigmatizan a los líderes populares e intentan la proscripción del MAS para impedir su participación en las elecciones. En Ecuador hacen lo propio para perseguir a los dirigentes y militantes de Revolución Ciudadana y dejarlos fuera de las elecciones presidenciales de 2021. Impulsan la resolución destinada a impedir el acceso de Nicaragua al crédito financiero procurando la asfixia de sus políticas sociales. En Colombia, tras el Acuerdo de Paz suscrito por las FARC-EP y el Gobierno de Santos en 2016, 220 ex guerrilleros y centenares de activistas sociales han sido asesinados y la represión continúa.  Brasil, críticamente afectado por la subordinación del gobierno de Bolsonaro a las políticas imperiales, da cuenta de su ineficiencia ante la dramática situación sanitaria y de su desprecio por la vida humana, evidenciando su contraste con las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los gobiernos democráticos de Argentina y México resisten la presión de Trump por sumarlos al bloqueo y las sanciones contra Cuba y Venezuela, y dan pasos para impedir ser tratados como colonias.

En medio de un escenario internacional sumido en una profunda crisis que empuja en dirección a profundas transformaciones, nuestra propia lucha nacional por conquistar una nueva Constitución que abra las puertas hacia un nuevo modelo de desarrollo, adquiere un valor insustituible en la conformación de una correlación en favor de la integración latinoamericana y la superación  del neoliberalismo, requisito fundamental para hacer de nuestra región una zona de paz donde el derecho soberano a la autodeterminación esté garantizado. Debemos seguir empujando por una política exterior que tenga como objetivo la integración bilateral y multilateral; que fortalezca la paz y los sistemas de cooperación; y privilegie la autodeterminación nacional.

AVANZAR HACIA UN ESTADO PLURINACIONAL Y DE RECONOCIMIENTO PLENO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La lucha de los pueblos originarios, y del pueblo mapuche en particular, es una lucha de siglos que enfrenta el exterminio, la asimilación y negación de su condición de pueblo y primeras naciones; pero también es una lucha que tras la dictadura expresa su voluntad de pueblos contrarios al neoliberalismo, y a un Estado que los despoja y depreda sus territorios.

Nuestros Pueblos Originarios, cuentan con una identidad que se fortalece, así lo refleja la creciente auto identificación en todos los estudios cuantitativos y cualitativos que cifra a los pueblos originarios en más de 2 millones de personas que se auto reconocen como parte de un pueblo originario, y con una lucha que se legitima y se hace propia por parte del pueblo de Chile.

El levantamiento social de octubre de 2019 está marcado en su simbología por la reivindicación de la bandera mapuche (wünelfe) y la wiphala, pero también por la legitimación y extensión de sus demandas al movimiento social.

Es en el marco de la situación que vive el país, en un punto de inflexión y de crisis, donde las exigencias de los Pueblos y la lucha permanente del Pueblo Nación Mapuche se tornan principales por la connotación y efecto que tienen en el actual contexto político y social, las demandas de los pueblos se tornan decisivas para la construcción de una nueva constitución.

El accionar de este gobierno se encuentra en franca violación de tratados internacionales suscritos por Chile y que deben ser respetados, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, que establece que todas las políticas públicas deben ajustarse a las características económicas, sociales y culturales de los pueblos originarios, incluidos tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Como así también y de manera central el derecho a perseguir la Autonomía y Libre Determinación.

El Estado de Chile tiene una Deuda Histórica con los Pueblos Originarios y en especial con el pueblo nación Mapuche que no puede seguir negando. Las privaciones y exclusiones de los pueblos, la negación de sus derechos integrales son la consecuencia de una historia de abusos y violencia institucionalizada, y estas solo serán reparadas cuando el Estado deje de ser un instrumento del neoliberalismo.

En este cuadro político y social, donde las exigencias mayoritarias para una nueva constitución y un nuevo modelo de desarrollo son las principales demandas de los pueblos que habitan Chile, es fundamental profundizar y perseverar en el carácter plenamente democrático del Estado en Chile. En base a una expresión profunda de la democracia, que reconozca e incluya a plenitud los derechos políticos, sociales y culturales de los Pueblos Originarios.

Por ello, en el proceso constituyente y en la Nueva Constitución deben ser parte los pueblos originarios. El Estado de Chile deberá reconocerse Plurinacional, los pueblos originarios deben ser Reconocidos Constitucionalmente, al tiempo de que se incorporen al más alto nivel los derechos a la Autonomía, la Libre determinación, y la Territorialidad (incluyendo la restitución de sus tierras y territorios). El respeto a la triada tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos originarios, base de la cosmovisión indígena, sólo será posible de alcanzar con la deliberación e incidencia plena de los pueblos originarios en la conducción del país.

Avanzaremos hacia un Estado Plurinacional, con la convicción de que las luchas que han dado y siguen dando nuestros Pueblos Originarios son legítimas y justas: Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Rapanui, Mapuche, Kawasqar y Yagan.  Por agua, tierra y biodiversidad, que se enfrentan a la destrucción de la naturaleza y medio ambiente, y a las políticas extractivistas y consumista, muy lejos de la vida, reflejadas en la Cosmovisión de cada pueblo.

Las justas exigencias del pueblo nación Mapuche hoy también son las exigencias de una mayoría social que hace propia la rebeldía y levantamiento frente a las injusticias históricas.  De esta manera, el gobierno de Sebastián Piñera concluye, en primer lugar, que la cada vez mayor resistencia del pueblo mapuche a las imposiciones del Estado neoliberal, es clave, ya que la confrontación política e ideológica deriva hacia una manifiesta posición de erradicación de esta institucionalidad injusta que impide el cumplimiento de sus demandas. En segundo lugar, la determinación es que el pueblo mapuche debe ser contenido en su lucha con la represión y la criminalización de sus reivindicaciones.

Reconocemos la inmensa lucha anti neoliberal que ha dado el Pueblo Nación Mapuche, y su rebeldía está marcada por la justeza de sus exigencias. La salida de las forestales es una exigencia del pueblo mapuche y entendemos la liberación de los presos políticos como un imperativo de lucha y solidaridad que debe movilizar a todas las fuerzas democráticas.

Recogemos las palabras de nuestros hermanos y hermanas mapuches, que dicen: “Si uno cae, diez se levantarán”, y las de líder Tupac Amaru, que dijo: “Me matan a mí solo, pero mañana volveré y seré millones”.

Hoy es la hora de volver a luchar y avanzar unidos.

La lucha de los pueblos originarios, y del pueblo mapuche en particular, es una lucha de siglos que enfrenta el exterminio, la asimilación y negación de su condición de pueblo y primera nación; pero también es una lucha que tras la dictadura expresa la voluntad de un pueblo contrario al neoliberalismo y a un Estado que expropia y depreda sus territorios.

En este cuadro político y social, es clave profundizar y perseverar en las exigencias de autonomía y Estado Plurinacional, como en la restitución de sus tierras y

territorios en el marco del proceso constituyente, con la convicción de que la lucha del pueblo mapuche es en esencia una lucha contraria al neoliberalismo.

LOS DESAFÍOS DE UNA POLÍTICA DE DEFENSA

Uno de los temas centrales del desarrollo del estado en todos los países, se refiere a la política de defensa en general, y el de las fuerzas armadas en particular. Su importancia proviene no sólo por asegurar la integridad territorial del país, sino también por su relación permanente que debe tener con la política internacional que lleva a cabo el estado, por la cantidad de recursos que compromete y en el caso de las FFAA, por el gran poder que desarrolla producto de ser la poseedora del monopolio del uso de la fuerza, y que en el pasado reciente la llevó a ser el brazo armado de la destrucción de la democracia, factores que la hacen proclive a convertirse en un terreno en disputa.

Es por ello que es una tarea del conjunto del partido contribuir al debate y al desarrollo de las políticas públicas relacionadas con el ámbito de la defensa, fijar objetivos que orienten el actuar del conjunto del Estado en estas materias, resguardando el interés mayoritario de la población y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

La persistencia de la desconfianza de la base militante hacia las FF.AA. producto de la historia reciente, no debe inhibirnos a discutir permanentemente respecto al rol que ellas deben jugar en la vida democrática de Chile y cuáles son los usos más óptimos que se le debe dar a los recursos que en ellas se invierten, entendiendo que cada recurso destinado a esta área es un recurso que deja de destinarse a otras áreas, tanto o más necesarias.

Es por este motivo que la constante lucha que hemos dado en las últimas décadas por conseguir un escenario nacional que asegure el desarrollo democrático y aleje, de sus posibilidades, futuras transgresiones violentas a la vida democrática del país, debe complementarse con una propuesta política que avance en la conformación de un sistema de conducción y control  de las actividades de la defensa, por parte de la institucionalidad democrática, sobre las actividades cotidianas de nuestras FF.AA. y también sobre todas las instituciones relacionadas con la defensa, como el ministerio de defensa y sus subsecretarías.

Al potenciar nuestro desarrollo en esta área, estaremos contribuyendo a la construcción de una alternativa de poder real que se hace cargo de la existencia de las FFAA como parte constitutiva del estado y que contribuye a encauzar el rol que estas juegan en la construcción de un Chile más democrático, de mayor igualdad social con una proyección internacional que supere las lógicas implantadas por el modelo neoliberal.

Nos referimos a nuestra posición con respecto a nuestros vecinos en la región, la participación de nuestras FFAA en acciones de paz en el extranjero, enfrentar las posiciones de la derecha en sus intentos de militarizar el conflicto en la Araucanía y el involucramiento de las FFAA en la seguridad interior, así como también en el narcotráfico, la pertinencia y la forma de participación de las FFAA en los desastres naturales, entre otros.

Como elementos para la discusión, se proponen las siguientes ideas fuerzas o lineamientos generales, para tener en cuenta en la elaboración de nuestra política:

Avanzar en la definición de propuestas para fortalecer la institucionalidad democrática que le permita al mundo civil mayor control y conducción sobre la actividad de la Defensa, entregando mayores atribuciones al Congreso, la Contraloría y el Poder Judicial para fiscalizar las actividades de las FF.AA.

Promover leyes que potencien la conducción del área de la Defensa desde los estamentos con representatividad democrática, en particular por parte del Presidente/a de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, avanzando a la creación de un nuevo Consejo de Defensa Nacional con preponderancia civil y participación de todos los actores políticos.

Potenciar desde la estructura partidaria y en conjunto con otras fuerzas democráticas la proyección de la estatura político-estratégica del país con una orientación marcada al fortalecimiento de un entorno vecinal y regional de paz, que propicie el dialogo democrático como herramienta para la resolución de conflictos.

Generar la correlación de fuerzas políticas necesaria para transitar hacia un modelo de fuerza militar conjunta, bajo el mando del Estado Mayor Conjunto, terminando con la dinámica actual donde los comandantes en jefe de las ramas castrenses deciden sobre sus áreas de manera independiente, privilegiando sus propios intereses.

Fortalecer los mecanismos existentes de participación de la sociedad civil en el ámbito de la Defensa.

Potenciar una política de inclusión en las FF. AA que avance hacia la equidad de género, asuma la diversidad sexual e integre los diferentes pueblos originarios desde sus culturas permitiendo que se desarrollen como tal en la misma institución.

Demandar la aplicación de la gratuidad en los procesos de selección en las escuelas matrices al igual que en todas las instituciones de educación superior.

Reforma a la justicia militar reduciendo la competencia de sus tribunales.

Profundizar el debate del sistema de pensiones utilizado por las FF.AA. en el marco de la discusión nacional por el cambio de sistema de pensiones.

Apertura doctrinaria, injerencia en la formación académica y planes de estudio a nivel nacional. Formación de los contingentes en el extranjero considerando tanto la realidad y las verdaderas necesidades nacionales, como un enfoque amplio y multilateral de la realidad internacional.

EL PARTIDO COMUNISTA

En la discusión congresal, el partido hará un análisis crítico y autocritico de su trabajo desde el anterior congreso hasta el presente. Debe considerar en cuánto se ha avanzado en constituirse en un partido de masas, de alta incidencia.

Debe analizar su participación en el gobierno de la Nueva Mayoría, de la cual se necesita asimilar las experiencias positivas y negativas con vistas a las próximas disputas por el poder.

También someter a análisis los resultados electorales generales y también en elecciones sindicales y organizaciones donde se expresa el pluralismo ideológico. Su participación en las organizaciones territoriales, estudiantiles, académicas, culturales y aquellas que promueven los “llamados temas nuevos”.

Debe asumir la nueva realidad surgida de la irrupción del feminismo y también y en especial lo que fue el estallido social y su proyección y la pandemia y sus consecuencias.

Debe haber avances y superación de todo aquello que en las estructuras partidarias entorpece la puesta en práctica de la política.

El partido asume la plena asimilación a la institucionalidad que permite dirimir situaciones de desacuerdos complejos o trasgresión a los Estatutos (Tribunal Supremo y Tribunales Regionales) y el Equipo de trabajo con el Protocolo que permite tratar las denuncias de violencia, acoso, abuso, hacia las mujeres y disidencias sexuales.

ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN DEL TEMA PARTIDO

La condición definitoria del Partido es su carácter transformador de la sociedad, su carácter revolucionario, que actúa e interactúa en una sociedad cambiante. Es frente a esa sociedad y el diagnóstico de ella, que se plantea misiones históricas, objetivos a cumplir frente a una situación determinada, lo cual se traduce en una estrategia para el período. Asumir una estrategia implica desarrollar las capacidades para llevarla a cabo. Necesitamos un tipo de Partido en movimiento permanente.

 La Unidad de Acción, condición necesaria para el logro de los objetivos, es posterior a la discusión porque es la aplicación de la síntesis de la misma, lo que obliga a contar con un método para efectuar la discusión que garantice el ejercicio democrático, pero que a la vez no anule la realización práctica de la política.

No es posible lograr una sólida Unidad de Acción si no se ha desarrollado el proceso previo, la dialéctica necesaria para elaborar la síntesis colectiva que se asume de conjunto como elaboración del colectivo, cuando esto no ocurre, es decir cuando no se respeta la síntesis como un mandato orientador, es necesario identificar sus causas, ya dicho pueden ser parte de la falta de método en el debate, falta de debate mismo o bien presencia de actitudes propias de debilidades ideológicas que no permitan la comprensión.

Nuestro partido no es un instrumento perfecto, está y debe estar en permanente proceso de revisión, en otras palabras, de autocrítica permanente; Identificar las dificultades que frenan el avance y superar situaciones que complejizan una mayor posibilidad de incidencia. Necesitamos una mayor capacidad de autocrítica individual y colectiva, para el mejor desarrollo de cuadros y de colectivos que potencien la unidad de acción y la síntesis. Urge resignificar la autocrítica y hacerle frente a los personalismos (con expresiones en lo público y en la vida intra partidaria), así como prácticas que no se corresponden con la ética y los valores comunistas.

Desarrollar una política de cuadros es una necesidad, y debe ser entendida en total correspondencia con los lineamientos políticos. En esta política de cuadros tenemos que plantearnos fortalecer las capacidades de dirección a todo nivel. Revisar el aporte y el rol de los órganos de dirección, como el propio Comité Central y comisiones nacionales, en el intercambio permanente con el conjunto del partido.

La preocupación por la relación Jota-Partido debe estar puesta como una prioridad en la vida regular del partido, no desde la “formalidad”, sino desde la perspectiva de fortalecer un espacio de rico intercambio político, de incorporar los elementos de la política en el campo juvenil a nuestra mirada más amplia de acción política, no se trata de una construcción paralela, sino de la traducción de la política hacia el mundo de la juventud, para ello es indispensable abrir y fortalecer espacios para ese regular intercambio en nuestras estructuras, asumamos autocríticamente que eso de suyo supone no darle cabida a otras formas de relacionarse que no se funden en la fraternidad, el respeto mutuo y el buen trato.

Con las actuales capacidades y características que tiene nuestro partido, con sus debilidades y fortalezas, ha sido capaz de convertirse en un actor político relevante para el avance de posiciones y posibilidades democráticas para el pueblo de Chile, la incidencia del partido en el desarrollo del sentido común popular crítico al modelo neoliberal, la consistencia de nuestras formulaciones y la ética histórica que constituye nuestro andamiaje cultural, tiene un rol importante en este momento, hay una gran valoración a la consecuencia de las y los comunistas, las posibilidades de construcción de alianzas para correlaciones de fuerzas para la disputa de fondo es parte de nuestras capacidades puestas en ejercicio, debemos valorar de manera muy positiva el despliegue de esas capacidades, como también las construcciones desarrolladas a todo nivel.

El Congreso debe conocer una cuenta de las finanzas y patrimonio del partido y formas de financiamiento de sus actividades.

EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO COMO FORMA DE

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Pensar la cultura, las artes y el patrimonio, en estos tiempos, pasa por pensar una sociedad más inclusiva, participativa y democrática. Siendo la cultura un espacio de construcción de subjetividades de los hombres y mujeres, nos permite edificar prácticas dotadas de significado, como también fortalecer las relaciones sociales e indagar en las formas de politización de la vida cotidiana.

Sin duda un proyecto cultural para nuestro Partido facilitaría la comprensión de un proyecto de país distinto, donde la justicia, la belleza, la democracia y las humanidades sean el motor de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Esto nos permitiría poner el acento en la alegría, la felicidad, el optimismo, la fraternidad, el canto y la poesía como semillas que crecen al alero de nuestros sueños e ideales y que se proyectan en los sueños e ideales del otro, sin las premuras de este sistema capitalista que nos degrada en nuestra condición de seres humanos. Esto significa construir un proyecto que nos invite a la reflexión efectiva, y no a la inmediatez irresponsable; un proyecto que se oriente a la derrota del abstencionismo, tendencia emergente y enajenante de muy complejo abordaje, ya que el neoliberalismo ha infiltrado en las conciencias de la gente un nocivo apoliticismo, un rechazo a una de  las ciencias humanas más nobles; un desprestigio debilitante y negacionista ante hechos que incumben a los derechos humanos, y que relativiza los valores más profundos de la humanidad. Este discurso artificiosamente engañoso ha permeado la conciencia social, instalando en su fuero interno la idea de que cualquier transformación social está condenada al fracaso.

El arte y la cultura desde siempre ha estado presente en la sociedad, sin embargo, no está al alcance de todos, por tanto es una herramienta de exclusión, un culto de la clase dominante, apropiándose incluso, de aquellas obras que son creadas a partir de la denuncia y de la idea que dio origen a esa creación. El arte, la cultura y el patrimonio es producto de un hecho social, entendiendo que se busca modificar o acompañar dicha denuncia para provocar un cambio, de ahí que no podemos separarla de los procesos sociales, ni mucho menos situarla como un culto al que se puede acceder según la condición económica que se tenga.

La cultura es la expresión de los pueblos. En Chile suele suceder que el acontecer cultural este supeditado a iniciativas de los sujetos sociales y de las organizaciones a las cuales representan, sin que exista una propuesta clara del estado en materia cultural, esto hace que los proyectos no se masifiquen y tengan una mirada país que permita transformar la sociedad y humanizarla.

Bajo este contexto ¿cuál debería ser el rol que le compete al Partido, como organización revolucionaria e instrumento de la clase trabajadora. Sin duda el papel de las y los comunistas es emprender la lucha ideológica, la batalla de las ideas, como una fuerza contra hegemónica que pugne por derrotar al modelo. El análisis de la realidad nos debe estimular y entregar las herramientas que vayan enriqueciendo el contenido de nuestra política cultural.

Un importante tema de discusión es el de las comunicaciones. De cómo afianzar al partido como un instrumento de comunicaciones; de agitación y propaganda; de promotor de ideas.  Este aspecto debe ser profundizado en el Congreso, ya que es un factor fundamental en la toma de decisiones, en momentos de disputa electoral o frente a demandas sociales. Por un lado, está el monopolio de los medios principales, y por otro el papel cada vez más influyentes de las redes. Debemos determinar una política y medios que nos permita avanzar en esta área tan determinante de la lucha.

LA NECESIDAD DE CONSIDERAR EXPERIENCIAS ANTERIORES

Nuestro partido ha sido participe de dos gobiernos, de uno fue expulsado y el otro fue aplastado por un golpe de estado. En ninguno terminó el período. El año 2013 de nuevo el partido, como Nueva Mayoría, formó parte de un gobierno, esta vez permaneció el período completo.

Los comunistas apoyamos la conformación de la Nueva Mayoría bajo el compromiso del cumplimiento irrestricto del programa de gobierno que esta alianza concordó; un programa que en lo esencial establecía   reformas estructurales contrarias a la lógica neoliberal imperante. Entre las principales reformas comprometidas, se contaban el fin del lucro en la educación y la gratuidad en la educación superior, la implementación de una reforma tributaria que financiará dichos beneficios, cambios a la legislación laboral que fortalecieran a los sindicatos y la redacción de una nueva constitución. Dichas reformas buscaban dar respuestas a las demandas sociales que se habían instalado con mucha fuerza desde la calle, en especial por los estudiantes y otras organizaciones del ámbito de la educación.

La conformación de esta inusual alianza política, la extraordinaria movilización social que irrumpe con vigor a partir del año 2011, la mayor influencia de nuestro partido en el congreso -pasando de 3 a 6 diputados-, entre otros aspectos, hacían suponer que lograríamos avances sustantivos. Las cosas resultarían mucho más complejas que nuestra proyección inicial, y los obstáculos que enfrentaríamos no sólo provinieron de la derecha, -que, por cierto- se la jugó a fondo por boicotear cualquier cambio, sino también de partidos que formaban parte de la propia Nueva Mayoría.

Los matices iniciales en la interpretación del programa de gobierno, a poco andar, dieron paso a una franca relativización del mismo por personeros vinculados a la Democracia Cristiana, y muy pronto salió a relucir una escondida falta de convicción en algunos partidos de la Nueva Mayoría para llevar adelante las reformas. La crisis que provocó el caso Caval y la llegada al Palacio de la Moneda de la dupla Burgos-Valdés, inclinaron la correlación de fuerza a favor de los sectores más conservadores de la coalición, y el gobierno cede en su impulso reformista. Por otro lado, nunca se logró establecer una alianza con movimientos sociales que demandaban cambios profundos, lo cual hubiera permitido sumar a la fuerza de la calle en apoyo a las reformas que promovía el gobierno. Por el contrario, las organizaciones sociales mostraban distancia y desconfianza hacia las iniciativas legislativas del gobierno, e incluso éste debió enfrentar movilizaciones prolongadas que acentuaron su desgaste, como sucedió con dos paralizaciones del magisterio.

Impulsar cambios profundos con una coalición sin convicción, ser incapaces de sumar apoyo social a las reformas, entre otros factores, generaron un escenario adverso que logró capitalizar a su favor la derecha. Ello se manifestó de manera dramática en la contundente derrota que sufrió Alejandro Guillier, el candidato presidencial de la Nueva Mayoría y el avasallador triunfo de Sebastián Piñera.

A la luz de sucesos recientes, particularmente de la rebelión social que de desata a partir del 18 de octubre y que sigue haciendo su camino, se puede reivindicar lo acertado de la vocación reformista que tuvo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Es más, lo justo sería señalar que estábamos en lo correcto con el programa que ofrecimos al pueblo de Chile, pero que debimos jugarnos más para que esa vocación reformista se manifestara con mayor profundidad, tanto en el programa como en su implementación.

Finalmente es apropiado recordar algunos de los aprendizajes históricos, vinculados a la derrota que experimentamos durante el período de la Unidad Popular y que siguen plenamente vigentes.

En los plenos del año 1977 y 79 el Comité Central analizó las causas de la derrota. Allí se destaca que todo proceso revolucionario enfrenta la respuesta de la burguesía, la que puede adquirir la forma de una contra-revolución violenta como sucedió con el golpe de estado de 1973. También se hizo hincapié en que llegar al gobierno es tener sólo una parte del poder el ejecutivo-, y que otras partes del aparato estatal, como el parlamento o el poder judicial, pueden ser usados en nuestra contra. A eso se suma que el control de los medios de comunicación, o el mismo poder económico aún permanece en manos de nuestros adversarios y enemigos de clase. El proceso de transformación y salida al neoliberalismo que hoy estamos impulsando, enfrentará resistencias mucho mayores a las que vivimos con la NM, y es nuestro deber estar preparados para vencer.

LA JUVENTUD

La juventud ha demostrado ser un factor fundamental, dinamizador e impulsor de nobles luchas y transformaciones democráticas en el mundo y especialmente en nuestro país. Heredera en cada tiempo de las luchas que le han precedido, la juventud consciente ha construido sus propósitos reconociendo que la historia no parte con ellos y ellas, y que su valor se debe poner en marcha mediante la revalorización y apropiación crítica del pasado, el cuestionamiento del presente y la construcción creativa de un futuro en que supere todo aquello injusto que perdura.

Así lo demostró la juventud que se levantó contra la cruda explotación durante la primera mitad del siglo XX, que construyó la reforma universitaria en la década de los 60´, que luego conformó una sólida base de sustentación del gobierno popular de Salvador Allende, que luchó valiente y decididamente contra la dictadura, que rearticuló al movimiento estudiantil con sus Federaciones de Estudiantes e inauguró la CONFECH a comienzos de la “transición” pactada a esta democracia de baja intensidad, que se levantó el 2001 en el mochilazo, el 2006 en la revolución pingüina, el 2011 en la llamada “primavera de Chile”, a partir del 2018 con el gran reimpulso del movimiento feminista y que últimamente propulsó el levantamiento popular que mantiene abierta la posibilidad cierta de superar la Constitución pinochetista.

En sus 88 años de historia, cada una de estas insignes luchas han sido impregnadas por el aporte revolucionario de las Juventudes Comunistas de Chile, por cuanto nos corresponde mantener y trabajar mayores expectativas sobre el aporte de nuestra organización juvenil.

El XIV Congreso Nacional de las Juventudes Comunistas resolvió a comienzos del 2017 la necesidad de concentrar esfuerzos en la construcción de un movimiento juvenil de carácter popular, el cual pueda dinamizar las luchas del pueblo, empujar transformaciones estructurales y de gran alcance, contener la afrenta neoliberal y represiva de la derecha y defender los avances conquistados y que se conquistarán en las distintas etapas de las luchas que vendrán.

Dicho planteamiento se desarrolla previo a la derrota política y electoral que permitió el actual gobierno de la derecha, y se basó en la evidencia de las contradicciones y disputas en el gobierno de la Nueva Mayoría, lo que deparó en reformas que buscaron ser contenidas -con relativo éxito- por sectores neoliberales en su interior que despreciaron el importante rol del movimiento social y sus organizaciones. Así mismo, la aguda y antidemocrática respuesta de la derecha ante el cuestionamiento de algunos de sus oscuros privilegios ratificó la reflexión de que, sin la presencia activa del movimiento popular, difícilmente la correlación de fuerzas estará en favor de la superación definitiva del modelo.

Consumada la derrota política-electoral que abrió paso al actual gobierno, las Juventudes Comunistas se dieron cita a principios del 2019 en una Conferencia Nacional que caracterizó la agenda criminalizadora y neoliberal de la derecha, además de sus consecuencias sobre la juventud más empobrecida y precarizada del país. Fruto del intercambio político de las Juventudes Comunistas, en este evento se consolida la actual tesis del “levantamiento de la juventud”, la cual estableció como norte de las JJ.CC. la irrupción del movimiento juvenil mediante su movilización sostenida, ascendente y multifacética a fin de interrumpir la agenda neoliberal y anti derechos del gobierno de derecha, y cuyo resultado esperado ha sido la consagración de una nueva agenda con características democráticas y anti neoliberales promovida popularmente.

Esta tesis parte del diagnóstico de una situación insostenible en el país, inclusive de rabia y hastío ante la desigualdad e injusticia acumulada contra la juventud en múltiples planos (laboral, vivienda, educación, endeudamiento, etcétera). Los hechos posteriores demostraron que el escenario discutido en la Conferencia Nacional de las JJ.CC. era el correcto y que sus esfuerzos fueron ayudantes al escenario de movilización generado desde octubre en adelante, y cuyo factor propulsor fueron las y los estudiantes secundarios.

No es posible dejar de mencionar la gran labor de miles de jóvenes que conformaron la primera línea de autodefensa de las manifestaciones, y entre ellas y ellos la labor de la Brigada Gladys Marín, la cual responde a un esfuerzo de las Juventudes Comunistas por contribuir a esta tarea. Su rol permitió resguardar el derecho a la movilización del pueblo ante un gobierno que articuló la represión y la violación sistemática de los Derechos Humanos en su contra, cuestión que hoy se sigue expresando en la prisión política de manifestantes, en su mayoría jóvenes, quienes han recibido el trato discriminatorio del poder judicial gracias a las presiones de la derecha y el poder ejecutivo. Debemos profundizar nuestra solidaridad con ellos y ellas, esto mientras exigimos la libertad de quienes han sido recluidos por levantarse en movilización.

El salto al torniquete que desarrollaron miles de estudiantes secundarios en las estaciones de metros, da a entender una decisión de la juventud popular de que el único mecanismo para detener las injusticias es con una posición de movilización activa frente al actual gobierno. De ahí el papel clave de la juventud, que independiente del estado actual de la organización estudiantil, y su debilidad en materia de federaciones, sigue demostrando que es un sujeto que es capaz de dinamizar escenarios de irrupción y movilización.

Una de los aprendizajes que nos ha dejado el levantamiento popular es que, para proyectar un cambio profundo en el país, se requiere que la generación de jóvenes actuales se comprometa mayoritariamente con ese proceso. La fuerza que otorgan los jóvenes a cualquier proceso de cambios es clave, tanto para los desafíos más cercanos (plebiscito, elecciones, etc.) como también en la sostenibilidad y proyección de este proceso de cambios.

Cabe destacar que la juventud que logró irrumpir movilizada en gran medida tiene procedencia en los sectores más populares y precarizados de la sociedad. El objetivo de estimular la conformación de un movimiento juvenil de carácter popular está mucho más cerca hoy de lo que estaba cuando fue resuelto por el Congreso Nacional de las Juventudes Comunistas como su tarea principal. Cabildos, asambleas territoriales, asambleas de mujeres, a la vez de una mayor participación de jóvenes en gran parte de las Juntas de Vecinos también dan cuenta de este avance.

Con la llegada de la Pandemia y la agudización de la crisis económica neoliberal (cuyo alcance es significativo en el desempleo juvenil, el aumento del trabajo infantil, el aumento en la deserción escolar, etcétera), las ollas comunes y otras articulaciones para el abastecimiento y alimentación colectiva han sido levantadas con gran protagonismo de mujeres, pero también de jóvenes. “Organicemos Dignidad” ha sido la plataforma levantada por las Juventudes Comunistas para apuntalar el esfuerzo juvenil en torno a la solidaridad, lo cual ha tenido expresión en gran parte de las regiones del país.

No obstante, es de gran preocupación las condiciones actuales que expresa el movimiento estudiantil y sus organizaciones históricas. Si bien no ha disminuido la participación de estudiantes en las protestas contra el modelo, el debilitamiento de las Federaciones y Centros de Estudiantes nos debe llamar a la preocupación y ocupación en esfuerzos que eviten la disolución de las organizaciones construidas, y cuya existencia robusta es clave para potenciar los desafíos de cara a un escenario de lucha y confrontación política-ideológica en aumento.

Para abordar lo anterior, las Juventudes Comunistas han madurado la conclusión de que las organizaciones estudiantiles no pueden reducir su labor al ámbito propio de las políticas educativas. En la educación superior y liceos existe un movimiento juvenil fortalecido pero que no reconoce en su mayoría la propia organización construida por décadas, lo cual esconde un problema político más profundo; el de la conducción e iniciativa política que necesita el movimiento estudiantil para este tiempo.

Lo anterior no quiere decir que se deba descuidar la lucha por la recuperación estratégica de la educación pública. Las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales han sido neo liberalizados al extremo, se le ha arrebatado el rol de promoción crítica del conocimiento y se ha concedido su rol rector al mercado. La educación escolar pública, por su parte, ha sido reducida y segregada con la municipalización, el financiamiento por asistencia y una “libertad de enseñanza” promovida por la actual Constitución para la apertura indiscriminada de proyectos privados con financiamiento público.

A pesar de las importantes reformas obtenidas durante el gobierno de la Nueva Mayoría, nuestro país aún no cuenta con un sistema de educación pública articulado y financiado bajo objetivos democráticos y de desarrollo nacional. Así mismo, el derecho a la educación no se encuentra garantizado, el endeudamiento persiste, la segregación en la educación escolar y superior se refleja en las pruebas estandarizadas que se mantienen y reproducen, los proyectos educativos en gran parte no reconocen la participación democrática de las comunidades, entre otros problemas estructurales que debe atender de conjunto el Partido y la Juventud.

Lo que está claro es que las JJ.CC. representan una gran ventaja para las y los comunistas que luchamos en el país. Como Partido debemos hacer mejores esfuerzos por establecer relaciones justas con las direcciones políticas y la militancia en general de nuestra juventud, esto en el entendido que nuestras direcciones son especialmente responsables de que la relación con las Juventudes Comunistas sea armoniosa, sin paternalismo ni mero formalismo. Solo así aprovecharemos al máximo nuestras potencialidades y fortaleceremos nuestra herramienta de lucha; el Partido y su Juventud.

MEDIDAS DE URGENCIA PARA ENFRENTAR LA CRISIS

Como lo hemos afirmado en documentos del partido, las medidas económicas fiscales para enfrentar la pandemia han sido desplegadas a destiempo y disgregadas en paquetes dispersos.

Las ayudas a los hogares, aplican criterios de híper focalización, evitando por todos los medios que se consideren medidas de carácter universal, y no sean percibidas por la ciudadanía como permanentes.

El gobierno apostó claramente por burocratizar las ayudas a los hogares, ralentizando los procesos de acceso a los sistemas y plataformas computacionales, dejando sin directrices específicas a los servicios descentralizados y municipalidades, y en general, desnaturalizando el uso ciudadano de los instrumentos públicos, esto es más patente en el caso del Registro Social de Hogares y su utilización en el Ingreso Familiar de Emergencia.

Las respuestas insuficientes del gobierno y de sus políticas públicas, expresadas en IFE, IFE 2, Bono clase media y Crédito clase media,  han sido desbordadas por el retiro del 10% de fondos de pensiones, que inyectó un gran alivio económico a más de 9.000.000 de afiliados con montos promedios de $1.400.000. Esta medida impulsada por la ciudadanía, y que alcanzó amplio apoyo parlamentario, ha impulsado ya la economía en el mes de agosto a niveles cercanos a los años 2018 y 2019, previéndose un efecto positivo en el crecimiento económico de 3 puntos del PIB, y un aumento de la recaudación fiscal por concepto de IVA, en al menos US$2.000 millones es decir un 0,8% del PIB.

En estos mismos términos, la alternativa de política pública pasa en el corto plazo por fortalecer el consumo de las familias por IFE, el empleo y los salarios, es decir políticas que apunten a mejorar la capacidad de consumo de las familias asalariadas y empobrecidas, de manera que el mayor flujo de ingresos monetarios  por efecto de propensión al consumo, aumente el consumo total de la economía y con ello aumente la tasa de utilización de la capacidad productiva y la inversión privada por efecto acelerador. Esta política se conoce como crecimiento guiado por los salarios y supone una diferencia importante con las políticas neoliberales que impulsa hacienda, pues entiende el empleo relacionado positivamente con la actividad económica y ésta, positivamente, con los niveles salariales en la economía, en la situación de subutilización de empleo y capacidad productiva.

El gobierno  ha anunciados gastos públicos de US$17.000 millones y un plan de acuerdo con sectores de la oposición de US$12.000 millones, los que se han construido utilizando ampliamente el concepto de gasto tributario, es decir se suman los impuestos que deja de recibir el gobierno, de esta manera se compone un rimbombante plan para enfrentar la crisis, pero que gastara solo US$7.000 millones durante el 2020, es decir cerca de 2,2% del PIB, muy insuficiente en la peor crisis.

El corolario de la política gubernamental es predecible, la recuperación será lenta, volver a la senda de recuperación nos tomará 5 años, volver a la senda actividad económica pre pandemia nos tomará 3 años más. Arrastraremos la crisis para cimentar una década perdida para la economía chilena, pero, además, con políticas que concentraran aún más la riqueza y con niveles de desempleo de dos dígitos por al menos 2 años y una tasa de pobreza que seguirá ha saltado sobre el 16% y seguirá alta.

Hemos afirmado que el país dispone de más recursos para enfrentar tanto, la recuperación de la economía, como para ir en auxilio de la población, que hoy está sin sueldos, que está endeudada, y muchos que no pueden enfrentar sus necesidades básicas. Una crisis que se arrastrará más allá de este gobierno. Es por ello que lo ya planteado como medidas y otras, deben constituirse en un plan que oriente al pueblo en los objetivos de la lucha, de exigencias de soluciones inmediatas y mediatas.

EL DERECHO GARANTIZADO A LA SALUD.

De absoluta relevancia ha sido en nuestra lucha el Derecho a la Salud. Más aún cuando nos hemos estado enfrentando a una pandemia, y vemos con mayor nitidez las enormes dificultades del sistema de salud chileno, a pesar del esforzado y sacrificado desempeño del personal de los servicios de salud.

Para todo análisis y propuesta de transformación se debe actuar sobre las determinantes sociales de la salud, que son finalmente las que establecerán la calidad de vida de nuestra población. Por ello ninguna medida en el ámbito de la salud será completa para la dignidad de nuestro Pueblo, sino modificamos, mejoramos y desarrollamos los cambios urgentes y necesarios en la vida de la población: trabajo y salarios dignos, educación de calidad, medio ambiente sano, protección social, pensiones y viviendas dignas, entre otros. Por ello el Estado debe reconocer a la salud como parte integrante del Sistema de Seguridad Social que un Estado democrático con enfoque de derechos debe contener.

Por lo anterior, es urgente y necesario que nuestra Constitución Política establezca y proclame explícitamente el Derecho Universal a la Salud, garantizando el acceso, cobertura integral, universalidad en la gratuidad y solidaridad, como principios fundamentales, resguardando los derechos de la diversidad cultural, sexual o de cualquier otro grupo, garantizando la participación social directa en todos los niveles de atención.

Como Partido Comunista tenemos la responsabilidad de proponer, construir y desarrollar los cambios necesarios que nos permitan avanzar hacia la implementación de una reforma estructural al sistema de salud, asegurando la existencia de un sistema público de salud universal que pueda efectivamente dar respuesta a los problemas de salud de la población.

Es necesario replantear la creación de un Servicio Nacional de Salud centralizado y unificado que incluya la Atención Primaria de Salud como eje central, y que revierta la separación de funciones entre la autoridad sanitaria, la gestión de la red y la atención primaria de salud, generando una única conducción regional a subregional desde donde se tomen las decisiones de salud, basadas en las estrategias integrales, individuales y comunitarias de prevención y promoción de salud.

Así mismo, se debe avanzar hacia la reducción y subordinación del sector privado de salud ante el público, buscando también optimizar recursos y extender los beneficios al grueso de la población y no solo los sectores de mayor poder socioeconómico. Un sistema de salud que se base y respete el enfoque de derechos y la participación activa de las personas en la generación y ejecución de las políticas de salud y el respeto e inclusión de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios en las mismas. Otro elemento importante es el fortalecimiento de los equipos de salud, como eje de transformación, garantizando el trabajo digno y la estabilidad laboral de las y los trabajadores de la salud. Así mismo los trabajadores deben ser parte de la toma de decisiones en salud, en donde la participación de las organizaciones sociales, comunitarias y de usuarios tengan también sentido vinculante y resolutivo.

Un pilar a desarrollar en lucha por la salud, es el fomento del desarrollo científico nacional, la inversión en investigación e innovación tecnológica a nivel universitario, a través de la creación de empresas estatales que permitan la producción nacional de insumos y equipamientos para responder a las necesidades del país.

Compañeras y compañeros, este XXVI Congreso nos convocamos a dar una discusión en tiempos muy acotados, con restricciones para el debate presencial, pero tenemos la confianza que el partido y la juventud está a la altura de sortear estas limitaciones y logrará un debate rico y creativo para definir nuestras tesis y desafíos principales, entre otros, enfrentar los desafíos de un plebiscito que logre propinarle una derrota al neoliberalismo, y las sucesivas elecciones que nos permitan aumentar la incidencia del partido en aporte cuantitativo pero también en lo contenidos de lucha y transformación social para Chile. 

Finalmente, queremos saludar a las y los trabajadores de la salud que han debido atender esta pandemia, a todas y todos los trabajadores de servicios esenciales como los recolectores de basura. Nuestro reconcomiendo a su esforzada labor. Nuestro homenaje también a cada una y cada uno de los compañeros que han partido en estos meses de pandemia, su recuerdo y ejemplo inspirará nuestro debate y luchas futuras.

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